Aguas Santafesinas, en un año de sequías

El 31 de diciembre de 2025 dejará de regir la ley que declaró "en estado de emergencia" a la prestación del servicio público de agua potable, desagües y saneamiento por parte de Aguas Santafesinas SA, pero habrá que ver si para entonces Aguas ha salido efectivamente de esa situación.

Bajo las facilidades y facultades especiales que le da al gobierno provincial esa norma, durante el año pasado y el que se inicia se han dado pasos fuertes y firmes para "ordenar" la empresa, o para que, en todo caso, se parezca a una.

¿Es imposible que el Estado posea una empresa que así funcione? De ninguna manera. Va en ese camino y en los primeros años en manos del sector público ha logrado por momentos comportarse así, como una verdadera empresa.

Hoy el gobierno de Maximiliano Pullaro ve en esos términos al problema: como uno de "comportamiento" de sus huestes internas. Pero para aprovechar lo que queda de emergencia irá por otros cambios que van más allá de las amonestaciones.

Primero se descubrieron y cortaron los abusos. Lo que solo requiere decisión política (no hacía falta una norma especial). En esa línea incluso se produjeron despidos de contratados en el plantel de los acueductos que gestiona Assa, que hoy hay que reconocer que funcionan sin dificultades a la vista.

Luego, mucho más allá del concepto de recuperar una lógica elemental de cuidado de los números de cualquier empresa al evitarse las "avivadas" propias de una situación de descontrol sobre horas extras, por ejemplo, se emprendió una segunda fase ya sobre lo que la norma laboral le reserva a los trabajadores, en materia de pagos extraordinarios que la justicia deberá resolver.

El directorio de Aguas pagó solo parte del Bono por Eficiencia y acudió a la mencionada 14.272 y a la lógica. Si hay "emergencia" no hay "eficiencia". Hubo en su rechazo medidas de fuerza por parte de los gremios que en conjunto han apostado por la vía judicial. Los del sur, además, a que las revisiones no los rocen con más problemas en tribunales.

Más allá de esa pulseada interna entre el gobierno y los gremios sanitaristas, hay otras reformas pendientes para todo el sector del saneamiento en Santa Fe

Promesas

El gobierno nacional ha prometido no interrumpir por motivos electorales su programa de ajustes con despidos en el Estado Nacional, y sobre todo de recortes ilegales o arbitrarios a las provincias, que presenta como quitas a los gobiernos o mejor a los gobernadores, y por lo tanto, concluye: a "la casta".

Santa Fe hace ante ese panorama su propio recorrido, que aprovecha el clima de época y su mayoría en la Legislatura para imponer cambios.

Ciertamente avanza rápido y más de una vez supera los límites de velocidad permitida. ¿Algún santafesino es capaz de ir a 40km por hora sobre el puente Oroño? Bueno, el gobierno provincial tampoco se fija en esas cuestiones cuando lo cree necesario, más si va a unos prudentes 50 ó 60km/h.

Por ejemplo, al nombrar en el Ente Regulador de los Servicios Sanitarios por segunda vez a un director por decreto, sin pasar por el trámite previsto de enviar un pliego a la Asamblea Legislativa donde le sobran votos.

Otro: cuando le quita facultades al Enress, ley mediante o sin ella, y es el propio Ejecutivo el que llama a Audiencia Pública para aumentar las tarifas sin la intervención del ente que debería hacerlo, y que así ni siquiera tendrá un rol relevante en ese debate en la producción de informes técnicos de sus gerencias, a las que ni les llegó el pedido para actualizar las tarifarias.

Se actúa como si el Enress ya hubiera sido vaciado. Será un pedido de aumento que el propio ejecutivo evaluará. Como pasa con la Epe que nunca tuvo ente regulador.

Tres escalones

Si una escalera tiene tres escalones de 10 centímetros, su parte alta queda a 30 de la más baja. Pero si cada peldaño mide 10% del anterior solo el primero medirá en efecto 10 centímetros y los dos restantes serán más altos y también mayor el esfuerzo al subirlos.

El aumento de Aguas sumará no 30% al final del recorrido en 2025, será más alto. Y tendrá por lo menos el doble de puntos que la inflación estimada para el año.

Tres realidades

En Santa Fe se habla solo de dos realidades en materia de provisión de los servicios públicos, y poner un poco de equidad entre ambas será el argumento central del aumento del agua y las cloacas. Ya en 2024 se actualizaron un 450%.

Pero la realidad es que aún hoy los santafesinos provistos por Aguas Santafesinas en 14 distritos pagan mucho menos, incluso la mitad, que los que tienen otros prestadores municipales, comunales o de cooperativas. Y la razón es que el Estado provincial ha financiado por décadas el déficit de Aguas.

(En el Amba, Aysa recibió una inversión altísima con dinero de todos los argentinos y hoy solo pocas áreas del conurbano quedaron sin agua potable, entre los gobiernos kirchneristas y macrista. En capital la cobertura de cloacas es del 100%. Por eso hoy Milei puede subir tarifas de agua sin los conflictos que aparecen en las desinvertidas eléctricas Edenor y Edesur).

Hasta hace unos 20 años se suponía que el 70% de los habitantes de la provincia eran usuarios de Aguas, pero hoy esa relación cayó al 60% y pronto, en unos diez años, será 50% y 50% entre la concesionaria estatal y los demás prestadores.

¿Con o sin regulador?

A esa realidad causada por el aumento de las poblaciones cercanas a Santa Fe y Rosario deberá responder el próximo Ente Regulador que también este año se reformará o reducirá.

Unos plantean que sea un mero controlador de calidad del servicio y sus prestaciones, sin facultades regulatorias autónomas del Ejecutivo. Otros piensan que lo bueno de ese tercero técnico e independiente de los cambios políticos partidarios debe ser preservado y plantean un ente más chico y ágil pero que también supervise la distribución de energía eléctrica, el transporte y los peajes.

Son los modelos de Mendoza en el primer caso y de Córdoba en el segundo, que pujan dentro del oficialismo. Hasta ahora hay más tonadas cuyanas que cordobesas en los argumentos y los procederes oficiales.

Mientras la provincia lo resuelve, también confirma lo que temía y decía. Que con el cierre del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento la motosierra le llega a las pocas inversiones nacionales que seguían en el interior porque el Enhosa era autárquico.

Con la firma en manos de funcionarios de Economía dejaron de pagarse los certificados de obras de ampliación de las dos plantas más importantes de la provincia: Santa Fe y Granadero Baigorria, para ampliar el servicio a la tercer realidad de la que poco se habla, la de los usuarios potenciales, los que carecen de servicios básicos y vitales. La Nación ya adeuda $500 millones para esas obras.