I - Pensábamos que este año sería movido, pero jamás que el ajetreo llegaría desde el mismo 1 de enero. Como es tanto lo pasado y será mucho lo que viene, optamos por hacer un par de artículos para explicar esta tortuosa relación entre el Poder ejecutivo y el Poder judicial. Esto último merece una explicación, en razón a que en algún tiempo histórico, un presidente arremetió contra una Corte o contra algunos de sus integrantes. Pero en este caso es contra todos y todas: la Corte, las Cámaras, los tribunales colegiados y los jueces. Nadie se salva.
II - En los últimos días de diciembre el presidente convocó a los catorce gobernadores amigos, de eso de trata la política en su idea, y luego de deliberaciones emitieron un comunicado en donde, todos y todas, decían que no cumplirían con el fallo del máximo tribunal sobre la coparticipación. Ya hablaremos de ello, pero se refiere a la devolución del 2,95% de los fondos coparticipables a CABA.
Se ingresaba en un terreno complicado y sin precedentes. Tal vez alguien del entorno, y luego de calmar la efervescencia por la voz unánime de los participantes del conciliábulo que se cerró con la entonación de la marcha y sin la presión del cristinismo, le debió haber sugerido al presidente que era un hombre de Estado –no un libre pensador, ni un estudiante en medio de una asamblea- y se corrigió diciendo que pagarían con bonos. Que no cabía más que cumplir, así no esté de acuerdo.
Mirá tambiénUn raro caso: curioso planteo ante organismo de la ONULos gobernadores que desde sus provincias leyeron la noticia de los diarios, a la mañana siguiente, quedaron en total desamparo. Pusieron cuerpo a la foto de la rebelión y ahora se enteran por el diario de lo contrario. No gastaremos tintas en explicar eso de que en cualquier esquema de una República, la desobediencia por parte del Ejecutivo a un fallo del máximo tribunal es de suma gravedad institucional.
III - Nos debemos remitir al pasado cercano para encontrar el origen. Hallamos el "huevo de la serpiente" cuando en el 2013 el Poder Ejecutivo impulsó y logró que se sancione la ley de democratización de la justicia. En medio de importantes críticas, la Corte la declaró inconstitucional, lo que motivó una airada crítica del oficialismo.
Por ese entonces y como si estaría en el púlpito de la Facultad, Alberto Fernández decía: "Si Cristina Kirchner no entiende por qué la Corte es un contrapoder, deberíamos averiguar quién la aprobó en Derecho Constitucional". El encomillado nos pertenece por ser textual. Toda la razón le cabía desde todo punto de vista.
Pero ni la academia ni el derecho a veces van en el sentido del poder de turno. Precisamente, desde ese lugar, Cristina Fernández no tardó en escribir una página más en el manual de constitucional y decía: "Cuando alguien plantea al Poder Judicial como contrapoder dentro de las instituciones, yo me pregunto: ¿contrapoder de quién?, contrapoder del pueblo". Fiel a su estilo, le respondía al opinador de ayer y hoy presidente.
IV - En los mentideros políticos dicen que fue el chaqueño "Coqui" Capitanich el que levantó el tubo para sugerirle "ir por todo" y arremeter contra la Corte. Puede ser el nombrado o bien podría ser otro. De todos modos, el que lo espetó no fue más que el portavoz de quien los pergeñó: la actual vicepresidente y en base a dos ideas fuerza. La primera es de fondo: no tolera que nada ni nadie se oponga a su ocurrencia. La segunda es de coyuntura: con una sentencia en primera instancia en una de las tantas causas en su contra, no tiene más que patear el tablero. Todo está viciado y nada de lo que resuelva esta estructura judicial tiene validez.
Para que se entienda mejor: en una mesa de truco, uno le dice al contrincante "truco" y el receptor que sostiene en sus manos una negra y un rey, sin dudarlo grita "¡Quiero retruco!". Con este ejemplo del juego de naipes tan popular inserto en la realidad, no quiero banalizar al noble lance de naipes.
V - Sin que sea una crítica destructiva, ni siquiera un análisis de reproche, apenas llegado a la presidencia, aún con la pandemia, Alberto Fernández se ha dedicado a temas menores y llevados por vientos que soplaban de uno u otro lado.
Lo que más duele, es la pobreza que se incrementó en su gestión y cuando las mediciones daban un atisbo de descenso, era porque ese sector que salía de la columna de la carencia pasaba a la más infame de la indigencia. La percepción de una jubilación es un tercio de la canasta básica y por vez primera, un trabajador en blanco es pobre. No tiene sentido seguir con la enumeración.
Frente a este panorama, y durante todos los meses y años de gestión, el presidente ha dejado de atender los problemas de fondo, los que realmente afectan a todos y todas (pobres y ricos) y generó conflictos inexistentes, se peleó con molinos de viento y atendió situaciones menores. Todo ello lo solazaron, se fueron haciendo en un hábito de postergar las actividades principales, las cuales sustituyó por hechos irrelevantes o inasibles que vinieron en su contra. Todos estamos esperando la ley de expropiación de Vicentín, solo por mencionar uno de los tantos desaciertos. Ningún problema de fondo ingresó en la agenda pública. Esto lo hace un auténtico procrastinador.
Por ese entonces y como si estaría en el púlpito de la Facultad, Alberto Fernández decía: "Si Cristina Kirchner no entiende por qué la Corte es un contrapoder, deberíamos averiguar quién la aprobó en Derecho Constitucional". El encomillado nos pertenece por ser textual. Toda la razón le cabía desde todo punto de vista. (…) Pero ni la academia ni el derecho a veces van en el sentido del poder de turno. Precisamente, desde ese lugar, Cristina Fernández no tardó en escribir una página más en el manual de constitucional y decía: "Cuando alguien plantea al Poder Judicial como contrapoder dentro de las instituciones, yo me pregunto: ¿contrapoder de quién?, contrapoder del pueblo". Fiel a su estilo, le respondía al opinador de ayer y hoy presidente.
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