Domingo 5.6.2022
/Última actualización 20:19
Jurídica pero fundamentalmente política fue la defensa que ejerció Marcelo Sain durante la audiencia de medidas cautelares celebrada días atrás en Tribunales. El Ministerio de Economía, el Fiscal General Jorge Baclini, el regional Carlos Arietti, el ex jefe de Policía Víctor Sarnaglia, y el actual diputado provincial Maximiliano Pullaro aparecieron en la lista de "apuntados". El ex ministro de Seguridad de Omar Perotti repartió responsabilidades entre esos actores del pasado y presente institucional de la provincia, para sostener – una vez más- que todas las acusaciones en su contra están asociadas a un "contexto y situación política".
En la audiencia se discutía la pertinencia o no de las cautelares alternativas a la prisión preventiva que habían solicitado los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, en el marco de la causa en la que se lo investiga por la presunta compra ilegal de armas a una empresa israelí. Por dichas actuaciones, Sain y tres de sus ex colaboradores ya fueron imputados por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública y tentativa de defraudación a la administración.
Tanto Sain como su abogado defensor plagaron sus exposiciones de actores políticos a los que les atribuyeron las presuntas conductas irregulares o la animosidad de los actos y declaraciones, según sea el caso. El primer apuntado fue el Ministerio de Economía; la alusión fue allí para correr el eje de la responsabilidad de la supuesta compra ilegal. Según el letrado, "la responsabilidad primaria en la elaboración de un pliego – incluso el que es objeto de esta investigación por presumir que se confeccionó a medida de un oferente- es del Ministerio de Economía". Se evitaron allí nombres propios, pero fue muy elocuente el abogado cuando sostuvo que en el banquillo de los acusados debería estar sentado algún funcionario de esa cartera. "No entendemos por qué el Ministerio de Economía no está sentado aquí, siendo que de esa cartera dependen las licitaciones", disparó.
Fiscales
La mención alcanzó, luego, a Carlos Arietti. El abogado de Sain lo apuntó como el autor intelectual de la denuncia que después terminaron llevando a la justicia los diputados del radicalismo, acusándolo nuevamente de una maniobra política. "Arietti había presentado un escrito ya ante la Auditoría General de Gestión y fue ésa la misma plataforma que utilizaron luego los legisladores para hacer su denuncia. Esta es una cuestión política - insistió-; utilizaron el aparato jurisdiccional con fines políticos y acá no hay objetividad porque Arietti es el jefe de estos dos fiscales".
Siguió en la nómina otro enemigo público de Sain: Jorge Baclini. Al Fiscal General, el letrado le reprochó haber adquirido un software en 2020 mediante compra directa a la misma empresa israelí apuntada ahora por la adquisición de armas. La operación había sido con el mismo Grupo Patagónico por 53 mil dólares. Sin embargo, observó el abogado que aquel hecho no redundó en ninguna denuncia de opositores ni en alguna investigación.
Policía y política
Los cañones apuntaron después contra Víctor Sarnaglia. En rigor, la figura del ex Jefe de Policía había sido llevada a la audiencia por los fiscales, a partir de la declaración testimonial que brindó en la causa y que perjudicó a Sain. Pero en este caso fue el ex ministro quien se ocupó de desestimarla y de advertir que en esos dichos subyacía una animosidad manifiesta. "Sarnaglia estaba enemistado conmigo porque él quería ser el ministro. Pero mientras yo estuve (en el cargo), las decisiones las tomaba yo y no la policía. La Policía no era autónoma mientras yo estaba. Y ése era el problema con Sarnaglia. Él no estaba de acuerdo con que yo lo controlara", manifestó.
La exposición de Sain y enumeración de "apuntados" concluyó con la figura de su antecesor, Maximiliano Pullaro. "Yo no traje al Grupo Patagónico a la provincia", dijo en primera instancia, para desviar la acusación de intentar beneficiar a esa empresa con la licitación de armas frustrada. "El Grupo Patagónico - dijo- estaba en Santa Fe desde la gestión del Frente Progresista. Ya tenía vínculos con el Ministerio de Seguridad por la estrecha relación del responsable de la firma con Martín Pullaro (hermano del ex ministro); es él quien me lo presenta mientras ellos (Martín y Maximiliano) estaban en la gestión de (Miguel) Lifschitz. Yo no traje a esta empresa. Ya estaba en la provincia y tenía vínculos con el Ministerio de Seguridad mientras estuvo a cargo de Pullaro. Porque además, tenía (la empresa) una estrecha relación con Víctor Moloeznik (sub director del Organismo de Investigaciones)", detalló.
Y con la figura de Pullaro, jefe del bloque de diputados que llevó la compra de armas a la justicia, remató Sain su alegato. "Con él éramos muy amigos; conocemos a nuestras familias. Conocí a Pullaro en la Escuela General de Inteligencia; me lo trajo Lifschitz y me pidió que lo asesorara porque iba a ser su ministro de Seguridad. Teníamos una relación muy estrecha. Pero cuando asumí como ministro de Omar Perotti, me convertí para ellos (los referentes de la oposición) en mala palabra. Esta es una cuestión estrictamente política", reiteró. Así concluyó la "defensa política" de quien atribuye pura y exclusivamente a una situación también de la política la "fabricación" de un ardid que – de comprobarse los delitos penales que se le imputan- podría inhabilitarlo de manera perpetua para el ejercicio de cargos públicos.