Los aumentos de tarifas de la EPE y la verdad

Por Néstor Vittori

Es un buen propósito del gobernador Lifschitz, el de crear una comisión técnica para revisar los números de la EPE, históricamente escondidos por sus funcionarios y sindicalistas para que la sociedad no se entere de los costos de la empresa, en particular los costos laborales y toda la gama de privilegios conseguidos por el gremio de Luz y Fuerza, a lo largo de los años, que han constituido a la EPE en una corporación sindical con formato de empresa, que pagan la mayoría de los santafesinos, pero con beneficiarios diferenciados a partir de su condición de empleados o funcionarios.

El periodismo, a lo largo de años, ha tratado de obtener información sobre los niveles de sueldos nominales por categoría de estratificación interna, como también de los beneficios adicionales de gratuidad en sus consumos de electricidad y gas, así como del bloqueo de los accesos a puestos de trabajo en la empresa a quienes no fuesen descendientes o parientes de los ya empleados, todo lo cual constituye un nicho corporativo realmente intolerable para la tradición constitucional argentina, consagrada en el principio de la igualdad ante la ley y sus derivaciones legales.

No obstante, el poder coercitivo del sindicato ha vedado, obstaculizado o ensuciado la información, de manera de evitar que los santafesinos que pagamos la luz, podamos saber cuánto corresponde al costo de generación que compramos (porque no producimos), cuánto a inversiones estructurales para distribución y mantenimiento, y cuánto a costos operativos, a partir de una planta de personal cuyo número se globaliza, pero no se explica en función de necesidades y menos se coteja con empresas que prestan este servicio en otras provincias del país y en otros países.

En momentos en que el costo de la energía ha pasado a ser un costo más significativo en la economía de las familias, absorbente de una porción mayor de sus ingresos, el sistema de costos de la EPE tiene que ser un dato transparente, y el sistema de retribución a sus empleados y funcionarios tiene que guardar relación con el sistema de ingresos de los consumidores de la energía que distribuye. De ningún modo, puede ser una isla misteriosa despegada de la realidad económica social de los consumidores, ni tampoco puede admitirse el aprovechamiento del impacto de la reducción de subsidios a nivel nacional, para colarse en un trencito de beneficios corporativos que aprovechan la coyuntura.

Si antes el costo de la energía comprada a Camesa era insignificante, y pese a ello el valor aplicado a los consumidores en Santa Fe no guardaba relación con el costo de la misma energía cobrado a los usuarios en la Capital Federal y el conurbano bonaerense, creo que la EPE tiene que explicar con transparencia los elevados costos de la energía en Santa Fe, habida cuenta de la visible falta de inversión en estructura y mantenimiento en prolongados períodos, con distintas administraciones provinciales.

Adhiriendo al proyecto del gobierno de crear una comisión técnica para abordar esa solicitada transparencia, cabe consignar la necesidad de asegurar en su constitución la real representación del sector consumidor y que ésta no resulte amañada por una parodia de representación, en la práctica dominada por el sindicato y su socio histórico: el gobierno.

De ningún modo, puede ser una isla misteriosa despegada de la realidad económica social de los consumidores, ni tampoco puede admitirse el aprovechamiento del impacto de la reducción de subsidios a nivel nacional, para colarse en un trencito de beneficios corporativos que aprovechan la coyuntura.