La Inversión Pública ejecutada por la Administración Nacional en 2022 ascendió a $1.178.200 millones; representa una disminución en términos reales del 38,3% año contra año y una ejecución comparada con el crédito vigente de 86,7%. El dato surgió del último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, un organismo que analiza con criterios técnicos objetivos las cifras oficiales. El informe revela un ajuste de magnitud; ¿es bueno o malo?
Desde la perspectiva macroeconómica, el ajuste es ineludible a no ser que se prefiera agravar las condiciones socioeconómicas de los argentinos más vulnerables. Sin los recortes, el déficit sin financiamiento genuino se agrava y la emisión de moneda sin respaldo disparara las cifras de inflación que el ministro Sergio Massa no logra encauzar hacia el 60% que prometió para 2023.
"Argentina en este momento tiene un nivel de inflación impresionante. La pobreza está en un 52%, ¿qué pasó? mala administración, malas políticas", dijo el Papa. Francisco no tuvo una epifanía sobre la realidad social; con paso calculado, retrotrajo su lectura hasta 1955. Hubo pobres respuestas de la vocera -que se limitó a culpar a Macri- y de un presidente que ensayó el disparate de la inflación "autoconstruida" y la inconducente acusación a empresarios.
¿Cuestionó el Obispo de Roma el ajuste de Massa? Tras ratificar que no viene a la Argentina, habló de pobreza justo cuando la ministra Victoria Tolosa Paz analiza dar de baja 155 mil ayudas sociales, porque sus beneficiarios no presentaron credenciales en regla para seguir cobrando.
Tal vez -por respeto a la religión- haya que despojar del hábito al Papa para analizar sus dichos sobre los asuntos terrenales argentinos. Carolina Stanley fue el vínculo por el cual Bergoglio promovió un salto cuantitativo de los planes asistenciales durante el gobierno del PRO; el Frente de Todos expandió el fenómeno trasladando la administración a manos de Emilio Pérsico, el socio de Juan Grabois, el amigo de Jorge. A ambos lados del mostrador; el oficialismo usa el dinero público con asistencialismo escaso de promoción humana y contaminado con corrupción clientelar.
En 20 años, los planes asistenciales pasaron de 2,9 a 9,4 millones en el país. El Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) señaló que "durante 2022, el 40% de los hogares recibió alguna asistencia social (el 50% de la población urbana ha sido asistida por alguno de los programas o complementos implementados). Sin estas asistencias, la tasa de indigencia habría alcanzado en vez de 8% a casi el 20% de la población, y la tasa de pobreza en vez del 43% al 50%". Lo que dice el informe de la UCA es consistente con el nivel de pobreza aludido por Francisco.
Las cifras de la OPC reseñan que el año pasado, con un ajuste de 1 punto porcentual en el déficit en términos de PBI, la partida para prestaciones sociales fue de más de $9 billones, monto que incluye jubilaciones y pensiones; no hubo recortes (en términos reales) respecto de 2021, pero sí más beneficiarios previsionales y de planes para la misma torta; las porciones se achicaron porque la economía ya recuperó lo que perdió en pandemia, y crece menos que la población.
En la penosa escena política argentina, están cegados quienes sólo procuran despejar el destino de las causas penales contra Cristina Fernández, dinamitando las instituciones que no se someten al arbitrio de la pretensión autocrática. Eso deja poco (nulo) margen para racionalizar la macro en procura del crecimiento; la evidencia muestra que expandir el gasto con repartos sin financiamiento, no evita que se agrave el problema. Amenazar a la República los agrava.
Tras la crisis de 2001, el país creó "transitoriamente" 2 millones de Planes Jefas y Jefes de Hogar. Hoy la cantidad de personas con trabajos informales (asalariados no registrados y cuentapropistas informales) no baja de 7,5 millones mientras el trabajo formal está estancado desde 2012. La ayuda social es indispensable ante el hambre; la falta de una política macroeconómica es un boicot a las mejores intenciones de toda compasión.