Domingo 9.10.2022
/Última actualización 18:52
"En el crecimiento de la flota fluvial paraguaya y de Bolivia hay mucha responsabilidad argentina, en su normativa, en su operatoria, que desalentó a nuestros armadores a seguir aquí y a posicionarse en esos países. Muchas de esas barcazas y armadores son argentinos".
Omar Perotti esbozó en la Bolsa de Comercio de Santa Fe y ante el secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, las razones por las cuales -a su criterio- los países vecinos usan la Vía Navegable Troncal (VNT) del río Paraná en barcazas y remolcadores o buques bajo sus banderas. Lo hacen hacia puertos de ultramar -Buenos Aires o Montevideo- donde transfieren sus cargas con logística más competitiva que los camiones argentinos.
¿Por qué la Argentina, bajo su bandera, carece de una flota fluvial pública o privada? El decreto ley 19492 obliga al cabotaje (transporte entre puertos del país) en embarcaciones bajo bandera nacional; la ley de embarque 17371, que protege derechos de trabajadores, tiene origen en el gobierno de Onganía en 1968. Son -emparchadas- normas vigentes en tiempos de GPS e inversiones regionales e internacionales.
En los '90 el menemismo desarticuló flotas y astilleros, pero hoy aquellas viejas leyes de argentinización obligatoria de buques, navegación y trabajo, persisten sin haber devuelto el interés de los inversores, que crecieron bajo banderas de países vecinos. Eso incluso cuando aquí proliferaron -como nunca- la navegación y los puertos fluviales de ultramar, con la concesión del dragado y balizamiento de la hidrovía a manos privadas.
Giuliano admitió que habrá cambios en la reglamentación de la ley de Marina Mercante (27419) sancionada en 2018; la norma fomenta y promueve -léase otorga privilegios fiscales y eventual financiamiento- a armadores (constructores de buques, barcazas, remolcadores) en el país, para poner sus producidos bajo bandera nacional. También justificó que, desde este mes, la Nación cobrará un peaje de US$1,47 por tonelada de registro neto a las cargas que usen buques o barcazas bajo bandera no argentina; parece razonable teniendo en cuenta que el gobierno argentino es el que debe invertir en balizamiento y dragado en el tramo entre Confluencia y Santa Fe de la VNT, que usan sobre todo embarcaciones de Paraguay, Brasil o Bolivia.
En la Resolución 625, el ministro de Transporte de la Nación dejó en claro -para alentar una vez más la argentinización- que los buques bajo bandera nacional pagarían también 1,47 por tonelada de carga, pero no en dólares sino en pesos. Sin embargo la norma justifica el cobro del peaje -además en la necesidad de financiar el dragado y balizamiento- en la "ausencia de una flota de marina mercante nacional competitiva que preste servicios específicamente a las cargas nacionales".
Alexis Guerrera propone un costo más barato para buques que -según afirma- no existen. En ese mismo fundamento deja abierta la posibilidad de usar parte de la recaudación del peaje -cuyos cálculos de costos y prospectivas de recaudación en dólares, se omiten prolijamente- en aquello que Giuliano esboza sobre cambios en la norma para construir embarcaciones.
Hay un valioso esfuerzo para devolver al puerto de Santa Fe su operatividad en cargas de contenedores; también hay un hinterland de exportadores e importadores que justifican sobradamente la viabilidad de la estación fluvial local, su interconexión con puertos nacionales y vecinos aguas al norte y su articulación para transferir cargas a buques de ultramar hacia el sur.
El dispositivo fiscalista para financiar la recuperación de buques y trabajo nacional ya ha mostrado que -en el mejor de los casos- por sí sólo no sirve. Sin una política integral y macroeconomía estable que abra el vínculo del puerto de Santa Fe a sus pares de provincia y la de países vecinos, los potenciales usuarios del muelle local siguen restringidos a líneas que los llevan a destinos escasos y les cancelan rutas indispensables, que los obligan a seguir usando el camión.
Eso mientras los buques de banderas vecinas pasan de largo a menores costos, inhibidos de hacer cabotaje nacional, pagando peaje que financiaría un inútil capitalismo de amigos.