Burlando la Discapacidad

Todo lo que no se audita, está generalmente a la merced de las miserias humanas.

Un sector tan vulnerable como el colectivo de Discapacidad, una gran bandera de la lucha por los Derechos Humanos, que ahora vemos flagelada y distorsionada por prestadores y funcionarios “casta”, es decir, una clásica connivencia típica y burda, que genera un Estado sin Justicia, paradójicamente promovido por un Estado con elevadísima “Justicia Social” (que no es otra cosa más que sacarle a los que producen, para darle a los que no producen, injusto en muchos aspectos).

En la Discapacidad es necesaria la Justicia Social, solo ahí la veo necesaria, ya que un discapacitado, por simple definición, no está capacitado a producir en igualdad de condiciones. Pero habiendo millares de discapacitados “truchos” y semi-discapacitados que se aprovechan de un Certificado de Discapacidad, la bandera se ensució.

Escuchamos frecuentemente “la Argentina es pobre porque quiere”, “la Argentina es rica y se la llevan unos pocos…”. La realidad es que la Argentina es RICA y se la llevan muchos, pero muchos ciudadanos “de a pie” y de la Casta.

Ciudadanos millonarios que, por ser discapacitados (o por fingir serlo) compran un auto importado sin pagar impuestos, ni la patente única sobre vehículos (recuerdan el Mercedes Benz escondido de Susana Giménez?). Hay miles de Susanas y Susanos, y de millonarios que zafan de impuestos y reciben beneficios de los contribuyentes sin necesidad alguna.

Se destapó la olla en ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), donde se calcula que puede llegar a haber un elevadísimo porcentaje de pensiones por Invalidez laboral injustificables. El Estado asigna anualmente USD 3.000 millones y quizás el perjuicio ronde los USD 2.000 MILLONES por año (que podrían asignarse a Jubilados aportantes, dignos de su retribución o a personas con verdaderas discapacidades para terapéuticas o emprendimientos adaptados).

No finjamos demencia, todos conocemos amigos o familiares que reciben un subsidio del Estado sin merecerlo. El número de pensiones por Invalidez en Argentina quintuplica al de Chile y duplica a Brasil en términos porcentuales, sin conflicto bélico alguno en la región. Casualidad o causalidad que se hayan otorgado descontroladamente las pensiones “truchas” en gobiernos populistas?.

El problema moral no termina aquí. El gran negocio fraudulento de la Discapacidad ronda en las PRESTACIONES a las personas con CUD (Certificado Único de Discapacidad). Los prestadores envían facturas de tratamientos no efectuados a las Obras Sociales Nacionales (que abona el Estado por medio del Fondo Solidario de Redistribución) y también facturas al Programa “Incluir Salud”, pero los tratamientos NUNCA llegan al beneficiario: el discapacitado vulnerado. Miles de millones de pesos se destinan mensualmente a discapacidad, pero no llegan a los beneficiarios de las terapias o equipamiento (sillas de ruedas o prótesis).

Esto es otro caso de corrupción tipo “Chocolate Rigau”, o los comedores “fantasmas”, o las rutas “pavimentadas” que solo levantan tierra y cascotes... El dinero estuvo disponible por el Estado para una persona o para un fin, pero se filtró por las mismas manos porosas del Estado, sin un Sistema de Auditorias, ni básicos valores morales.

En 2021 presenté un proyecto para agiornar la Discapacidad en el IAPOS, ya que la ley por la que se rigen (Ley 24901) tiene 27 años de antigüedad, sin revisiones que la modernicen ni agilicen en los Módulos terapéuticos o en la forma de facturación, que lleva burocráticos y eternos plazos administrativos para la autorización y pago de los tratamientos. El proyecto quedó “cajoneado”, y esto es imprescindible modernizarlo y eficientizarlo.

Trabajo en este tema con el equipo de Romina Diez de La Libertad Avanza en Santa Fe y Santo Tome, vamos a llevar adelante propuestas parlamentarias para que la Discapacidad se adecue a criterios realistas de necesidades y financiamiento. Hay mucho populismo que destrozó el orgullo de trabajar en el sector, hoy ser honesto es un autosacrificio, muchos prestadores abusan del sector y uno queda atónito con lo que ve.

La precariedad del sistema administrativo obsoleto hace que los tiempos para que un prestador cobre oscile entre los 45 días a los 120 días en muchos casos. Ese proyecto presentado, para la modernización del sistema no fue tomado en cuenta, siendo que el IAPOS paga muy atrasado y tiene cada vez más afiliados discapacitados (ergo, gasto agigantándose), pero no quiere agiornarse. ¿¿Desidia, negligencia propositiva o incapacidad técnica de los Directivos de la Obra Social más grande de la Provincia?? Quien sabe. Ellos cobran a mes vencido, los prestadores a 90-120 días, quizás eso ni les interese…

Si el Estado (mayor financiador de la Discapacidad) y las Obras Sociales no se modernizan en las implementaciones del sistema, todos pagaremos mayores consecuencias: más impuestos se cargarán para financiar el Fondo Solidario, o mayor será el costo de la Obra Social para los afiliados del IAPOS o las Cajas Profesionales (OSPAC, CAPS, FORENSE, Cs. Económicas, etc) porque el dinero será cada vez más insuficiente, las prestaciones serán de menor calidad o insuficientes, y el sistema terminará siendo enormemente ineficiente para todos los actores.

Somos un País que quedó fuera del mundo, fuera de la lógica de crecimiento y productividad eficiente, también en el área de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de su respectivo financiamiento y funcionamiento.

Es hora de abrir el debate sobre cómo mejorar este sector vulnerable, que ha sido burlado y doblemente vulnerado por la casta, o seguiremos viendo protestas y marchas de los prestadores honestos junto a los verdaderos discapacitados, como se hizo nuevamente el pasado 4 de Julio en las puertas del IAPOS Santa FE, o las repetidas Carpas Blancas de la Discapacidad en el Congreso de la Nación, pagando el precio siempre justos por pecadores.