El 25 por ciento de inflación anunciado esta semana por el Indec e interpretado por el gobierno nacional como un triunfo, pese a que duplicó la que recibió, ha sido el corolario de 30 días de vértigo donde lejos de empezar a cambiar lo que estaba mal y a fortalecer lo que estaba bien para de a poco ir mejorándole la vida de los argentinos, profundizó para peor todos los indicadores sociales y económicos que ya venían deteriorándose.
El gobierno nacional que asumió el 10 de diciembre ha ejecutado una serie de medidas y decisiones con una impiedad que no se recuerda en la historia moderna argentina, quizás solo comparable a las de los primeros meses de la dictadura militar de 1976, contra una sociedad enojada por la falta de respuestas de una dirigencia, no solo política, que no ha estado a la altura de las circunstancias, cuya mayoría lo votó para cambiar un estado de situación que estaba mal y que lejos de empezar a revertir, profundizó y transformó en otra cuyas consecuencias aún no se han visto pero que ya empiezan a sentirse.
Es notable el poco aprecio que la administración Milei parece tener por la condición humana de las personas, ¿alguien del gobierno piensa en los jubilados?, a las que busca condicionar con estadísticas falsas de una crisis que no tiene la gravedad que dicen que tiene, Menem en 1989 y Duhalde en 2002 recibieron el país en condiciones mucho peores y con la gente en un clima de virtual anarquía, para inducirla a aceptar resignadamente medidas que si hasta ahora no causaron demasiadas consecuencias ha sido por el aguinaldo, las fiestas de fin de año y las vacaciones.
Ordenar una devaluación de la moneda de las tres más altas de la historia argentina, más que duplicar el precio de los combustibles en un mes, con los efectos que tiene sobre los de toda la economía y permitir aumentos sin ningún tipo de restricciones para todos aquellos sectores que lo quieran hacer, dejando a la buena voluntad de los voraces los precios de la economía, es de alguna manera someter a buena parte de los argentinos a los deseos y ambiciones de actores económicos y sociales que parecen no tener sentido de pertenencia a una sociedad agobiada por años de retrocesos económicos y sociales.
Más allá de lo que cada uno piense respecto del contenido presuntamente liberalizador, modernizante y cualquier otro adjetivo que se le quiera poner, la batería de medidas lanzadas como si fueran misiles sobre una población indefensa no ha tenido en cuenta, ni siquiera en una mínima expresión, algún tipo de compensación para los afectados, que son la mayoría de los argentinos, lo que no tiene antecedentes en nuestra historia ya que todos los programas, incluidos los de shock más traumáticos como el Rodrigazo y los de 1989 en plena hiperinflación, puestos en marcha en las peores circunstancias, han tenido un capítulo que buscaba morigerar los efectos de los ajustes. La cirugía mayor sin anestesia de Menem parece, al lado de estas medidas, una caricia para el alma de los argentinos.
El mismo poco aprecio ha mostrado por el orden institucional que con todos sus límites y errores ha permitido construir una sociedad que respeta los valores de la democracia y que ha sobrevivido a varias crisis profundas, mucho más severas que ésta que quieren hacer aparecer como la peor de la historia para justificar cualquier cosa pero que no lo es, como lo ha expresado el Procurador Rodolfo Barra con su "si hay crisis económica, no va a haber Constitución vigente" y el ministro Luis Caputo amenazando con que si el Congreso no aprueba la ley ómnibus ni el DNU "el ajuste será mayor", mientras anuncia un nueva acuerdo con el FMI donde se comprometen a más de lo que le piden sobre una deuda que le carga al gobierno de Alberto Fernández pero que tomó él mismo cuando fue ministro de Macri. De alguna manera, es como Cavallo en 2001 tratando de arreglar lo que había hecho 10 años antes.
Cambiar el orden económico, social y cultural de una sociedad, cualquiera que esta sea, en un par de meses y a pura prepotencia es imposible, al menos en una democrática y organizada como la argentina. Nadie puede hacer lo que quiera, por más legitimidad electoral que tenga. Los cambios, necesarios siempre y en todos los órdenes, debe ser graduales, consensuados, acordados y aceptados por la sociedad porque de lo contrario durarán poco y causarán una reacción contraria, como ha pasado siempre y puede apreciarlo cualquier persona que se tome unas horas para leer un libro de historia argentina.