Por Dr. Claudio Fernández Macor
El país y el rumbo económico
Por Dr. Claudio Fernández Macor
El ajuste fiscal contemplado en el plan del gobierno nacional (comentado en la nota del domingo pasado) se completa con el conocido "impuesto inflacionario" y un aumento en los impuestos. Aunque no es reconocido por el gobierno central, la aceleración inflacionaria acentúa la licuación del gasto público destinado a salarios y al régimen de jubilaciones y pensiones.
Esa licuación, o "impuesto inflacionario", se produce porque en tanto los principales recursos del estado nacional evolucionan con la inflación y en el caso de IVA (y otros) se recauda diariamente, el gasto salarial, no solo aumenta por debajo de la inflación, sino que se realiza con una periodicidad mensual. Por caso, en diciembre 2023 la inflación fue 25.5 % en tanto los salarios de estatales casi no aumentaron y recién se pagaron a finales de mes o inicio de 2024. En el caso de las jubilaciones puede producirse un ajuste sin precedentes. La fórmula de movilidad jubilatoria vigente, sancionada por el gobierno anterior, estipula una actualización trimestral por un índice que pondera evolución de salarios y recaudación. El gobierno actual pretendía modificarla para que ajusten automáticamente por el índice de inflación, pero al retirarse el capitulo económico de la "ley ómnibus" la formula actual se mantendrá vigente por tiempo indeterminado de esta manera, la combinación de alta inflación, atraso salarial y recaudación estancada reducirían las jubilaciones entre 40% y 50% en apenas tres meses.
La aplicación plena de las tres medidas tratadas en la nota anterior (subsidios a las tarifas, obra pública y transferencias no automáticas), más el impuesto inflacionario, significarían un recorte del gasto público equivalente a más de 3% del PBI. El ajuste fiscal restante para llevar a "cero" un déficit fiscal de 5.5% de PBI se explicaría por un aumento en la recaudación lo que es al menos contradictorio para un gobierno que asumió postulando que "los impuestos son un robo".
La devaluación cambiaria de 118% fue acompañada por un decreto que aumentó la alícuota del impuesto PAIS de 7.5% a 17.5% (Impuesto a las importaciones de bienes de consumo e intermedios). El resto de las reformas impositivas con las que se pretende aumentar la recaudación eran parte de un capítulo de la llamada "ley ómnibus" que fue retirado hace unos días, según argumentó el ministro Luis Caputo para "facilitar y acelerar la aprobación". Aunque se anunció que la reforma impositiva se enviará al congreso como un proyecto de ley particular, lo cierto es que hay muchas dudas sobre la posibilidad de que el gobierno logre la aprobación sin modificaciones sustantivas.
El proyecto propone un aumento en las alícuotas de las retenciones a todos los subproductos de la soja (aceite, pellets, etc.) de 31% a 33% manteniendo la Soja en 33%. Además, pretende generalizar una alícuota de 15% a las exportaciones de todos los bienes y servicios cualquiera sea su naturaleza y origen. En el caso de los bienes de origen industrial, servicios y producción de economías regionales (limones, maní, vino, manzanas, etc.) el impacto sería importante puesto actualmente tienen una alícuota de 0%. Para el resto de la producción agropecuaria significa un aumento en el gravamen puesto que en la actualidad trigo y maíz tributan 12% y la carne vacuna 9%. Con el nuevo esquema de retenciones el gobierno espera aumentar la recaudación en 1.3% del PBI.
Otra pretensión es revertir la reforma en el impuesto a las ganancias realizada en los últimos meses del gobierno anterior la cual permitió reducir la cantidad de trabajadores que tributan de 800.000 a 100.000, la cantidad mínima desde que se estableció la cuarta categoría y que había alcanzado un máximo de casi 3.000.000 de trabajadores en 2013. Con esta modificación impositiva prevén recaudar 0.4% del PBI.
Las medidas de ingreso se completan con un megaproyecto de ley de blanqueo de capitales y moratoria impositiva. El proyecto de blanqueo prevé un impuesto de 0% a capitales localizados en Argentina y 5% a los que provengan del exterior. El gobierno espera recaudar 0.5% del PBI.
El capítulo de los recursos significaría un aumento en los ingresos del estado nacional de 2.2% del PBI que sumado a la reducción en el gasto publico permitiría disminuir un déficit fiscal de 5.5% del PBI a cero. Sin embargo, de las medidas tributarias comentadas, la única vigente es el aumento en el impuesto PAIS, sobre el resto no hay certezas puesto que ya no son parte de la "ley ómnibus" que actualmente se discute en el congreso.
Desde el ministerio de economía se sostiene que el ajuste fiscal es el ancla real del plan de estabilización de precios que se completa con el ancla nominal del nuevo esquema cambiario y monetario, que luego analizaremos, y que es tanto o más importante que las medidas fiscales. Los funcionarios argumentan que el déficit cero eliminaría la emisión monetaria que sería la "causa fundamental" de la inflación en todo momento y lugar. Complementado con políticas monetarias ya en marcha que aspiran a licuar los pasivos monetarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y retirar pesos de circulación, la circulación monetaria no solo se estabilizaría, sino que se reduciría, lo que iría poniendo un freno a la inflación durante el primer semestre de 2024.
La inevitable devaluación cambiaria, la inflación inercial y reprimida y la corrección de precios muy atrasados, puede disparar la inflación en los primeros meses, pero con una cantidad de dinero estable o decreciente, el gobierno confía en que el gasto nominal le ponga un límite al crecimiento de precios. En una economía en recesión, con cantidad de dinero decreciendo (sostienen que van a "secar" el mercado de pesos) y una caída en el poder adquisitivo del grueso de la población, el mercado desregulado no convalidaría los aumentos de precios, es decir, los productores y comercializadores no podrán vender los bienes y servicios en el mercado. lo que obligará a moderar (y luego eliminar) los aumentos de precios, eliminando la nominalidad de la economía.
El ancla nominal del plan de estabilización tiene dos ejes: devaluación cambiaria y crawling peg (1). El gobierno de LLA produjo una muy fuerte devaluación del tipo de cambio (118%) y anunció un desplazamiento mensual de apenas 2% (crawling). Complementada con medidas de orden monetario que luego comentaremos, el equipo económico logró en el inicio de la gestión lo que nadie creía posible el día anterior: hacer una devaluación significativa sin los dólares para contener la posible espiralización.
Nadie esperaba una devaluación tan abrupta. Con un tipo de cambio tan alto y la previsión de un desplazamiento mensual de apenas 2% contra una inflación que en diciembre fue 25.5% y en enero y febrero difícilmente baje del 15%, se indujo la venta de dólares para colocar los pesos en carteras con un rendimiento más cercano a la inflación y, en todo caso, volver a posiciones en dólares a muy corto plazo, operación conocida como carry trade (2), una especialidad del ministro Caputo.
En esas primeras semanas, el mercado no reaccionó previendo una espiralización sino todo lo contrario, previendo que las colocaciones en dólares están en un "pico" y mantenerlas generaría perdidas en términos reales, así, el gurú de las finanzas logró acumular reservas en el BCRA al tiempo que aumentaban las colocaciones en pesos. Las expectativas post devaluación redujeron abruptamente la demanda de dólares paralelos (Blue, MEP, CCL) y aumentaron las colocaciones en pesos, de esta forma al finalizar 2023 el BCRA había comprado casi 3.000 millones de dólares logrando una importante reducción en la brecha cambiaria que si bien presenta una previsible tendencia al alza, a la fecha es 60 % (contra 250% al final de la gestión anterior)
Aunque la política monetaria parece dar buenos resultados en estas primeras 7 semanas de gestión, se asienta sobre bases muy endebles e inciertas y no puede ser más que una política de muy corto plazo, a desarrollar este argumento dedicaremos la próxima entrega.
(1) Crawling peg es un sistema de tipo de cambio que permite que la moneda se ajuste gradualmente en relación con otras monedas extranjeras (en el caso argentino, el dólar, dentro de límites establecidos).
(2) La estrategia carry trade consiste en mover fondos de una moneda a otra especulando con los rendimientos y el tipo de cambio. En el caso argentino, cualquier inversor del mundo podría convertir 1 millón de dólares a 800 millones pesos para invertirlos al 190% anual (10% mensual), al cabo de un mes se tendría un capital de 880 millones de pesos que podrían convertirse a 1.1 millones de dólares.
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