Lo que hasta hace poco era presentado como una suerte de panacea del comercio y la llave del consumo interno en la Argentina, terminó siendo una verdadera falacia, a través de la cual ciertos sectores realizaron ingentes negocios a costa de la ignorancia de la gente y de un modelo inflacionario impulsado desde el Ministerio de Economía de la Nación durante los últimos años.
El gobierno anunció esta semana -luego de un año de gestión- su decisión de sincerar los sistemas de venta en 12 ó 18 cuotas que funcionaron hasta ahora en el país, aparentemente sin cobrar intereses a los consumidores. Por ese motivo, desde el 1º de febrero, cuando los precios se exhiban financiados los comercios estarán obligados a exponer a los clientes el precio de contado, el precio total financiado, el anticipo -si lo hubiere-, la cantidad y monto de cada una de las cuotas, la tasa de interés efectiva anual aplicada y el costo financiero total.
Es que, en realidad, los precios que los compradores venían pagando hasta ahora a través de supuestas cuotas fijas y sin interés, ya estaban “inflados” con un elevado costo financiero. Según cálculos realizados por la Asociación Consumidores Libres en abril del año pasado, la tasa del interés que el consumidor terminaba pagando por una compra en 12 cuotas rondaba el 83 %. Muy por encima de la inflación que en los últimos años varió entre el 25 y el 40%.
En definitiva, para quienes se beneficiaron a través de este sistema resultaba conveniente que el consumidor pagara en cuotas y no que abonara de contado el costo real de los productos.
Esta es una muestra más de cómo durante los últimos años se montó conscientemente desde el gobierno un sistema económico inflacionario. Estos sobreprecios ofrecidos en cuotas alimentaron la inflación. Y, a su vez, la inflación movilizó a la gente a endeudarse de esta manera, porque creía que así estaba ahorrando dinero gracias al pago en cuotas fijas.
Los cambios propuestos por el gobierno son necesarios. De todos modos, para que resulten exitosos deberán superarse diversos escollos. En primer lugar, porque en esta Argentina acostumbrada a niveles inflacionarios que escandalizarían a los ciudadanos de la mayoría de los países del mundo, no existen precios de referencia.
Nadie sabe cuál es el costo real de los productos. Tanto es así que, por un mismo artículo, pueden llegar a pagarse costos absolutamente distintos según el día, lugar o medios de pago. Más aún, a fines de 2015 gran parte de los formadores de precios aplicaron incrementos desmedidos ante el temor de que la salida del cepo -anunciada por Mauricio Macri durante su campaña- pudiera disparar el costo del dólar. Aquellos precios, nunca retrocedieron una vez que se estabilizó el valor de la divisa norteamericana.
Si no existen precios de referencia, difícilmente el consumidor estará en condiciones de saber si el vendedor le está cobrando lo que corresponde al pagar de contado. En teoría, el descuento sobre los actuales precios -que se cobran en cuotas- debería oscilar entre el 15 y el 20%.
Otro factor a tener en cuenta es que, a pesar de estos descuentos, gran parte de los consumidores no estará en condiciones de abonar de contado los productos. Si en estos casos no se ofrecen alternativas, se corre el riesgo de golpear fuertemente al consumo interno y, por lo tanto, a la economía general del país.
Superar los flagrantes desequilibrios heredados del kirchnerismo no será tarea sencilla. Sin embargo, y aunque requiera tiempo, reducir la inflación y sincerar las variables económicas resulta imprescindible.
En esta Argentina acostumbrada a niveles inflacionarios que escandalizarían a los ciudadanos de la mayoría de los países del mundo, no existen precios de referencia.