Diferentes visiones para una misma temprana pregunta: si la Nación no ofrece dinero para cancelar las acreencias santafesinas tal como fijó la sentencia de la Corte de 2015, ¿es necesaria una ley de autorización? El gobernador ya ha opinado que no.
El reciente anuncio del gobierno nacional de pagar por fin la deuda por coparticipación con la Provincia de Santa Fe produce en la Legislatura movimientos, posicionamientos y consultas. El compromiso de pago del presidente Alberto Fernández para la administración de Omar Perotti llega cuando solo restan algo más de 18 meses para el fin de sus mandatos. El rafaelino -aunque poco podrá llegar a concretar en obras a financiar con esos recursos extraordinarios en tan solo un año y medio- bien podrá decir con todas las letras que su gestión logró lo que no pudieron otras dos anteriores: cobrar. Pero el tema es cómo se cobrará. Y con qué.
Los legisladores provinciales, que en su mayoría pertenecen a la oposición, han comenzado a poner el tema en sus agendas de trabajo en algunos casos tibiamente y en otros con más apariciones públicas, pero con la certeza de que cualquier reclamo que se haga al Poder Ejecutivo Provincial deberá estar atado a la prudencia, para no avivar el argumento de que se ponen palos en la rueda.
El instrumento de pago, los bonos CER, es la clave de las críticas que mostrarán los partidos políticos al acuerdo entre la Casa Rosada y la Casa Gris. Ya hay contactos programados para la semana próxima entre los asesores jurídicos y económicos de los bloques opositores de ambas Cámaras, porque la cuestión tiene ese doble abordaje.
En el Senado
Los senadores radicales instalaron el tema, antes de la sesión del 16 de junio, en la reunión de labor parlamentaria. Allí el jefe del bloque, Lisandro Enrico (General López) llevó un proyecto de resolución para que la Cámara le advierta al Poder Ejecutivo que si el pago es con bonos deberá existir una autorización legislativa, es decir, exactamente lo contrario de lo que ha dicho el gobernador Omar Perotti el viernes 24.
Está claro que la posición radical no cosechó los apoyos necesarios en el peronismo. Pero también que la minuta encontró en el partido de gobierno, que tiene 12 de las 19 bancas que representan a los departamentos, los matices que esperaba su impulsor.
Para la UCR en el Senado, el pago con papeles (una suerte de pagaré que puede ser vendido en el mercado financiero) es comparable con lo que ocurre con los préstamos que toma el Estado santafesino. Se interpreta que el mandato constitucional sobre la deuda que tome Santa Fe debe extenderse a la decisión de aceptar que a la provincia le deban.
La reacción del justicialismo en el Senado no fue uniforme ante el pedido de Enrico. Se divide en las dos usuales medias docenas: los seis senadores de Lealtad presididos por Alcides Calvo (Castellanos) se opusieron de plano al advertir que se podía con un texto de ese tenor condicionar o complicar las conversaciones finales para que por fin la Nación pague, además de plantear sus dudas sobre el fondo de la cuestión; mientras que los seis del Nuevo Espacio Santafesino, liderados por Armando Traferri (San Lorenzo), pidieron que las decisiones políticas de fondo, tan trascedentes merezcan un estudio más profundo, sin apuros y con todas las consultas necesarias, para no causar perjuicios para las conversaciones en marcha.
Tiempos y fechas
No es gratuita la referencia a la responsabilidad del kirchnerismo en el rojo que perjudicó durante ese gobierno nacional a los santafesinos. Su gobierno no se reconoció los derechos de los santafesinos, que fueron recién validados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación recién a fines de 2015, justamente cuando ya había perdido las elecciones Daniel Scioli y se sabía que el presidente sería Mauricio Macri (que tampoco honró esa obligación).
Párrafo aparte merece recordar que fue en 2010, en la sede de la cabeza del Poder Judicial del país que con dirigentes y legisladores santafesinos de todos los partidos políticos, incluyendo a los ex gobernadores Carlos Reutemann y Jorge Obeid, Hermes Binner fundamentó el reclamo contra el descuento del 15 % de coparticipación para el sistema previsional.
Todos sostienen que lo importante es cobrar, pero desde el radicalismo se busca instalar un debate que tiene sustento jurídico (y por lo tanto es opinable) además de unas aristas económicas bastante más prácticas y concretas.
Según esa visión de los radicales, como el pago no se haría en los términos dictados por la sentencia de la Corte que le reconoció a Santa Fe sus derechos, corresponde que lo legitime una ley; Perotti por el contrario sostiene que sí se ajusta a la sentencia. Serán los jueces con más poder quienes definan si el acuerdo se ajusta o no a su fallo de siete años atrás y al que impuso una actualización nada conveniente para los santafesinos, a tasa pasiva.
En los próximos días, los radicales van a recordarles a una parte de los socialistas (y a los peronistas que los quieran oír) que un pago con bonos era mala palabra cuando quien lo ofrecía era Mauricio Macri, y quien lo analizaba Miguel Lifschitz. Las declaraciones de Antonio Bonfatti sobre el "chiste" de aquel plan frustrado circulan por grupos de whatsapp de los dirigentes.
En el radicalismo se sostiene que cuidar los intereses santafesinos requiere más recaudos sobre las condiciones para recibir esos papeles en lugar de los pesos.
Para colmo, el posible arreglo llegó justo en una semana de rumores de postergaciones de vencimientos en bonos CER.
Recaudos
¿Qué deberían cuidar los negociadores santafesinos según la opinión de los opositores? Que los títulos públicos tengan la posibilidad de ser vendidos en el mercado secundario, en el que los tenedores (el gobierno provincial, los municipios y las comunas) puedan acudir libremente para su comercialización. Con títulos ya existentes, ya cotizados públicamente, vueltos a emitir se evitaría el mal de la discriminación: que haya un bono específico para pagarle la deuda a Santa Fe que pueda ser defaulteado sin mayores consecuencias para el resto de los papeles. Que al riesgo no solo lo asuma Santa Fe: un título que pueda circular libremente por el mercado y que vaya cambiando de manos sin trabas burocráticas, como cualquier otro título público, de forma tal que en la eventualidad que el gobierno nacional opte por discontinuar los pagos, se trate de una decisión de carácter general y no específica en detrimento de los santafesinos.
Los asesores de senadores radicales y de los diputados socialistas también hablan de una negociación que deje claro cómo se van a cotizar esos títulos al momento de firmar el acuerdo y al momento de su entrega efectiva, porque va a pasar un tiempo entre una cosa y otra.
Al gobierno santafesino no le van a faltar argumentos en esa negociación en curso. Al mismo tiempo que se anunció el pago con letras para la deuda de la Nación con Santa Fe, el gobierno de Alberto Fernández le ha otorgado a la Provincia de Buenos Aires más de $ 100.000 millones en fondos frescos (ya recibió $ 27.000 en el primer cuatrimestre del año) por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal creado por decreto en septiembre de 2020.
En el Senado el radicalismo puja por producir un debate público por los bonos, en Diputados el socialismo parece por ahora más cuidadoso. Eso sí, todos recuerdan que Lifschitz siempre pensó que el arreglo de esas acreencias merecía el acuerdo del Legislativo.