La última semana del mes de junio contuvo el momento en el que se produjo el cierre a un proceso que demandó quince años, y que podría significar (o haber significado) un punto de inflexión en el desenvolvimiento de la provincia. Probablemente no hayan exagerado los actores que definieron como "histórico" el acontecimiento, ni tampoco las autoridades provinciales al destacar todos los esfuerzos desplegados para llegar por fin a un acuerdo, y que éste sea el mejor posible. Las ecuaciones financieras en que se sustenta, y que merecieron objeciones y prevenciones desde la oposición, están sometidas a esa misma lógica, tanto como al factor de incertidumbre que involucra ese tipo de operaciones en un contexto tan volátil como es el de la economía argentina.
Queda por definir el traslado concreto de estos recursos (efectivos o previstos, según cómo se los quiera mirar) a cuestiones como su materialización efectiva en obras públicas o en inversiones destinadas a paliar el flagelo de la inseguridad (tales las prioridades enunciadas por el gobernador Omar Perotti), o de qué manera impactan en las finanzas de los municipios y comunas, víctimas también en su momento de la exacción indebida de fondos coparticipables, y acreedores ahora a una parte proporcional de la reparación ordenada por la Corte Suprema de Justicia.
Pero a estas incertidumbres de contexto y de definiciones aún pendientes, se sumó en esta crucial semana un manejo de la información, de las relaciones entre distintos sectores políticos y hasta de la puesta en escena, cuanto menos desconcertante.
El reclamo por la deuda (iniciado en el plano administrativo, como con justicia marcó Perotti, por Jorge Obeid y llevado al plano judicial por Hermes Binner, con acompañamiento de todo el arco político) estuvo en la agenda política y mediática de los últimos años, y ganó exposición con el reconocimiento por parte de la Corte, justo en el final del gobierno kirchnerista que había producido la ilegal detracción. Atravesó por completo las gestiones de Mauricio Macri en la Nación y Miguel Lifschitz en la provincia sin que se pudiese llegar a un acuerdo (en buena medida por embates desde el propio socialismo), y desembarcó en las agendas de campaña de Perotti y Alberto Fernández, hasta que el propio presidente de la Nación anunció su inminente firma, en su última visita a la capital provincial. En el medio, intensas y duras negociaciones (que la oposición calificó de "ocultas"), y sucesivas intervenciones de la propia Corte para fijar criterios de actualización.
Pero lejos del escenario político compartido que supuso el planteo inicial, el desenlace se pareció más a una comedia de enredos, con participantes dispersos y abocados sólo a su parte del libreto. Una fallida e informal convocatoria a dialogar sobre el acuerdo el mismo día en que se firmaba, una extraña conferencia de prensa ante medios nacionales donde Perotti y Martín Guzmán hablaban de cifras distintas (y los periodistas preguntaban sobre otras cosas), y la inesperada "bomba" de una nueva detracción a favor de Afip, que según el gobierno corre por cuerda separada, pero que por la forma en que fue presentada quedó inevitablemente atada al anuncio central. Y, de ese modo, dio pie a que al día siguiente, en un nueva y significativa foto que los mostró agrupados, referentes de la oposición apuntaran a ello al momento de analizar las novedades, forzando a las autoridades a dar explicaciones tardías al día siguiente. Y anticipando un nuevo debate en la Legislatura, que ya no podrá incidir sobre lo firmado (y en vías de una previsible homologación en la Corte), pero sí sobre muchas cuestiones aún por definir en el futuro inmediato.