Domingo 30.1.2022
/Última actualización 14:29
"Generamos, ejecutamos y gestionamos una política de transporte federal e igualitaria, para conectar y llevar más oportunidades a todas las personas, en cada región de la Argentina". Ese es el slogan con el que el Ministerio de Transporte de la Nación abre su sitio web.
Si así fuera ¿por qué los santafesinos tienen que pagar un boleto de colectivos de casi $ 60, cuando en Buenos Aires sale alrededor de $ 20?
La explicación se resume en un reparto de subsidios centralista y desigual. Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires recibe del Estado Nacional $ 110 de compensación por cada pasajero, que permite a sus vecinos pagar un boleto promedio de $ 13 (contemplando los descuentos que tienen estudiantes, jubilados, beneficiarios de AUH, etc.); a Santa Fe llegan $ 40. Esto lleva la tarifa promedio a $ 29, un valor que cambiará esta semana, cuando el 1 de febrero aumente el boleto de $ 42,35 a $ 59,35 en la ciudad de Santa Fe.
La misma situación viven numerosas ciudades del interior del país. El pedido para que la distribución sea más equitativa, o para que simplemente se aumente el monto que se destina al resto de los municipios, es casi unánime. Reúne a la mayoría de los intendentes, a los concejos deliberantes, a los empresarios, a los gremios y sus trabajadores. Y deberían pedirlo también los pasajeros, no solo para no pagar más sino para viajar mejor, o para no viajar peor.
Las empresas vienen advirtiendo hace meses las dificultades económicas y financieras que tienen para brindar el servicio: la ecuación ya no cierra; no sólo por el desfasaje de los subsidios que reciben, sino porque los sucesivos incrementos de tarifa no acompañaron a la inflación. Lo reconocen los intendentes y los académicos que entienden del tema. Todos coinciden en que una tarifa que supere los $ 100 es impagable para los vecinos y genera un círculo vicioso que termina con una caída más profunda de pasajeros.
Mientras impera esta realidad, en Santa Fe se tomó la decisión de ofrecer un esquema de transporte posible, lejos del ideal. Esto implica achicar recorridos y frecuencias, es decir, un peor servicio para los ciudadanos. Es lo que permite la emergencia. El Municipio trabajó los cambios con los empresarios, y ya se presentaron a concejales de la oposición y a vecinalistas en busca de consensos. Por ahora, las modificaciones serán graduales en las líneas 4, 5 y 8, en particular en los barrios Centenario y San Lorenzo. Y además, en la línea 2, en El Pozo. Es probable que surjan más, pero están en estudio.
Este paso, dentro de una coyuntura muy complicada, traerá consecuencias. Más aún en una ciudad como Santa Fe muy poco descentralizada. Cada día, miles de vecinos están obligados a movilizarse; deben llegar al trabajo, a la escuela, a la universidad, a hacer trámites o compras. Santa Fe está lejos de ser esa "Ciudad de los 15 minutos", el concepto que acuñó Carlos Moreno, el urbanista, científico y catedrático universitario franco colombiano que esta semana dejó esa idea en una excelente charla abierta en la plaza Pueyrredón. La propuesta se basa en generar barrios autosuficientes donde todos los servicios esenciales estén a quince minutos o menos en bici o a pie: moverse menos para vivir mejor.
Sin un sistema de transporte público eficiente y sin servicios en sus propios barrios, los vecinos buscarán otros modos para llegar. Abarrotar de autos las calles, no es una buena política,ni de uso del espacio público, ni de tránsito, y mucho menos de cuidado del medioambiente. En un colectivo pueden viajar 60 pasajeros, pero si cada uno de ellos se trasladara en un auto, ocuparían una cuadra entera de una avenida de cuatro carriles.
La moto es la peor opción por sus consecuencias nefastas en la seguridad vial, pero es la más práctica: es económica, rápida, otorga independencia porque no hay que esperar un horario; y por los escasos controles que existen, hasta llevan a 4 pasajeros a bordo. Una locura, pero es lo que todos vemos en las calles. Un informe de la consultora P&G (de Pablo Olivares y Gonzalo Saglione) da cuenta de un dato que ocurrió por primera vez en 8 años, el período del que los autores tienen registro: durante 2021 se patentaron más motos que autos en la provincia de Santa Fe. ¿Cuántas? 10.523. En concreto, se registraron 47.631 motos, contra 37.108 autos, un 22% más.
El uso de la bicicleta también ha crecido; pero falta infraestructura vial -más ciclovías y bicisendas- y mayor seguridad, para evitar robos y caídas riesgosas.
Un lector planteó dos ideas interesantes, y las hizo llegar a la Redacción, bajo este disparador: "¿Notó que diferente es la ciudad en esta época del año de cuando funcionan las escuelas, que todo se desborda? Sería bueno hacer un estudio de horarios laborales y escolares para que sean más flexibles y no se junte a todos a la misma hora", expresó. Y agregó otra propuesta: "Los grandes centros de empleo deberían destinar estacionamiento para al menos un 60% de sus trabajadores. Casa de Gobierno y Municipio obligan a tener cocheras, pero ellos no las tienen". La discusión pública siempre enriquece, y allí los medios de comunicación tienen un rol esencial como amplificador de voces.
Santa Fe necesita con urgencia un plan de movilidad que tenga al ciudadano como centro y a la ciudad futura como punto de partida, con fuerte impronta en el cuidado del medioambiente. Para eso es necesario conocer, con datos estadísticos, cómo y para qué se mueven los vecinos, con un diagnóstico preciso de los cambios que dejó la pandemia. Y si en ese estudio se detectan movimientos innecesarios, ofrecer soluciones.
El gobierno municipal (en realidad todos los gobiernos locales) tiene un gran desafío por delante, que no es exclusivo de la gestión actual, sino que debe ser adoptado como política de Estado para que las siguientes puedan continuarlo.
Hoy se requiere de una rápida reacción de las autoridades para tomar decisiones que eviten que el escenario empeore en el mediano plazo. E implica recolectar y ordenar las ideas; bajar pautas claras a la comunidad, con cambios de normativas si es necesario; mejorar la infraestructura vial y barrial; y ofrecer servicios públicos más sustentables para una buena calidad de vida en la ciudad.