El juicio a Sain es político

Semana clave para que en sesión conjunta de ambas Cámaras se trate o no la suspensión de Sain por seis meses y una rebaja de su sueldo. El ex ministro pidió un recurso de amparo por inconstitucionalidad y parece tener chances de obtenerlo.

Un simple ejercicio de imaginación aclara las cosas: resulta que un juez decide tomarse un año y medio de licencia sin goce de sueldo y en ese lapso el magistrado es noticia una y otra vez por todo tipo de sabrosos escándalos por la forma en que habla de las autoridades y de los ciudadanos, en público o en privado, con manifestaciones políticas partidarias muy jugadas y utilizando expresiones racistas. Además, al ejercer otro cargo como funcionario político durante ese lapso, la justicia le objeta una licitación porque parece hecha a medida para un oferente. ¿Puede ese juez seguir en su cargo? ¿Lo dejó realmente por estar de licencia o fue siempre juez? ¿En vacaciones un juez puede portarse mal? ¿Se hubiera esperado que termine esa licencia para un juicio contra su magistratura?

Preguntas como esas están en el centro del debate que esta semana tendrá (o no) una instancia clave para Marcelo Sain al frente del organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación.

Como en el cuento del juez de los escándalos en vacaciones, debe entenderse que Sain nunca dejó de ser el titular del OI al mismo tiempo que era ministro de Seguridad del Poder Ejecutivo. Nunca fue un ex integrante del MPA. Que sus escándalos hayan sido en goce de su licencia, no cambia las cosas, razonan quienes lo acusan.

La pregunta que resume su situación es: ¿Tiene Sain la idoneidad, independencia y objetividad para encabezar las investigaciones más complejas en el MPA?

Para el jueves 1ro de julio fue convocada una sesión conjunta de ambas Cámaras para suspenderlo por 6 meses, y bajarle el salario a la mitad, pero se postergará si prospera el recurso de amparo que Sain ha presentado por inconstitucionalidad ante el fuero laboral de Rosario.

Tiempos

Una demora en la Legislatura le dará tiempo al Ejecutivo, que no ha disimulado su apoyo al ex funcionario, para lograr algo muy difícil pero no imposible: evitar que la Cámara de Diputados tenga los dos tercios necesarios para aplicarle una dura medida disciplinaria y hacer avanzar el proceso.

No debe perderse de vista que eso ocurrió con uno de los dos vetos del gobernador Omar Perotti: el que hizo que Santa Fe perdiera la posibilidad de tener una ley de transparencia que regule la información sobre los gastos reservados. La ley no fue confirmada en Diputados, sí en el Senado. (Ojalá la Cámara alta, en esta décima oportunidad que le dan los diputados, consagre una ley de acceso a la información pública).

El problema para la Casa Gris es que la otra norma que sí quedó firme, es la que fija nuevas incompatibilidades para el MPA y la Defensa. Sain cuestiona su retroactividad con razón, pero si el juicio se inicia la valoración de los legisladores será política, no jurídica.

En la Corte

En la Legislatura se espera con ansias que la Corte falle respecto de la constitucionalidad de los procesos como el que ahora puede enfrentar Sain, llevados a cabo contra fiscales y defensores. Parece que habrá novedades.

En febrero de 2020 El Litoral reveló que el por entonces ministro de Seguridad Marcelo Sain no había renunciado a su cargo en la Justicia para integrar el gabinete del gobernador Omar Perotti. Todos en ambos poderes lo aceptaron y entonces se perdió la posibilidad de darle una solución jurídica al problema de tener a Sain con un cargo en la Justicia y otro en el Ejecutivo.

Ahora la resolución será política. Lo es el juicio que se busca hacerle en la Legislatura. Y su defensa también, aunque se apoye en argumentos jurídicos y presentaciones ante la justicia, y cuenta con el respaldo de la Casa Gris.

Una vez que el proceso se inicie no se limitará a las incompatibilidades de una supuesta ley anti Sain: analizará su conducta como ministro porque nunca dejó de ser director del OI, en goce de su licencia.