"La segmentación tarifaria permitirá un ahorro que oscilará entre $15.000 y 20.000 millones para este año y va a superar los $80.000 millones el año que viene". Lo dijo Darío Martínez, secretario de Energía de la Nación, uno de los dirigentes cristinistas que maneja el área.
En sólo 6 meses de este año, el gobierno nacional gastó $764.483millones en subsidios a la energía, un 38% más en términos reales (descontada la inflación) en comparación con igual período de 2021. Son cuentas oficiales ofrecidas por la Oficina Nacional de Presupuesto en base a datos del Sistema Integrado de Información Financiera.
Así, un funcionario kirchnerista anuncia un recorte de subsidios para aminorar el déficit fiscal. Y un informe oficial señala que el ahorro que la segmentación produciría, sería inferior al mayor gasto de la administración pública nacional en ese rubro. Una administración que no tiene financiamiento ni logra atemperar la inflación que a todos empobrece, pero que pega más en los sectores más vulnerables, a los que el gobierno alega defender.
¿El problema es la inflación? Alberto Fernández así lo confirma, omitiendo toda referencia a la emisión. Alega razones en el contexto internacional por la invasión rusa a Ucrania, el costo de gestión ante la pandemia (reflotó el argumento en las últimas horas), la especulación de los empresarios y la malicia deliberada de medios de comunicación.
Con Estados Unidos a punto de acumular dos trimestres de PBI negativo (recesión técnica), inflación récord (9,1% interanual) y suba de tasas en la FED (los inversores vuelan a la calidad), el dólar se fortalece. Los commodities bajan, incluso a pesar del impacto de las decisiones de Vladimir Putin, mientras la Argentina marcha a su peor campaña de trigo (que traería dólares en verano) de los últimos 15 años.
Así que el frente externo explica parte del problema. Pero sucede que la inflación argentina se proyecta en 10 veces la norteamericana (o la uruguaya, o la chilena), y la pandemia ya no es un gasto decisivo en las cuentas nacionales. Si los medios de comunicación fueran capaces de engañar a la opinión pública, el kirchnerismo no hubiera sido electo en cuatro de los últimos 5 períodos. Y si los empresarios especularan contra el mercado, se quedarían sin negocios.
Ni los números ni la lógica facilista excusan al gobierno de su responsabilidad; sin rumbo ni administradores eficaces, la decadencia se precipita en trauma. La Casa Rosada puso a Gabriela Cerruti para imponer su relato; la censura y la descalificación de las preguntas no solucionaron la realidad. El presidente decidió disolver la Unidad de Comunicación de Gestión Presidencial por su inutilidad previsible; eso sí, le mantuvo el rango (el sueldo) de ministra a Cerruti.
En el primer semestre, la Administración Nacional registró un déficit primario de $1.395.180 millones y uno financiero de $1.922.347 millones, desmejorando ambos resultados en 92,1% y 51,8% año contra año, respectivamente. Esto fue resultado de una caída real de los ingresos totales contra una expansión de los gastos totales de 9,6% entre el primer semestre de 2021 y el de este año.
¿Cómo se financia eso? El indicador presupuestario señala la omisión del discurso oficial. Es cierto -necesario- que la actividad industrial crezca, pero la dinámica macroeconómica con ingresos tributarios creciendo al 2,8% y gastos subiendo al 10,7%, traza un camino sin destino pacífico ni sustentable.
"Al 30 de junio los gastos totales ascendieron a $7.244.098 millones, equivalentes al 44,1% del crédito presupuestario vigente. Superan ese nivel de ejecución los programas sociales y los subsidios energéticos", informa la OPC. Aprobar un salario o asistencia al estilo IFE como propone ahora Cristina, y acallar a los medios -suponiendo que eso no violara libertades esenciales de la República o la condición humana- no solucionarán el problema. Incrementar el gasto sólo agravaría la frontera decisiva que Silvina Batakis tiene en septiembre, ante la deuda en pesos que el kirchnerismo menosprecia.