La oposición agilizó las reuniones y las coincidencias en cuestionar el entendimiento sellado por Perotti con la Nación y amenaza con no validar el decreto a firmarse con AFIP. Pero también el gobierno pudo unificar a todo el justicialismo en defensa de lo firmado.
Los días económicos y financieros son cada vez más complicados para el gobierno nacional, que con la salida de Martín Guzmán entró en una vorágine de incierto final. Las señales y las declaraciones de Silvina Batakis no parecen aún conformar al sistema financiero. La política está preocupada, y en algunos casos, ocupada de buscar una puerta de salida lo menos traumática posible.
En la provincia, hay seguimiento permanente del gobierno al sector productivo para ayudarlo a superar obstáculos puestos por las restricciones cambiarias y hubo un planteo oficial ante Daniel Scioli. En tanto, Omar Perotti tuvo detalles de primera mano de la situación del gobierno de boca de Wado de Pedro y de Juan Manzur.
En el mientras tanto, en la política vernácula siguen las repercusiones tras el acuerdo de Perotti con el ministerio de Economía por la deuda de Nación para con Santa Fe. Más allá de los términos técnicos, en términos políticos el entendimiento parece delimitar bien dos campos: por un lado la Casa Gris ha podido encolumnar a todo el justicialismo en defensa del acuerdo lo que no es poco tras las desavenencias de la primera etapa de gobierno y mientras se precipita el 2023. Pero también la mayoría de la oposición parece converger en el reclamo que, además, acelera los pasos para el 2023. En las reuniones realizadas en el aula Alberdi de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL y en el salón Metropolitano de Rosario, los referentes de la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista y el Pro no dudaron en mostrarse juntos. También estuvieron otras fuerzas como el PDP, Creo y Gen, restando saber qué rol jugará la Coalición Cívica. Si Felipe Michlig cuando asumió la conducción de la UCR dijo que iba a trabajar por un frente de frentes, no imaginó sentarse tan pronto con el socialista Enrique Estévez y el macrista Cristian Cunha, como ocurrió el miércoles pasado cuando ocuparon la cabecera de la reunión.
Dos lazos unen la postura opositora y prometen hacer bandera con ambos temas. Primero, que el Poder Ejecutivo salde en este año las acreencias de municipios y comunas por la deuda de Nación. La reanudación de la actividad legislativa tendrá en Diputados el tratamiento de un proyecto del socialista Nicolás Aimar. Apunta a que los municipios y las comunas puedan solicitar de inmediato el dinero que les corresponde. "Queremos salvaguardar los intereses de los municipios y comunas estableciendo un mecanismo voluntario y alternativo de cobro de los fondos que les fueran indebidamente retenidos", explicó. Los radicales pretenden sumar al texto alguna otra inquietud para dejarlo en las puertas del Senado. El otro aspecto es el rechazo a avalar una detracción del 1,9% de la coparticipación para financiar a Afip. Perotti y el presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, dejaron en claro algunos puntos el último martes: no habrá detracción sin aval legislativo, dijo el gobernador, y prometió que irán todos los funcionarios que sea necesario para explicar los alcances y supuestas ventajas de la iniciativa. Farías garantizó que están dispuestos a escuchar todos los argumentos en el debate parlamentario, pero advirtió que -en principio- no aparecen razones políticas, económicas ni tributarias para avalarlo. Es más, en el encuentro del miércoles en Rosario se escuchó un informe técnico que asegura que las provincias que firmaron el acuerdo con Afip no exhiben mejores niveles de recaudación que la Api Santa Fe.
Ambos temas mantendrán unido a todo el arco opositor con anclaje en intendentes y presidentes comunales ansiosos de disponer este año de los fondos que deberán destinarse a gastos de capital. Obras son amores y más en tiempos electorales.
El acuerdo de ejecución de sentencia, en tanto, será el estandarte de Perotti y del justicialismo. El gobernador pudo cerrar el acuerdo y los recursos le permitirán acelerar trabajos en un año electoral y le dan tranquilidad económica financiera a lo que resta de la gestión. Eso lo valora la dirigencia justicialista, que también se puso en carrera para 2023.