El Presupuesto sale a escena

El proyecto de ley general de Presupuesto 2023, y la respectiva Ley Tributaria, asoman como el tema central de la agenda del Senado para la semana que se inicia. Hay acuerdo de tratamiento preferencial; si la mayoría justicialista -ahora consolidada en doce miembros- consigue los dictámenes de comisiones, serían aprobados ambos mensajes salidos de la Casa Gris en los plazos que indica la Constitución santafesina. Será clave conocer la postura que adopten los siete senadores opositores. ¿Votarán juntos? A favor, abstención o rechazo. Son las tres posibilidades decisivas a la hora del juego de los dos tercios, necesarios en caso de modificaciones durante el paso de los temas por la Cámara de Diputados.

"La redacción actual del Presupuesto no pasa por Diputados" afirman tres líderes opositores de ese cuerpo, que participarán en la discusión de la letra chica de la futura norma que le dará instrumentos de gobierno para el último año de la gestión de Omar Perotti. En los hechos, indican los líderes parlamentarios, es una ley clave para el Poder Ejecutivo especialmente ante un año electoral. "La letra del Presupuesto define, de manera expresa o tácita, los márgenes de maniobra que tendrá la gestión del gobierno saliente en su estrategia de retirada y configura la herencia que dejará a la futura gestión", explica un conocedor de los vericuetos que esconde la norma, que siempre se discute sobre fin de año o a principios del siguiente, si no llega el acuerdo antes de Navidad.

"No habrá tratamiento exprés" en Diputados, coinciden los tres líderes, aunque saben que es necesario darle la herramienta al Ejecutivo, especialmente en año electoral.

Una de las principales objeciones en Diputados es la redacción del artículo 33, que dice: "establécese que los incrementos de recursos estimados a percibir de libre disponibilidad por sobre los montos contenidos en la presente ley, no se encuentran alcanzados por las limitaciones del artículo 33 de la Ley 12.510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado". Con recursos subestimados, inflación subestimada, esa redacción es dejar al Ejecutivo con las manos libres para hacer política en un año electoral con cifras superiores a los 500 mil millones de pesos, coinciden en estimar los opositores. En los últimos años, esas mayores disponibilidades tuvieron destinos específicos, especialmente para fortalecer el sistema sanitario de Rosario o bien para mejorar el sistema lumínico de avenidas de Santa Fe y Rosario, como ocurrió en la ley vigente para el presente ejercicio.

Así como el 33, hay otros artículos que implican autorizaciones especiales y delegaciones de facultades de carácter extraordinario y que los asesores de bloques de la oposición sugieren mirar con mucho detenimiento. Una de ellas permite ampliar la planta de cargos permanentes, o a la toma de deuda a corto plazo que impactará en la gestión posterior.

Esto son apenas algunos de los ejemplos de la disputa política por esta ley tan especial, donde por primera vez estarán parte de los recursos obtenidos por el fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante el reclamo santafesino por la detracción de fondos coparticipables de Ganancias y de Autarquía Afip.

El ministro de Economía, Walter Agosto, se sentó en septiembre con varios de los actores legislativos anticipándole detalles gruesos del proyecto. Por ahora, por el despacho del primer piso de San Jerónimo y 3 de Febrero, parece pasar la negociación política de esta norma. En Diputados dan por descontado que cuando llegue el proyecto lo citarán para discutir la letra chica. Un clásico de todas las etapas institucionales.

En la redacción de la futura norma tributaria hay quejas -por ahora en voz baja y sin documentos públicos- de intendentes y presidentes comunales. Es por las subas previstas de dos recursos claves para ellos y no tanto para las arcas provinciales: Patente e Inmobiliario. Las subas previstas por el Ejecutivo son del 50 y entre el 40 y el 60%, respectivamente, por debajo de la inflación prevista por analistas privados. Los gobernantes locales también tendrán elecciones el año próximo y no quieren estar sin cobertizo.