En Diputados se votó una resolución que pasó casi desapercibida, en el Senado sucedió algo parecido, pero luego el presidente provisional Felipe Michlig, que condujo la sesión, tomó la palabra desde el estrado y aclaró: "hemos votado un receso que esta vez, a diferencia de otros años, será solo administrativo, del 8 al 21 de julio" y aclaró: "no es un receso legislativo".
El radical de San Cristóbal fue prudente respecto de la decisión en cuanto a sus antecedentes, que los cronistas parlamentarios más experimentados ya vieron aisladamente en unas pocas oportunidades: receso sólo para cumplir con la legislación laboral, pero no para los legisladores que "vamos a seguir al pie del cañón en esas dos semanas y como corresponde por ley habrá un receso administrativo para quienes colaboran con nosotros a diario", dijo el presidente del Comité Provincial de la UCR. Y siguió: "desde el punto de vista legislativo todo sigue con normalidad". Obviamente, lo dicho no quiere decir que haya sesiones en el período señalado.
Mirá tambiénDiputados buscan recuperar el legado federalista de Santa FeUna lectura superficial vincula de inmediato la decisión asumida por unanimidad por los 50 diputados y los 19 senadores provinciales con las reacciones de los dirigentes políticos al discurso "anti casta" que predomina en el país y tantos réditos le ha dado al presidente Javier Milei. Otra algo más atenta a la marcha de la gestión de gobierno provincial y en especial al panorama legislativo indica que la explicación para la tribuna tendrá alguna resonancia respecto de lo anterior, pero que lo importante pasa por no detener el almanaque durante dos semanas en las comisiones de sendos cuerpos deliberativos y, sobre todo, en una bicameral que hoy se muestra particularmente activa y tiene fecha de vencimiento: la que analiza los números de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe.
La ley que primero votó el Senado y luego corrigió Diputados bajó de 90 a 45 días su actuación, que quedó limitada a la producción de un informe a girar trasladar al Poder Ejecutivo Provincial en muy poco tiempo. En términos parlamentarios, un mes y medio es un plazo breve. De hecho, la semana próxima habrá más reuniones y desfilarán ante la bicameral de reforma previsional más interesados en exponer sus opiniones, sobre todo gremios y otras entidades que representan intereses corporativos como las asociaciones de magistrados que ya hicieron llegar a los legisladores su punto de vista por nota.
El gobierno provincial, que cuenta con cómodas mayorías en ambas Cámaras, no quiere demorar el proceso lleva a una reforma del sistema previsional para mejorar los números de su déficit. Su objetivo es completarla en 2024. Insiste en que el rojo proyectado de 400.000 millones de pesos es soportado por el conjunto de los santafesinos y que solo los estatales gozan de los beneficios jubilatorios muy superiores a los de Anses. A nivel nacional más del 95% de las jubilaciones son la paupérrima mínima. En la provincia son escasos los haberes de pasivos en el piso de la escala. Las malas lenguas dicen que aún subsisten 8 jubilaciones de privilegio, que no cuentan para la contabilidad pero sí son un símbolo de la idea de que, en efecto a lo largo de décadas tanto durante los años de la dictadura como de las instituciones democráticas, hubo (¿hay?) castos y castas de abusadores.
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