Sordos ruidos, oír se dejan…

La fecha de fundación de la ciudad de San Lorenzo, a orillas del Paraná, en la provincia de Santa Fe, se desconoce, pero el Concejo Municipal sanlorencino decidió en 1984 fijarla el 6 de mayo de 1796: ese día los frailes franciscanos llegaron y comenzaron la evangelización de la zona. Conocida y reconocida por la histórica batalla, hoy es un enclave estratégico desde todo punto de vista. En esta semblanza actual, insoslayable resalta además la terrible trama del Caso Perassi (la mujer desaparecida presuntamente muerta), aún irresuelto en forma definitiva, por lo menos en el estrado judicial.

La San Lorenzo de hoy parece estar en el punto de mira. Sobre todo sus expresiones institucionales, como son sus políticos, jueces, fiscales, policías, legisladores. Si no todo, buena parte de este protagonismo actual, se debe a la embestida contra su máxima expresión política, el reelecto senador Armando Traferri, histórico referente y dirigente justicialista de la región y de la provincia, predilecto en el electorado y en la gente de la ciudad cabecera, y de todo el departamento del mismo nombre.

La persecución penal intentada ha incluido su citación, la intentona de desaforarlo endilgándole fútilmente cualquier cosa; hasta la inaudita pretensión de declarar inconstitucional a la propia Constitución de la provincia. Nada de esto ha prosperado y nada de esto parece que vaya a prosperar.

El otro estertor persecutorio por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia se dio sobre la fiscal adjunta Melisa Serena, con funciones asignadas en la ciudad de San Lorenzo. La funcionaria judicial fue sometida a una persecución y un hostigamiento rotundamente al margen de la ley y con la intención de incrementar la trama persecutoria contra Traferri.

El producto de esos aprestos persecutorios fue siempre bien magro, para no decir la nada misma. Imputaciones inverosímiles basadas en construcciones ficcionales; declaraciones vagas y difusas, arrepentidos que se arrepienten de haberse arrepentido; y sobre todo un accionar investigativo de dudosa legalidad y de poca eficacia, con investigadores ahora investigados , suspendidos, separados imputados e intervenidas.

La proyección del fracaso se va dando de abajo hacia arriba, el resquemor y la desconfianza empiezan a cundir; al desgaste natural de todo accionar torcido se le agrega ahora la revelación de que se han perpetrado actos puntuales que por indiligencia u otra cosa peor van descalificando lo que comenzó con un aparente desenvolvimiento regular.

Y en este último tiempo, han aparecido sapos y culebras a partir del "peinado" de la evidencia existente a partir del "espionaje ilegal", que involucra a funcionarios y a ex funcionarios. Esta causa es llevada adelante por agentes fiscales de la ciudad de Santa Fe.

En torno a la "trama sanlorencina", se ha dado una situación de vasos comunicantes entre diversas causas que van develando una verdadera trama siniestra de persecuciones e investigaciones al margen de la ley, precisamente por los estamentos y los agentes encargados de hacerla cumplir. La hipótesis de investigación va más allá y habla de la posible comisión de delitos en el desenvolvimiento estatal de lucha contra el delito.

Y todo esto conlleva que algunos jueces de la provincia terminen de abandonar la cómoda posición de escribanía del MPA para asumir frontalmente el rol procesal de tutores de las garantías de los ciudadanos. Y como no podía ser de otra manera, hay hoy una suerte de revisionismo dentro del propio estamento acusador, que busca desandar un camino equivocado y mejorar una imagen maltrecha. La última expresión la constituye el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia que, avalando la tesis jurídica de la camarista Viviana Alonso, cerró definitivamente la investigación contra Melisa Serena; la fiscal sanlorencina perseguida, dañada y perjudicada, por defender sus derechos como funcionaria y como mujer.

Un párrafo aparte del "caso Serena" merece la calamitosa actuación de la Legislatura provincial, que literalmente con nada, la suspendió durante 90 días, y no la destituyó porque la experiencia de algunos pocos legisladores pudo más que la pacatería y el oportunismo de otros y otras, con menos sapiencia y menos coraje. La "trama" judicial sanlorencina demuestra que un árbol venenoso solo puede dar frutos venenosos, que no quiere tragarse nadie.

* Abogado