Santa Fe elige candidatos a jueces con nuevas reglas y disputa de fondo

El gobierno de la provincia puso en marcha el procedimiento para cubrir 108 cargos vacantes en el Poder Judicial de Santa Fe, lo que incluye magistrados, fiscales y defensores. Lo hizo casi en simultáneo con el anuncio del refuerzo de partidas presupuestarias para cubrir la política salarial del personal, uno de los motivos de los reclamos que lleva adelante el gremio y que se tradujo en paros de carácter inédito en la historia institucional reciente de la provincia. Un reclamo que no mereció respuesta inmediata cuando lo formuló la Corte Suprema de Justicia, pero que sí encontró eco (y concreción) en el marco de un encuentro con la titular del Ministerio Público de la Acusación. La novedad fue presentada con fuertes imputaciones al manejo de los recursos que lleva adelante el Alto Tribunal, y mereció una escueta pero airada réplica a través de un comunicado oficial, en el que se tilda de "falaz" al discurso del gobierno.

Los otros temas que alimentan el conflicto judicial son, por un lado, la demora en la firma de decretos de nombramientos y ascensos. El Ejecutivo no avanzó al respecto, pero dejó en claro que no se producirán de manera "automática", sino previo estudio. Y, por el otro, lo que identifican como un ataque a la independencia del Poder Judicial, en la movida del Ejecutivo para renovar la integración de la Corte Suprema de Justicia (lo quieran o no sus actuales integrantes) y también en algunas declaraciones del gobernador hablando de "privilegios".

En este marco convulsionado, la puesta en marcha de los concursos viene a suplir un período de 10 meses en los que, con una sola excepción, no se enviaron pliegos a la Legislatura y luego de que cayeran los enviados por el gobierno anterior cerca del final de su gestión. En ese lapso, la cobertura de vacantes fue un insistente reclamo de la Corte, que tuvo como respuesta la voluntad expresada por el Poder Ejecutivo de plantear un esquema de prioridades antes de avanzar. Y con ello, se desató una verdadera andanada de cruces documentales y un nuevo campo de desacuerdos.

Cambio de parámetros

Precisamente, el original intercambio de comunicaciones entre ambos poderes (del cual diera cuenta oportunamente El Litoral) cobró nuevo impulso en el actual contexto. Y también tuvo como condimento el hecho de que los pliegos correspondientes a la Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria, fueran los únicos enviados por el Poder Ejecutivo hasta el momento. Y que si bien los concursos se llevaron a cabo con el reglamento anterior del Consejo de la Magistratura, que preveía un orden de mérito, ese parámetro no fue tomado en cuenta por la Casa Gris al momento de hacer las propuestas; a diferencia de lo que venía ocurriendo en anteriores gestiones.

Los concursos que ahora están en marcha se realizan con régimen, según el cuál el jurado se limitará a determinar qué candidatos superaron la instancia y a remitir al gobernador un listado por orden alfabético.

Planillas cruzadas

Tal como informara este diario, en la reunión del domingo 8 de septiembre pasado, los ministros de la Corte insistieron al gobernador Maximiliano Pullaro y a sus ministros con la necesidad de cubrir las vacantes en cargos judiciales. Desde el Ejecutivo se les requirió información detallada sobre la carga de trabajo en cada uno de los tribunales de la provincia, para sobre esa base establecer prioridades, y se hizo notar que tales datos habían sido solicitados a principios de año y no provistos en los términos esperados.

Así lo hizo notar el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, invocando el compromiso de la Corte de proporcionarlas de inmediato. Pero la respuesta formal remitida por la Corte al inicio de la semana hábil fue que esas planillas, requeridas en el mes de enero, habían sido enviadas a principios de febrero.

Según el gobierno, esa información estaba incompleta. "Era para poder hacer una planificación sobre los cargos que vamos a nombrar, que no son cargos baratos. ¿Cuál fue la la contestación del Poder Judicial? Mandarnos todos los cargos que estaban vacantes. Entendimos que no era lo correcto. Nos costó mucho construir esa información porque es información interna de otro poder", sostuvo el gobernador, en alusión a que las estadísticas de movimiento de expedientes remitidas se limitan precisamente a esos juzgados, y no a la totalidad.

70 vacantes

La discusión volvió a avivarse luego de, en los últimos días, Pullaro reeditase el reclamo y el reproche: "Lo que le pedimos a la Corte es que nos dé los datos de cómo funciona cada uno de los juzgados para cubrir vacantes y esa información no nos llegó".

Acto seguido, Pablo Cococcioni aludió a los términos de los requerimientos y la respuesta recibida. Por un lado, "pedimos prioridades de coberturas de cargos. Hay una reforma en marcha, no podemos nombrar por nombrar. Me contestaron con una planilla con 70 vacantes". Por el otro, añadió un elemento hasta ahora no expuesto públicamente: "Quiero saber cuántas horas trabajan los jueces. Quiero saber dónde ya no dan más y donde pueden esforzarse más".

Precisamente, ese planteo forma parte de un nuevo intercambio de comunicaciones, que había tenido lugar durante el mes de septiembre, pero que hasta entonces no había trascendido.

Cargas y prioridades

Tras el intercambio original, y en el curso de la semana posterior a la reunión en casa de Gobierno, Cococcioni envió una nota al presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, donde recuerda el requerimiento original "a tres semanas de haber asumido", de información detallada sobre carga de trabajo y productividad, recursos humanos y materiales con que se cuenta, prioridades de cobertura y situación de la infraestructura e instalaciones del Poder Judicial.

En esa nota, el ministro echa en falta en la respuesta proporcionada de "datos elementales" como carga horaria de los jueces, horas de audiencia, cantidad de empleados y funcionarios por dependencia, herramientas de gestión judicial, mecanización de procesos y necesidades edilicias, entre otros puntos. Y, particularmente, "una jerarquización o priorización" en orden a la cobertura de vacantes.

En una nueva respuesta, fechada el 27 de septiembre, la Corte proporciona más información estadística, como la realización de 80.700 audiencias en el fuero privado durante 2023 y 29.800 en el fuero penal, y también los sistemas informáticos generados desde la década del '90 y de los que hoy se dispone a tal efecto.

El documento se explaya sobre el marco normativo para la concurrencia de los jueces a sus despacho, especificando que es diario y ajustado a las necesidades del servicio, que por lo demás no se agota en esa instancia presencial.

Eficiencia y costo

También puntualiza el volumen de trabajo canalizado por vía informática a través del Sistema de Gestión Judicial SISFE, que a la fecha acumula más de 9 millones de escritos, 2 millones de cédulas y 480 mil demandas presentadas a través de la plataforma digital.

El informe desarrolla el estado y las necesidades en infraestructura edilicia en toda la provincia, a la vez que desgrana todas las instancias de capacitación desarrolladas.

La misiva concluye abordando la controvertida cuestión de las prioridades en la cobertura de vacantes. Y consigna que, en ese espíritu, "no se advierte la necesidad" de cubrir los tres juzgados creados por la Legislatura y que actualmente no se encuentran en funcionamiento. Y mencionan expresamente el de primera instancia de Distrito en lo Laboral de Esperanza (con una previsión de 250 causas anuales) y el de Distrito de Venado Tuerto (con 350).

Con los concursos en marcha, y sin coincidencias en el trámite de requerimientos y respuestas, la eficiencia y el costo del servicio de Justicia, y los parámetros para tomar decisiones y definir políticas, siguen en el centro de un debate que, de momento, no muestra signos de clausurarse.