Más tarifas o déficit fiscal creciente, esa es la cuestión

Desde hace años da lo mismo subsidiar un hotel rico en Recoleta que un consumo industrial o un medidor en un barrio vulnerable. El “subsidio plano” -con privilegio en el Amba- es una regresiva tradición kirchnerista, que siempre benefició más a la “ciudad de agapantos y jardines colgantes”, que tanto atribula a Cristina y Axel.

Desde que se implementó la política facilista de la “cajita feliz”, cuando los superávit gemelos de Néstor Kirchner (2003/2007) ofrecían una oportunidad histórica, el país abandonó el racionalismo que proponía Roberto Lavagna (crear un fondo anticíclico) para zambullirse en una “redistribución” que no sólo no genera riquezas, sino que la agota. El fenómeno es parte decisiva del pobrismo.

La pelea entre Martín Guzmán y el subsecretario de Energía, Federico Basualdo, se inscribe en ese plano decadente. A instancias del Instituto Patria, la política energética debe distinguir entre los que tienen que pagar el aumento y los que han de recibir el subsidio. Será otro palo a la clase media. Pero el protegido de Cristina nunca hizo el trabajo de segmentación, decisivo en materia del proclamado progresismo fiscal (y de conveniencia electoral).

Guzmán desconoció que no puede echar a un funcionario de Cristina (por incapaz que sea), que proponía un solo aumento de tarifas de energía de un dígito, en lugar de los dos incrementos que el ministro reclama. La Casa Rosada desautorizó al titular de Economía, su subalterno se quedó en el cargo al menos por ahora y el Frente de Todos maquilla su unidad. No sin cotos.

La incidencia de los subsidios crece dentro de la estructura de erogaciones federales, “aumentando en 2 pp. su participación en el gasto corriente primario respecto a inicios de 2020. Al primer trimestre, acumulan una suba del 77% respecto al mismo período (+26% en pesos constantes), totalizando $ 185.925 millones (+$ 81.000 millones a/a) y explicando el 15% del crecimiento del gasto primario durante el período”.

El detalle está contenido dentro de un informe de Aerarium. En base a datos de la oficina de presupuesto del Congreso, la consultora señaló que “la ejecución presupuestaria del Gobierno Federal presentó un déficit mensual de $ 74.466 millones durante marzo, cuadruplicándose respecto al desequilibrio del mes anterior. En términos interanuales, el déficit primario se recortó un 40.3% (-$ 50.262 M), en tanto que agregando el pago de intereses el desequilibrio ascendió a $ 117.061 millones, en este caso cayendo un 29.6% respecto al mismo mes de 2020 (-$ 49.244 M), pero duplicándose respecto al dato de febrero”.

Traduciendo: Guzmán recorta el gasto, pero ese nivel de gasto y de déficit no es compatible con la meta de déficit fiscal del 4,5% que prometió el gobierno en un presupuesto que no contemplaba gastos Covid, que se volverán a repetir por vacunas insuficientes. De la misma manera que esa desconfianza fiscal y la renovación de la impresión de billetes sin respaldo ($ 190 mil millones que se suman este año a los 2 billones de 2020) prometen más inflación.

Mirando el panorama con algo más de amplitud, la tensión entre Guzmán y Basualdo también se verifica entre el ministro de Economía y el titular del Banco Central de la República Argentina. Miguel Pesce no cree en el atraso cambiario ni el control de precios (un camino de desabastecimiento relativos inminentes). Propone aumentar las tasas de interés mientras la UIA se queja porque no puede producir por debajo del costo… menos aún sin el financiamiento que tanto preocupa a la Unión Industrial de Santa Fe, habituada a consentir en silencio las dolencias del sector.

Alberto Fernández -o el Instituto Patria- con o sin Basualdo, con o sin Guzmán, ha de definir los incrementos y/o retrasos de las nuevas tarifas. Una decisión que en materia social, electoral y económica, traerá consecuencias.