Más de 40 denuncias contra jueces están paralizadas en el Consejo de la Magistratura

Con información de NA, Parlamentario e Infobae

La falta de actividad en el Consejo de la Magistratura pone en riesgo más de 40 expedientes abiertos contra jueces por presunto mal desempeño del cargo, ya que podrían caducar en los próximos meses sin que hubiera habido avances en la investigación, advirtió una ONG.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) envió una nota a las autoridades del Consejo de la Magistratura de la Nación para alertar "sobre la enorme cantidad de procesos disciplinarios cercanos a caducar por estar próximos a cumplirse tres años desde que se realizaron las respectivas denuncias".

Según el análisis realizado por la organización en base a la información que provee el Consejo de la Magistratura, en los próximos nueve meses (noviembre 2022 – agosto 2023) caducarán un total de 41 expedientes, si previo a ello no se toman medidas investigativas urgentes.

"La situación es especialmente grave dado que, al analizar los trámites de los procesos disciplinarios, advertimos que la inmensa mayoría muestra un estado de inacción casi absoluta, sin medidas relevantes para investigar los hechos denunciados", remarcó ACIJ.

Y añadió: "Así, en 34 de los 41 expedientes por caducar no se tomó ninguna medida relevante a fin de promover el tratamiento de las causas. En sólo un 12% del total, la Comisión de Disciplina y Acusación se expidió acerca de la adecuación de las denuncias a los requisitos formales mínimos. Y en apenas dos causas se ordenó la producción de alguna medida de prueba".

En este sentido, la ONG indicó que "es evidente que las excesivas demoras en el tratamiento de los expedientes disciplinarios no se encuentran justificadas por la realización de medidas durante ese período de tiempo".

"Del total de 3.584 casos que conformaban la base a la fecha de corte de este informe, se identificaron un total de 224 casos desestimados por el transcurso del tiempo", precisó.

Ante este panorama, ACIJ explicó que "el instituto de la caducidad, que tiene sentido en cuanto a que no puede dilatarse indefinidamente una investigación contra un magistrado o magistrada, en estos casos sólo puede entenderse como `ausencia de justicia´: un desmerecimiento y desatención de la presentación realizada por las personas denunciantes así como también a las y los magistrados denunciados".

"En cualquier caso, la caducidad resulta completamente inaceptable cuando es el resultado de que no se hayan realizado acciones tendientes a esclarecer la verdad", agregó.

Para la reconocida ONG, "poner en marcha las medidas adecuadas para que los procesos disciplinarios tiendan a aclarar y resolver las problemáticas que los originaron contribuiría al crecimiento de la confianza en la independencia y transparencia de los y las juezas, en miras a un ejercicio responsable de las facultades disciplinarias sobre magistradas y magistrados atribuidas por la Constitución Nacional al Consejo de la Magistratura".

Por ello, reclamaron a las autoridades del órgano, encabezado por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que "arbitren las medidas necesarias para que los expedientes disciplinarios actualmente abiertos sean resueltos a través de los procedimientos regulares, evitando dilaciones innecesarias así como su finalización por el simple paso del tiempo".

Días atrás, legisladores nacionales del Frente de Todos habían enviado una carta al titular del máximo tribunal para "solicitar de manera urgente una audiencia para que arbitre los medios para la completa integración del Consejo de la Magistratura" y así "sacarlo de la parálisis".

Juez acude a la Corte

El senador nacional del PRO Luis Juez presentó un "per saltum" en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el máximo tribunal anule el nombramiento de su colega del kirchernismo Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura y para que le ordene a la presidenta de la Cámara alta, Cristina Kirchner, que lo designe a él en el órgano judicial.

Juez apeló directamente a la Corte Suprema el fallo de la jueza en lo contencioso administrativo federal María Alejandra Biotti que a fines de noviembre rechazó la medida cautelar que había pedido el legislador en su amparo. El per saltum es saltear una instancia, en este caso la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

El senador del PRO planteó con su apelación que la Corte "resuelva definitivamente" la causa. También alegó la urgencia que requiere el caso, por lo que le solicitó al máximo tribunal que "abrevien los plazos" que establece la ley y que "se habiliten días y horas inhábiles para todas las actuaciones a que dé lugar la tramitación del recurso".

La discusión es sobre uno de los cuatro lugares que le corresponden al Senado en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y acusación de jueces nacionales y federales y de la administración del Poder Judicial de la Nación. Concretamente, a la banca de la segunda minoría parlamentaria, luego de que los senadores justicialistas dividieran el bloque en dos, para de ese modo quedarse con tres bancas en el Consejo: dos por la mayoría y uno por la segunda minoría.

Sobre esa base, el Senado ya había elegido a Martín Doñate para ocupar transitoriamente ese lugar, que reclamaba Luis Juez, hasta el 18 de noviembre, cuando se renovó el cuerpo. En aquel momento, la Corte Suprema aceptó el planteo de Juez y apartó a Doñate del Consejo. El máximo tribunal explicó que el oficialismo hizo un "ardid" cuando dividió el bloque para quedarse de manera irregular con el lugar que en el Consejo le correspondía el PRO.

Tras la renovación del Consejo de la Magistratura, el Senado volvió a proponer a Doñate como representante de la segunda minoría. Explicó que el fallo de la Corte era para el período anterior del organismo y que para el nuevo podía proponer a Doñate, porque el bloque seguía dividido y le correspondía esa ubicación.

El Senado aprobó en una sesión -a la que la oposición no se presentó- sus cuatro representantes: Mariano Recalde y María Pilatti de Vergara por la mayoría, al radical Eduardo Vischi por la primera minoría y a Doñate por la segunda minoría. Los nombres están en la Corte Suprema, que decidió no tomarles juramento hasta resolver el caso de Doñate.

Pero Juez presentó una nueva causa judicial. Sostuvo que el fallo de la Corte sigue vigente y que el lugar le corresponde. La medida cautelar fue rechazada por la jueza Biotti. El senador hizo dos apelaciones: el per saltum a la Corte y también a la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Pero esta última fue presentada fuera del plazo y la magistrada la rechazó.

El senador por Córdoba planteó que el fallo que apartó a Doñate sigue vigente y que la segunda minoría del Senado es el PRO. Para eso citó uno de los argumentos que la Corte Suprema expuso en su fallo cuando apartó a Doñate. "Que la fecha de la notificación de la sentencia es el momento que el Congreso debe tener en cuenta para determinar cuál es el bloque de cada cámara que, por ser la segunda minoría, debe proponer el representante correspondiente, toda vez que no ha habido una nueva elección legislativa que haya modificado la composición de la cámara", dijo el máximo tribunal en su resolución, y desde entonces hasta hoy no elecciones para modificar los bloques.

Diputados también en Tribunales

También está en entredicho, ventilándose en los tribunales y en suspenso la designación de los cuatro represententes de Diputados, que en principio no revestía conflicto. La presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, propuso a los diputados Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade del Frente de Todos, Alvaro González del PRO y Roxana Reyes del radicalismo. Pero días después el juez en lo contencioso Martín Cormick dijo que a Reyes no le corresponde estar en el Consejo. Sostuvo que en base al fallo de la Corte también se violaría la representación porque hay un representante del PRO y otra de la UCR y que si bien son dos bloques distintos fueron juntos a elecciones en la misma boleta de la alianza Juntos por el Cambio.

Moreau apeló el fallo pero también retiró de la Corte Suprema los nombres de los cuatro diputados sobre quienes el máximo tribunal ya había aprobado su jura.

Ante eso, y tras una escandalosa sesión de la Cámara, el bloque de diputados de la UCR presentó este martes un amparo para rechazar la resolución de Moreau.

El amparo lleva las firmas del presidente de la bancada radical, Mario Negri, y de los diputados Roxana Reyes y Francisco Monti, quienes fueron nombrados como consejeros titular y suplente, respectivamente, para el período 2022-2026. Esta presentación se suma a la de Álvaro González, que también presentó un amparo para asumir en ese órgano, ya que consideró "nula" la resolución de la titular de la Cámara baja.

En el recurso impulsado por la UCR, los diputados también exigieron que se considere "vigente y consolidada" la resolución mediante la cual fueron nombrados a la Magistratura Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade por el oficialismo (dos por la primera minoría), Álvaro González (Pro) y Roxana Reyes (UCR).

En los fundamentos se resaltó que Cecilia Moreau a través de la resolución del 17 de noviembre del corriente año N° 1608/22, había admitido como válida la propuesta del bloque de la UCR y la designación de Reyes, quien había asumido como consejera en mayo cuando se completó la representación del Congreso en el organismo tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró la inconstitucionalidad de la ley de Consejo de la Magistratura aprobada en 2006.

"Esta interpretación originaria y auténtica del cuerpo (HCDN) es determinante para la legitimidad del acto y más aún cuando se ha repetido en dos oportunidades y por distintos presidentes de la Cámara. ESTA RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN NO FUE CUESTIONADA POR NADIE", resaltaron en la presentación.

"Se debe acotar que el fallo citado se asienta en una FALACIA, cual es la de asimilar la situación de la designación de los diputados/as a la de los senadores/as 'Juez/Doñate'. En Senadores se llevó adelante un ardid, engaño, artimaña, para birlarle un consejero al bloque Pro, a través de la división del bloque del Frente de Todos, en dos bloques, hecho este REALIZADO A SABIENDAS Y LUEGO DE HABERSE NOTIFICADO LA SENTENCIA DE LA CORTE", precisaron.

En ese sentido, compararon que en Diputados los bloques siempre "estuvieron divididos, son autónomos y tienen sus propias autoridades y funcionamiento independiente", y señalaron que "el juez a través de una evidente arbitrariedad y con la clara y aviesa intención de perjudicar a la UCR y a la diputada Reyes y al diputado Monti realiza esta temeraria y falsa asimilación".