Por Bryan J. Mayer
En las últimas horas se militarizó la “Macrozona Sur” del país trasandino con el objetivo de atenuar y controlar los ataques que se dan en el epicentro del conflicto mapuche de Chile.
Por Bryan J. Mayer
“La política de límites de Chile es política de Estado” señaló al autor el presidente Gabriel Boric en abril. Lo hizo como referencia al conflicto territorial que mantiene el país que gobierna con Argentina en la Antártida. Esa firmeza también alcanza a la situación que viven tras la cordillera respecto a comunidades Mapuches violentas que buscan quedarse con terrenos fiscales y privados, tal cual ocurre en nuestro país (donde la reacción Estatal es casi opuesta).
Al hablar de “política de Estado”, Boric señaló que algunas de las medidas o criterios que toman no sólo coincidieron con antecesores cercanos a su ideología, sino también con otros como Sebastián Piñera. Ahora, esa oración vuelve a resignificarse. Es que el actual presidente chileno decretó el Estado de Excepción en la región más difícil en la lucha territorial con mapuches. Vale recordar, sin embargo, que cuando Piñera estaba al mando y Boric era Diputado, éste se manifestó en contra de la misma determinación que adoptó el primero.
En Chile, los militares ya están patrullando La Araucanía y asegurando las garantías constitucionales de la población zonal. Durante las últimas horas los ataques se recrudecieron y se vieron hasta bombas incendiarias por parte de los integrantes de la región “Wallmapu”. En ese sentido, la Ministra del Interior y Seguridad Pública – Izkia Siches – indicó que “la seguridad no puede ser un asunto de derechas o izquierdas: es un desafío de Estado”, para explicar por qué toman una medida de semejante tenor implicando las Fuerzas Armadas en la protección de vecinos asediados por “familias ancestrales”.
A contramano del párrafo anterior, en Argentina vimos días atrás a la Ministra Gabriela Cerruti justificar los ataques Mapuches en la Patagonia nacional y su demanda territorial. Del mismo modo, infinidad de veces el gobierno nacional minimizó las agresiones a la población argentina y cargando de responsabilidades a las autoridades municipales y provinciales del sur. En ese sentido, y en los hechos, propio gobierno federal – a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que le depende – sigue otorgando tierras a familias que no logran justificar su antepasado originario. Por esto, quizá, tampoco es descabellado observar frecuentes denuncias de vecinos que indican que las Fuerzas Federales (como la Gendarmería Nacional Argentina) no actúan frente a distintas agresiones que recibe la población en localidades como Bariloche.
A contramano de Chile, que moviliza militares para defender sus intereses vitales como Nación y su propia soberanía, el kirchnerismo promueve – con slogan ideológicos de antaño - la entrega de tierras que pertenecen al Ejército Argentino y otras Fuerzas Armadas en todo el país.
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