Acuerdos define abrir o cerrar una investigación sobre el fiscal Edery

La Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa recibió este jueves 12 a la fiscal general del Ministerio Públicos de la Acusación, María Cecilia Vranicich, a la que se le plantearon inquietudes en dos direcciones: tanto por "la crisis de gravedad institucional" que muestra la Fiscalía Regional de Rosario como por las denuncias contra el fiscal Matías Edery, que se han iniciado internamente y ahora recaen sobre los diputados y los senadores, pero también en el fuero penal (que corren por cuerda separada, con otros tiempos y al margen de especulaciones políticas).

En diálogo con la prensa, Vranicich consideró que la situación debe ser considerada también como "una oportunidad" para mejorar el funcionamiento del órgano acusador al que encabeza desde hace solo unos meses (su pliego fue aprobado por unanimidad en abril). En ese sentido aceptó dejar un mensaje a los santafesinos y en particular a los habitantes de esa jurisdicción: "hay preocupación por el funcionamiento pero la Fiscalía Regional sigue y va a seguir trabajando, y las bandas criminales van a ser abordadas".

Ante una consulta, dijo que los legisladores transmitieron "su preocupación por la situación en el MPA ". Explicó que fue invitada a una "reunión de trabajo" ya que los integrantes de Acuerdos necesitaban conocer "cuál es mi visión" sobre la crisis y el desempeño de "las respuestas que hemos dado" con una suerte de intervención de tres despachos en esa dependencia. En todos los casos son Unidades que deben enfrentar "las violencias altamente lesivas", homicidios, balaceras y criminalidad organizada.

El trabajo de monitoreo (esa es la denominación técnica) ha quedado a cargo del auditor Leandro Mai que, según se comenta en Rosario, se ha instalado físicamente incluso en el centro de donde tienen sus escritorios esos fiscales.

La presidenta de la Comisión de Acuerdos, Lionella Cattalini, dijo que se obtuvo un panorama claro respecto de qué medidas ha tomado la Fiscal General sobre el funcionamiento del la Regional. Y la diputada socialista se negó a adelantar un comentario respecto de qué medidas podrían llegar a considerarse en la bicameral para el MPA de Rosario.

Tanto Cattalini como antes Vranicich pusieron fuertes reparos a una de las explicaciones que el miércoles brindó la fiscal regional María Eugenia Iribarren respecto de "los egos" que habrían llevado a que hoy existan 15 legajos disciplinarios en la Auditoría General del MPA producto de lo que su titular describió como "denuncias cruzadas" entre fiscales. Se produjeron como un efecto cascada a partir del inicio de una causa penal (comunicada al auditor) por los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno contra su par Matías Edery.

Ambos informaron de su labor a la prensa y dieron precisiones sobre la investigación en curso que incluyeron develar el nombre de una informante de Edery que ya había caído presa por extorsión, en otra causa vinculada a las extorsiones de Los Monos. Desde que es público (y conocido) el nombre de Mariana Ortigala la crisis en el instituto acusador rosarino muestra un panorama en el que los fiscales parecen haber quedado enfrentados en dos bandos. Iribarren por su parte negó que haya tal enfrentamiento y buscó la explicación de las vanidades personales que no ha sido del agrado ni de los legisladores ni de la propia fiscal general.

Tres reuniones

A esta altura vale la pena repasar lo ocurrido en Acuerdos desde que el auditor al considerar que "hay extremos que de probarse constituirían faltas graves" se inhibió de seguir adelante con el legajo disciplinario de Edery, que ahora está en la Legislatura.

Primero diputados y senadores de Acuerdos recibieron al auditor, en una reunión calificada por anfitriones e invitado como "informativa" y la saga concluyó con la llegada de Vranicich en un encuentro "de trabajo" según unos y otros; pero en medio se produjo la más tensa de las jornadas, con la presencia de la fiscal regional de Rosario, Iribarren.

Aún no hay fecha pero el próximo paso será que los 8 diputados y 4 senadores que forman parte de la comisión bicameral se reúnan y acuerden por unanimidad o voten por mayoría cómo seguir: primero si hay o no un avocamiento para iniciar un expediente (ahora legislativo) sobre Edery, y en la primera alternativa quién actuará como acusador para que por fin pueda el fiscal tener la oportunidad de defenderse y llevarse a cabo una revisión de su actuación que eventualmente podría derivar en un dictamen a considerar por una Sesión Conjunta de Ambas Cámaras.

Por otra parte, si la situación del MPA en Rosario requiere o no de medidas más drásticas respecto de su conducción, así como evaluar la marcha de las medidas dispuestas por la fiscal general sobre las oficinas a cargo de la fiscal regional.

Hay una diferencia seria entre las dos María de las que tanto se habla por estos días cada vez que se mencionan las investigaciones sobre Edery: mientras se cuentan con los dedos de una mano los meses que lleva María Cecilia Vranicich en el escritorio más importante del MPA (antes fue su auditora general), María Eugenia Iribarren ha estado "a cargo" de la fiscalía regional de Rosario tras el escándalo de las coimas del juego ilegal que produjeron las salidas de su antecesor (Patricio Serjal que renunció de inmediato) y del también ex fiscal Gustavo Ponce Asahad que fue separado de su cargo, por los sobornos al empresario de las apuestas ilegales Leonardo Peiti. Aunque sendos pliegos de Vranicich e Iribarren gozaron de la aprobación por unanimidad en abril de este año por parte de la Asamblea Legislativa, hoy también se observa lo ocurrido en esa ciudad desde 2020.