El Ministerio de Seguridad difundió hoy un informe preliminar sobre el presunto envío de armamento policial a Bolivia durante la destitución de Evo Morales en 2019 y advirtió que hay "diferencias entre lo pedido y lo registrado por la Policía boliviana".
La cartera conducida por Sabina Frederic señaló que los jefes de las Fuerzas Federales concluirán el informe definitivo en las próximas horas, luego de la denuncia que hizo el Gobierno del vecino país y que puso al ex presidente Mauricio Macri en el foco de los cuestionamientos.
El Ministerio indicó que el 11 de noviembre de 2019 la Dirección de Logística de la Gendarmería "solicitó que se autorice el uso del material y equipamiento por parte del personal de la Agrupación Fuerzas Especiales ALACRAN en el territorio de la República de Bolivia" con el objetivo de proteger la Embajada argentina en La Paz.
De acuerdo al informe preliminar, ese mismo día se autorizó el envío de "10 pistolas semiautomáticas; 2 escopetas de repetición; 5 carabinas automáticas; 2 ametralladoras; 2 fusiles de repetición; 12 chalecos antibalas; 12 cascos balísticos; 2 escudos balísticos; 2 visores nocturnos y 8.820 municiones de distintos calibres, de las cuales 3600 eran calibre 12-70", así como también se "habilitó el traslado de once miembros de la GNA": todo ello con la finalidad de resguardar al embajador Normando Álvarez García.
Al día siguiente "se solicitó y autorizó ampliar a 70.000 cartuchos anti-tumultos marca Fabricaciones Militares y 100 spray de gas pimienta" y "se amplió la autorización para el envío de 661 granadas de mano de gas hostigamiento", añadió el texto difundido por la cartera policial.
"El 20 de enero de 2020 la Policía Boliviana presenta dos informes a la Embajada argentina en Bolivia (a su solicitud) elaborados por la Policía Boliviana los días 12 y 28 de noviembre de 2019", precisó el Ministerio de Seguridad, que en ese punto advirtió: "Encontramos diferencias entre lo pedido y lo registrado por la Policía boliviana en el informe".
En ese sentido, alertó que "no figuran granada de mano ni spray anti tumulto, que si están en lo enviado por la Argentina".
Y puntualizó: "En lo enviado por la Argentina figuran 70 mil cartuchos antidisturbios y la Policía Boliviana registra apenas 1.350 cartuchos. Tampoco hay mención, en las autorizaciones realizadas en la Argentina de `Manta Antibomba´ que sí figura en los registros de la Policía Boliviana, así como ocurre con detector de metales y demás elementos".
Asimismo, señaló que el 15 de julio de 2020, en la rendición de cuentas del Servicio Administrativo financiero de Gendarmería, se informa que el Grupo ALACRAN "a los efectos de mantener y acrecentar las capacidades, se realizaron ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro con el armamento que fuera llevado en la comisión".
"En dichas instrucciones se emplearon la cantidad de 70.000 cartuchos calibre 12,70 MM A/T (antitumulto)", señala el informe citado.
Ante ello, la cartera conducida por Frederic hizo hincapié en "un dato llamativo": "El Grupo ALACRAN constituye un Grupo de Operaciones Especiales que no está entrenado ni preparado para operativos antidisturbios. Los grupos destinados para ese tipo de misión, por Doctrina de la GNA, son los Destacamentos Móviles Antidisturbios. El Grupo ALACRAN, que es la fuerza especial de la Gendarmería Nacional, no es la encargada de manejar munición antitumultos sino que utiliza armamento letal".
"No se comprende las aludidas `prácticas de entrenamiento´ que insumieron las 70.000 municiones 12/70 AT que el Grupo ALACRAN habría realizado en el Estado Plurinacional de Bolivia.
La inconsistencia entre lo autorizado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ExRENAR) y lo autorizado y registrado por la policía boliviana muestra diferencias sugestivas en lo que refiere al armamento declarado ante las autoridades bolivianas (granadas no informadas) y las cantidades de municiones registradas (1.350 municiones anti- tumultos registradas por la policía boliviana y más de 70.000 utilizadas por la Agrupación ALACRAN de la GNA)", finalizó el documento preliminar.
El pasado jueves el canciller boliviano, Rogelio Mayta, había denunciado que el Gobierno de Mauricio Macri había enviado "material bélico" para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales: tras las acusaciones, tanto el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, como la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se desligaron del hecho.