Martes 9.3.2021
/Última actualización 23:49
Con un escenario atípico, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco, inauguró este martes del año judicial, con el tradicional discurso que traza balances y perspectivas. Si bien la concurrencia en esta oportunidad estuvo canalizada a través de la virtualidad, sí se dieron cita físicamente en el lugar las principales autoridades de los tres poderes, ya que en la misma ocasión se firmó el acta del Proyecto Santa Fe + Justicia.
Toda la alocución de Falistocco estuvo atravesada, como era de esperar, por los efectos de la pandemia, y la manera en que los mismos influyeron sobre algunos tópicos recurrentes en su discurso: la expansión de las incumbencias de los jueces, la preservación de los roles de los tres poderes del Estado en un marco de colaboración, y la necesidad de dar respuestas a la sociedad adaptadas a los tiempos que corren.
"La pandemia es el más alto desafío que en tiempos democráticos deben enfrentar los poderes del Estado. A nosotros, el Poder Judicial, ese desafío se traduce en lograr el cumplimiento del designio constitucional de 'afianzar la justicia' ", sostuvo, a manera de encabezamiento.
Más allá del rol tradicional de los tribunales de resolver conflictos (la "justicia conmutativa"), marcó que "las crisis, la pobreza, la exclusión, la marginalidad, las vulnerabilidades, se traducen en exigencias de justicia en los repartos, sin la cual no hay justicia social. La justicia distributiva reclama al Poder Judicial mayor protagonismo y ello ha producido una gigantesca expansión de la labor judicial y en muchas ocasiones, por impotencia de la sociedad civil y política, se ha llevado a la magistratura a ocupar un lugar que, por sus lógicas limitaciones de competencia, termina generando desánimo y frustración en los justiciables", admitió.
Mauricio GarínEn el contexto de la pandemia de Covid 19 se produjo, apuntó, "un cúmulo de normas y resoluciones administrativas, propio de una situación inesperada, desconocida y cargada de intereses contrapuestos, que requiere imaginación, creatividad y un conocimiento diversificado de las circunstancias comprometidas". Que además, advirtió, "puede implicar riesgos en el balanceo de los tres poderes del Estado, circunstancia que impone reflexionar sobre la independencia del Poder Judicial a fin de garantizar el control de constitucionalidad".
"La solidez y calidad de la función judicial depende de modo directo de la garantía de la independencia judicial en todo el país. En este sentido, el primer paso lo constituye el fortalecimiento de la independencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -como garante último del Estado de Derecho y de toda la Magistratura Argentina", añadió.
Y, sin nombrarlo, aludió al embate protagonizado por el presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legisltativa: "Como marco de evaluación de los discursos públicos respecto de decisiones jurisdiccionales y las actuaciones judiciales, cabe separar los disensos de las descalificaciones y avasallamientos. Los primeros forman parte de la crítica indispensable para el mejoramiento de la actividad de los Poderes del Estado en una sociedad democrática, incluso cuando provengan de una autoridad pública. Algo muy distinto es la descalificación mediante generalizaciones que engendran deslegitimación y debilitamiento de los sistemas judiciales".
Al abordar la amplitud de competencias que debe asumir un juez en la actual coyuntura, marcó especialmente la que atañe al manejo de herramientas digitales. Y apuntó al respecto los avances del Poder Judicial santafesino, como parte "de un plan consensuado y proyectado, que en medio de la pandemia debió acelerar sus tiempos de ejecución", pero que mantendrá sus efectos superada la emergencia.
También incluyó dentro de estas destrezas necesarias para un juez las vinculadas a la comunicación eficaz. Y en ese plano, lanzó como propuesta concreta la creación de una Escuela Judicial, dirigida a formar a hombres de derecho específicamente para la judicatura. Y bregó a la vez no sólo por la "racionalidad" argumentada de las decisiones judiciales, sino también por su exposición en "un idioma simple, claro y que entiendan no solo los profesionales del derecho".
Mauricio GarínUn capítulo aparte dedicó a "la gravedad y dimensión de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas en Argentina, que obliga a priorizar radicalmente la inmediatez y accesibilidad de los canales para que las respuestas judiciales puedan contribuir a erradicarla (...). Las políticas hacia dentro y hacia fuera del sistema de justicia deben revisarse y de manera interdisciplinaria, para permitir una respuesta integral al flagelo".
Tras dimensionar el problema con el dato de que en 2020 hubo 23.093 denuncias por violencia familiar en la provincia, instó a "redoblar los importantes esfuerzos en marcha para capacitar a las y los operadores de los sistemas judiciales en perspectiva de género, en el marco de la ley Micaela"; materia en la que el Poder Judicial santafesino ya venía avanzando, y cuenta con más de 3 mil jueces formados en la materia.
Para concluir, Falistocco retomó el eje sobre los roles institucionales, con particular resonancia en el momento actual del país. "Esta Provincia ha podido exhibir en el concierto nacional la imprescindible armonía con los otros poderes y los operadores del derecho desde la vuelta de la democracia. Aspiramos a poder continuar por esa senda", remató.
Como parte de lo que subrayó como una "política de Estado", consignó obras comenzadas en gestiones anteriores que se finalizaron, como los Tribunales de San Cristóbal, o que se encuentran próximas a ello, como los Nuevos Tribunales de Reconquista, mientras que se sigue con el edificio de Cañada de Gómez. "En Rosario se está llevando adelante un importante trabajo en las Defensorías Civiles y continuaran este año las obras del emblemático segundo Cuerpo del Palacio de Justicia", en esta capital, añadió. Finalmente, se aspira a encarar las obras de los Tribunales Provinciales de las ciudades de Casilda y Rafaela y la ampliación de los Tribunales de San Lorenzo.
Al referirse al Código procesal laboral, Falistocco reclamó "una inmediata reacción de los tres Poderes del Estado ya sea para poner en marcha la ley 13.840 sancionada el 29 de noviembre de 2018 o instar un nuevo proyecto". Además, pidió la sanción del nuevo Código Procesal Civil y Comercial, y consideró que ya caben modificaciones al Procesal Penal, que estableció el sistema acusatorio.