Con la firma de sus tres directores, el Ente Regulador de los Servicios Sanitarios terminó sus actuaciones respecto del proceso para aumentar las tarifas de agua potable y cloacas prestados por la empresa estatal Aguas Santafesinas Sociedad Anónima. Ahora la pelota queda del lado del Ejecutivo, que decidirá cuánto subsidiar y cuánto costear con tarifas en Assa.
Con el quorum justo que implica contar con solo tres de sus cinco miembros, y sin un presidente designado por el Poder Ejecutivo, el Enress apoyó su actual resolución 54 del 1ro de febrero en las que produjo en 2018 (en menor medida en 2016). Como hace cuatro años, se subraya que la concesión ha quedado bajo un esquema normativo transitorio (desde 2007) que priva al organismo técnico regulador de su facultad natural de aceptar, de rechazar o de cambiar los pedidos de aumento de la prestadora.
Es curioso, por un vacío legal, el Enress les fija las tarifas a todos los servicios cooperativos, municipales y comunales, pero a Assa no.
Tenés que leerClara García: "El aumento del 60% que pide ASSA es excesivo y no contempla avances en tarifa social"Con su decisión de no ponerle un número al pedido de aumento, el regulador deja más expuesto que el poder concedente, es decir, del Poder Ejecutivo Provincial que será quien tomará la decisión. Ya lo hizo cuando gobernaba el Frente Progresista y ahora lo vuelve a hacer ante el PJ. Es saludable que haya una continuidad entre la resolución actual con las que se tomaron antes, no solo en ese aspecto. Una lectura somera de las resoluciones de 2016 y 2018 muestra que Aguas recibe aumentos pero muy poco cumple con lo que se le indica, sobre todo respecto de la micromedición considerada clave para verificar pérdidas en las cañerías, y en las cuentas.
Otra vez, se reclama una legislación que cree una nueva figura jurídica en lugar de la sociedad anónima que había sido prevista para el prestador privado. Y que se redefina su relación con el regulador y pueda cambiar la fórmula de cálculo para sus cuadros tarifarios.
Reclama la decisión política de establecer "una tarifa social integral, actualizada y focalizada" sobre los sectores más vulnerables.
Siempre en los fundamentos de la resolución, el directorio formula "consideraciones" que dicen mucho, en especial de la 7ma en adelante, hasta llegar a los artículos.
Tenés que leerEl Enress convocará a audiencia pública por los aumentos solicitados por Assa"Se estima necesario que se profundice la reducción del impacto en los costos de servicios contratados a terceros, incrementando la prestación de los mismos mediante personal propio, en consideración a que Assa es una empresa pública", amonesta.
"Se sugiere, advertido el incremento de gastos totales en el rubro energía eléctrica, se mejore su consumo diario y se arbitren los medios necesarios a los fines de que se compatibilice con una gestión de la prestación más eficiente adoptando medidas acordes al nexo siempre existente entre los sectores de agua y energía", agrega.
"Se recomienda que se intensifiquen las acciones orientadas a reducir el porcentaje de agua no contabilizada entendiendo que si bien la propuesta requiere de un abordaje múltiple, constituye un indicador relevante de eficiencia", en obvia alusión a las pérdidas que a diario se ven en las calles.
Tenés que leerTarifa de aguas: la Defensoría del Pueblo insistirá en que la audiencia pública no sea un mero trámite formal"Se insiste en la necesidad de que la Prestadora mejore también sus niveles de eficiencia en la atención integral a las necesidades de buen servicio, los reclamos de los usuario y los tiempos de respuesta", demanda.
El artículo primero declara (ese es el verbo de la resolución) hoy se cumplen los extremos que "habilitan la instancia de revisión tarifaria" y el segundo que la Autoridad de Aplicación (el ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat) solo debe contemplar "los costos reales y eficientes del servicio en el ámbito de la prestación", es decir, que no se sumen gastos derivados de la operación y mantenimiento de los Grandes Acueductos Provinciales (que no son parte del área de la concesión) ni los eventos extraordinarios que provocaron más gastos como la bajante del Paraná y sus afluentes. El Enress exige que lo pague la provincia, que para ello recibió aportes de la Nación.
El tercero es más interesante. Dice que "el ajuste o modificación de las tarifas, de la manera y en la proporción propuesta por Aguas Santafesinas SA, no resulta conveniente atento a que no se verifica la razonabilidad y proporcionalidad requerida para el caso, en relación con los aumentos previstos para los trabajadores en los acuerdos paritarios reajustes de haberes previsionales y estimaciones del costo de vida para el año en curso, en un todo de acuerdo con lo previsto en el Art. 42 de la Constitución Nacional" que consagra los derechos de los usuarios y los consumidores.
Sin vueltas, expresa que el aumento pedido suma 68% porque es acumulativo (no simplemente 40 más el 20%) como se dijo en la audiencia pública y agrega la necesidad de que "en caso de conceder un aumento" sea gradual "con la finalidad de morigerar su impacto en las economías de los usuarios del servicio brindado por Aguas Santafesinas SA, valorándose su capacidad de pago".
De inmediato requiere que sigan los aportes de la Provincia a la empresa para poder sostener el servicio y en especial para que por fin se cumpla con "el Plan de Micromedición 2017-2023", e informe de lo actuado "en forma trimestral" al Enress.
Exigen campañas de concientización
Uno de los artículos de la resolución del Enress sobre el pedido de aumento de las tarifas de Aguas le reclama que "arbitre los medios necesarios a los fines de intensificar campañas sobre el valor del agua como recurso escaso, fortaleciendo la educación y concientización de los usuarios en el cuidado, control y gestión de su consumo, incorporando también en las facturas del servicio mensajes a tales fines".
En la misma dirección, el noveno artículo dice: "Reiterar, tal lo solicitado en Resoluciones anteriores de este Enress que, en el supuesto de que los consorcistas de edificios de dominio horizontal existentes lo soliciten, en base a acuerdos adoptados de conformidad con sus respectivos reglamentos de dominio horizontal, la prestadora coloque en cada edificio un único medidor para todas las cuentas, conforme a la normativa aplicable". También pide que los municipios de los distritos servidos por Assa "incluyan en sus reglamentos de edificación, como exigencia para las nuevas edificaciones bajo el régimen de dominio horizontal, que sus instalaciones posibiliten técnicamente la colocación de medidores de agua para cada unidad habitacional, conforme a la normativa aplicable".
En los considerandos, el Enress formula más críticas que elogios a Aguas Santafesinas SA. Entre los últimos, se destaca que -tal como lo había exigido en sus resoluciones anteriores- ahora no se ha sumado la amortización de capital a sus gastos corrientes, lo que generó una dura polémica años atrás porque ese procedimiento lucía como una forma de agrandar costos.
También se advierte que "es positivo" que la empresa haya contado con fondos provinciales para hacer inversiones "en la ejecución de obras significativas para el servicio y en la licitación de proyectos como son el Acueducto Gran Rosario (en proceso de adjudicación) -segunda etapa-, el Acueducto San Lorenzo (en proceso de puesta en marcha) y la obra de ampliación de la Planta Potabilizadora de la ciudad de Santa Fe (en proceso de adjudicación)", todos extremos reclamados en la resolución tarifaria de 2016, de una lista que es bastante mayor.