La empresa Aguas Santafesinas S.A. pedirá, con los extremos formales que prevee la legislación vigente, abrir un proceso de revisión tarifaria para tratar de mejorar su déficit.
El año cierra con un aportes del tesoro provincial que cubren un 58% de los costos de funcionamiento de Assa, además de las inversiones en nueva infraestructura. La empresa pedirá formalmente iniciar el proceso de revisión tarifaria, con audiencia pública.
La empresa Aguas Santafesinas S.A. pedirá, con los extremos formales que prevee la legislación vigente, abrir un proceso de revisión tarifaria para tratar de mejorar su déficit.
La compañía estatal hoy cubre con aportes del tesoro provincial el 58% de sus gastos corrientes, para poder distribuir agua potable y mantener su sistema cloacal. Además, toda la inversión en cualquier nueva infraestructura corre por cuenta también del sector público.
El dato es relevante porque alguna vez en Santa Fe la Aguas logró sostener con su tarifa el 60% de sus gastos corrientes y el Estado aportaba solo el 40. También, porque las proyecciones oficiales para 2023 indican que si no se cambian los números de la empresa será necesario que el subsidio llegue a cubrir el 76% de los gastos corrientes.
El tema es motivo de consultas y conversaciones desde hace no menos de dos semanas, entre el presidente del directorio Hugo Morzán y la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana.
El directorio de Aguas, que además del ingeniero Morzán, también integran Marisa Gallina, Alfredo Oscar Menna, Juan Manuel Costantini y Oscar Barrionuevo, se volverá a reunir en enero y seguramente por entonces se firmará el correspondiente pedido de aumento tarifario dirigido a la ministra que obviamente está al tanto de la situación económica de la empresa.
Ese paso dará lugar a la convocatoria a una Audiencia Pública a convocar por el Ente Regulador de los Servicios Sanitarios, a la que luego sucederán un dictamen del Enress que se expresará sobre las peticiones de la empresa estatal y las opiniones vertidas y, finalmente, una resolución ministerial con la firma de Frana. Ese proceso, entre pasos y debates con los usuarios y a nivel interno, demandará más o menos un mes.