Luis Rodrigo
Un decreto de Jorge Obeid obligaba a mantenerlo -en parte- en secreto hasta 2028. El gobernador Miguel Lifschitz lo derogó, tras un pedido del senador Emilio Jatón. Está colgado en Internet.
Luis Rodrigo
La historia del vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe, entre 1979 y 1991, es ahora más fácil de ser revisada. Cualquier navegante de internet podrá leer el original completo del famoso Informe Nogueras, que cuenta con siete tomos y medio, pero fue guardado bajo siete llaves por el mismo gobierno que promoviera aquella investigación.
Ayer la Provincia celebró dos hechos, que están estrechamente vinculados: la inauguración del Centro de Digitalización del Registro de la Propiedad (en Mendoza 2528), que -además de 6 millones de escrituras- también digitalizó el mencionado Informe, lo que permite dejarlo expuesto en la web del gobierno.
De ambas celebraciones se ocuparon el ministro de Justicia y Derechos humanos, Ricardo Silberstein, el senador por La Capital, Emilio Jatón y el subsecretario de Asuntos Registrales, Matías Figueroa Escauriza, entre otros funcionarios del área.
Venta y vaciamiento
La privatización del Banco Provincial, en 1996, fue el desenlace de aquel proceso de vaciamiento. Tuvo lugar durante el gobierno de Jorge Obeid y contó con el apoyo de todo el peronismo (y de una parte de la UCR). Tanto el ex gobernador Carlos Reutemann como el principal dirigente del radicalismo de entonces, Horacio Usandizaga, acordaron con la decisión del traspaso a manos privadas.
Tras la venta del banco, al año siguiente, se creó la Comisión Investigadora del Banco de Santa Fe, que presidió Alfredo Nogueras. Su trabajo concluyó en agosto de 1997.
De esa documentación, los periodistas y los ciudadanos público en general conocieron apenas un resumen, una suerte de descripción del proceso de vaciamiento que mostraba los procedimientos, los montos involucrados en préstamos que arruinaron al Banco, pero que carecieron de nombres en su enorme mayoría. Un decreto del entonces gobernador Jorge Obeid obligaba a mantener su contenido en secreto hasta 2028.
Hasta aquí un esquema básico de la historia del tema, bajo los distintos gobiernos peronistas que, entre 1983 y 2007, completaron el vaciamiento que había iniciado la dictadura militar y luego privatizaron el banco.
Desclasificación
Durante el gobierno de Hermes Binner, el entonces ministro de gobierno Antonio Bonfatti permitió que parte de los documentos en reserva se conviertan en material accesible para quienes lo solicitaran.
Fue el primer paso, de una serie de iniciativas que continuaron ya con Bonfatti como gobernador. En esa gestión, Angel Sciara, el ex ministro de Economía de Santa Fe, presentó otro informe titulado: “La Privatización del Banco de Santa Fe. Historia y consecuencias económicas”.
En palabras del ex ministro “la provincia se quedó sin su Banco y, para hacerlo, tuvo que afrontar costos, algunos efectivamente erogados, otros hoy estimados y otros imputados, por un monto que, a los valores actuales, representarían más de mil millones de dólares”.
A valores actuales, equivale a “730 escuelas primarias o secundarias; o 32 hospitales o 2.700 Centros de Salud de 4 consultorios; o 43.500 viviendas de un dormitorio; o 27.500 de dos dormitorios o 2.800 kilómetros de rutas pavimentadas”.
En julio de 2016, el senador Emilio Jatón (PS-La Capital), pidió la desclasificación completa, de todos los documentos, decisión que firmó en marzo de este año, el gobernador Miguel Lifschitz. Y la decisión fue, además, parte de otro compromiso: poner a la Provincia como querellante en la causa por el vacimiento del banco, algo que hoy admitió el ministro de Justicia y Derechos humanos, Ricardo Silberstein, que aún no se ha concretado.
>>> La Digitalización del Registro de la Propiedad
El ministro de Justicia y Derechos humanos, Ricardo Silberstein, el senador por La Capital, Emilio Jatón y el subsecretario de Asuntos Registrales, Matías Figueroa Escauriza, entre otros funcionarios del área de informática, dejaron ayer formalmente inaugurado el Centro de Digitalización del Registro de la Propiedad.
En la nueva sala de informática, ubicada en Mendoza 2528, la labor está a cargo de 41 estudiantes que -como pasantes- cargan los documentos, que luego se archivan ordenadamente en depósitos.
La mayoría pertenece a la carrera de Agrimensura de la Universidad Nacional del Litoral, se forma en la Asociación Dirigentes de Empresa (ADE) y el Instituto Superior Icop. En menor medida, a la Universidad Nacional de Rosario.
Son los estudiantes quienes toman fotografías o escanean -según el caso- los documentos que se archivan luego de forma digital. Desde hace un año comenzó el trabajo que ya lleva digitalizados unos 6 millones de documentos. Se estima que resta para completar todo el existente en papel, otra cifra similar.
Los pasantes trabajan por día cuatro horas, de lunes a viernes, y perciben aproximadamente $ 4.500. Hoy estuvieron en el acto de inauguración, y participaron del acto. Explicaron que con una herramienta de este tipo, en 2003, se hubiera simplificado enormemente la situación de los propietarios que perdieron sus escrituras en aquella inundación.
Salir de lo abstracto
Silberstein describió como una forma de llevar a la realidad, “con hechos concretos”, las “abstracciones que los dirigentes políticos construimos con definiciones que no siempre se entienden, como por ejemplo cuando hablamos de contar con un Estado participativo o de acercar el Estado a la gente”.
“La digitalización de los archivos del Estado, en este caso, de su Registro de la Propiedad, es una forma de hacerlo”, de superar esas abstracciones, expresó.
“Nos dijeron que era imposible llevarlo a cabo con la gente del propio Estado, que no había cómo desarrollarlo con los escribanos y pese a todos los agoreros hoy estamos celebrando junto al Colegio Profesional y los gremios estatales esta realidad”, expresó.
En tanto, el senador por La Capital, Emilio Jaton, se refirió a uno de los trabajos hechos por el Centro de Digitalización: cargar el Informe Nogueras. Luego, entregó esa información (en formato de pendrive) a periodistas de nuestra ciudad y recordó que los periodistas para leerlo debían demostrar su “interés legítimo”, para revisar sus siete tomos.