La Comisión de Acuerdos de la Legislatura escuchará al suspendido fiscal de Reconquista, Aldo Gerosa
Después, la comisión estará en condiciones de emitir un dictamen para que la sesión conjunta de Senadores y Diputados resuelva la situación del funcionario del Ministerio Público de la Acusación.
La Comisión de Acuerdos de la Legislatura escuchará al suspendido fiscal de Reconquista, Aldo Gerosa
La Comisión de Acuerdos de la Legislatura terminará de escuchar, entre martes y miércoles, testimonios en la investigación que lleva adelante sobre la conducta del fiscal de Reconquista, Aldo Gerosa y luego podría poner a la firma al o a los dictámenes para la sesión conjunta de Senadores y Diputados que deberá definir si lo expulsa del Ministerio Público de la Acusación o lo repone en el cargo.
Este martes, Acuerdos -presidido por la diputada socialista Lionella Cattalini- escuchará a testigos testimoniales que el propio fiscal ofreció. Ya el grupo entrevistó a otros actores, incluso a la víctima de Galaz. En tanto, el miércoles será el turno de Gerosa de presentarse ante la comisión para hacer su descargo ante senadores y diputados.
Aldo Gerosa, suspendido fiscal de Reconquista.
El 15 de junio, la sesión conjunta de Senadores y Diputados suspendió a Aldo Héctor Gerosa por el término que demande la investigación sobre su actuación en el caso del violador Marcelo Galaz. La suspensión de Gerosa fue solicitada ante Acuerdos por la diputada Erica Hynes (PS) quien llevó adelante la investigación de la actuación del fiscal siguiendo el informe de la Auditoría de Control del propio MPA, Leandro Mai, quien consideró gravísimo el caso y elevó directamente el asunto al Poder Legislativo como marca la ley.
Gerosa está cuestionado por su actuación en el caso del violador Galaz, que ha admitido haber cometido ese delito durante seis años contra su sobrina menor de edad. Un tribunal de Reconquista aceptó el abreviado a pedido de las partes y Galaz, ex funcionario municipal de Avellaneda resarció con dinero a la víctima y aceptó purgar siete años de prisión.
La Comisión Acuerdos de la Asamblea Legislativa declaró la admisibilidad del trámite sobre ese miembro del MPA que aceptó bajar la pena de Galaz a cambio de una suma de dinero para la víctima, mediante un acuerdo que fue aceptado por la justicia aunque provocó una fuerte polémica.