Viernes 3.4.2020
/Última actualización 20:34
Es el modelo que emplean Edenor y Edesur en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Conurbano de esa provincia. Reducir costos mediante empresas de servicios que hacen una parte de las tareas que -hasta los ’90- estaban en manos de los trabajadores de la propia distribuidora de energía. Todo cambió después que Segba se vendiera, como otras empresas del país (1).
En Santa Fe, por aquellos años, se vendió el banco estatal, el agua potable y las cloacas, y se concesionó por primera vez la autopista. Con la Epe lo intentaron, pero se interpuso la crisis de 2001 y no pudieron privatizarla.
La aprobación de la Ley de Necesidad Pública, además de crear facultades extraordinarias que tienen finalidades específicas sobre diversas materias, parece capaz de generar -junto a un contexto económico recesivo extremo por la pandemia y la cuarentena- unas condiciones favorables para que en la EPE se inicien las tercerizaciones.
La habilitación por ley para que el Estado provincial otorgue sumas en negro a los empleados públicos provinciales tendrá efectos en las relaciones laborales, más allá de esos estamentos. Siempre sucede así: cuando se gestaba en la historia argentina reciente la caída del presidente Fernando de la Rúa y aún no se había declarado su “corralito” ni el “corralón” de Eduardo Duhalde- primero el Estado Nacional y luego las provincias (Santa Fe entre ellas) impusieron bajas salariales. Lo mismo sucedió luego en todo el mapa de la bota con varias actividades económicas ajenas al sector público.
La distribución del ingreso, además de depender de la productividad, obedece a la relación de fuerzas entre quienes quieren ganar más y quienes lograrán pagarles menos.
La contratación de terceros, cuando se convierte en una situación constante, es tercerización. No se trata de una relación esporádica, sino sistemática. Lo que antes hacían algunos dentro de una empresa ahora lo resuelven otros, desde afuera, bajo otros convenios-ley que, obviamente, no tienen el mismo sueldo.
Al sistema lo trajo al país el menemismo y lo admitió todo el posmenemismo: No lo alteró el kirchnerismo y el macrismo buscó llevarlo a todas las relaciones laborales posibles, reforma mediante, finalmente frustrada (a piedrazos) en diciembre de 2017.
Las privatizaciones del reutemanismo no llegaron a la Epe, en parte, por la oposición gremial que aquí despertaba. No fueron pocas sus duras manifestaciones y se recuerda especialmente una frente a la Legislatura en diciembre de 1999, cuando bajo fuego constante de bombas de estruendo y en medio de un apagón se aprobó la ley para su traspaso al sector privado (2).
A diferencia de la conducción nacional de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza de aquellos años, que no sólo convalidó la venta de los activos, sino que de paso- se compró varias usinas térmicas viejas en un proceso licitatorio doblemente memorable (3), los gremios de Santa Fe no aceptaron esa decisión.
Ahora, con sueldos que están muy por encima de la media del sector público provincial, en medio de una fuerte crisis económica, no van a ser pocos los que señalen esa situación.
Quienes conocen la realidad de la Empresa Provincial de la Energía saben que, además de trabajos en cuadrillas de calle que pueden hacer manos inexpertas (siempre que no haya que lidiar con instalaciones eléctricas en funcionamiento), la Epe tiene otros rubros tercerizables.
En Córdoba, un espejo al que el gobierno santafesino actual suele mirar, el centro del conflicto que mantuvieron en los dos últimos años el gobierno justicialista de Juan Schiaretti y Luz y Fuerza de Córdoba fue por aspectos del convenio laboral que -en principio- aquí fueron flexibilizados hace tiempo. Pero de la realidad mediterránea se observa un diagnóstico, y un plan de cambios, respecto de sus sistemas administrativos y de gestión de recursos humanos que no requieren modificaciones legales de fondo para ser implementados.
A esa áreas “blandas” o “de cuello duro” de la empresa podría apuntarse en Santa Fe, con las tercerizaciones. La cobranza es una de las señaladas.
>> Endeudar la empresa con $ 2.700 millones
Una de las facultades que tiene ahora el Poder Ejecutivo Provincial es la de tomar una deuda por hasta 2.700 millones de pesos para “atender las deudas consolidadas al 31 de diciembre de 2019”. Más allá de que la cifra parece importante, se trata de una proporción muy menor respecto de los gastos de la Epe. En todo ese año el cálculo de sus erogaciones corrientes supera los 26 mil millones. Además, debe decirse que el gobierno actual comenzó su gestión el 11 de ese mes y que al terminar noviembre del año pasado, los informes oficiales de Cammesa dejan a la Epe con cero deuda a la EPE.
De todas formas, está claro que por la pandemia habrá una fuerte caída en la recaudación también en ese servicio.
(1) Durante el Gobierno de Carlos Menem la empresa estatal SEGBA fue dividida en siete unidades de negocios: cuatro empresas generadoras y tres distribuidoras (EDESUR, EDENOR y EDELAP).
(2) El 29 de diciembre la Legislatura santafesina aprobó la Ley 11.727. Esa norma como la que permitió la venta del Banco Provincial de Santa Fe en 1996- provocó las más duras manifestaciones frente a la Legislatura.
(3) La licitación de las usinas térmicas en todo el país, entre ellas Calchines, fue doblemente memorable porque no tuvo más oferentes que una UTE de la Fatlyf y porque le bastaron con 50.000 dólares -menos que un dos ambientes fuera de bulevares- para adquirir el enorme predio de barrio Candioti, con todo lo plantado y edificado.
Hoy está en manos de la EPE porque fue transferido -sin costo- en 2004, durante el segundo gobierno de Jorge Obeid, a cambio de que los empleados de Centrales Térmicas del Litoral (ya sin equipos útiles) pasen a la provincia. Su aprovechamiento comenzó recién en 2011.