Un ex comisario inicia juicio a los fiscales Edery y Schiappa Pietra
El uniformado retirado fue acusado de peculado por dos fiscales del sur santafesino, ahora él los acusa de falsificar una escucha para engañar a un juez y así ordenar un doble allanamiento sobre su vivienda y el estudio jurídico de su hija, donde dice que estuvieron dos funcionarios del Ministerio de Seguridad en busca de otro tipo información. Numerosas vinculaciones con la llamada causa del espionaje ilegal.
La denuncia fue presentada en la fiscalía regional Santa Fe del MPA. Foto: Mauricio Garín
Ernesto F. Andriozzi, un ex comisario retirado, le inició un juicio a los fiscales que lo acusaron de peculado. Lo hizo ante la fiscalía regional de Santa Fe, porque sostiene que fue injustamente involucrado en una investigación por dos miembros del MPA de Rosario, los fiscales Edery y Schiappa Pietra. Y que para ello se "falsificó" la transcripción de una conversación captada por una investigación judicial en la que se "agregó" su nombre, apellido y apodo para "engañar" a un juez para que libre una orden de allanamiento sobre su vivienda, así como el estudio jurídico de su hija.
El ex uniformado tiene el patrocinio de Evelyn Andriozzi, que ha accedido en calidad de querellante a la información (y las escuchas que la involucran) en la llamada causa del espionaje ilegal por los "perfilamientos" que se hicieron sobre dirigentes políticos, periodistas y empresarios durante las gestiones del ex ministro de Seguridad y ex jefe del Organismo de Investigaciones Marcelo Sain.
Los Andriozzi explican que el estudio de la abogada fue alguna vez la cochera de la vivienda familiar. Pero que hoy no tiene comunicación interna con la casa. Y por lo tanto, entienden, no había razón para que el allanamiento incluyera toda la información del bufete. La computadora y el celular de la abogada fueron secuestrados y, devueltos recién por la tarde, según el denunciante: no había sido finalmente parte del allanamiento pero en los hechos sí.
Quejas
La acusación funda sus quejas en dos direcciones: primero la manipulación de las pruebas usadas en su contra y, en segundo lugar, lo que considera una violación de domicilio y las comunicaciones privadas, así como -por extensión- los límites que se pusieron, en su interpretación, a su derecho a ejercer la defensa.
Sostiene que los dos fiscales cometieron una "maniobra delictiva" porque "intencionalmente agregaron mi nombre en una solicitud de allanamiento dirigido al Colegio de Jueces de Primera Instancia de Rosario, induciendo a la magistrada en turno a librar dicha orden sobre mi propiedad aún cuando ellos sabían que yo no era parte de la conversación sobre la cual fundaban su pedido; y cuya desgrabación utilizaron para fundamentar el pedido de allanamiento correspondiente".
Esa supuesta alteración de la prueba "derivó en un allanamiento sobre mi domicilio y el Estudio Jurídico de la Dra. Andriozzi" donde "se secuestraron la totalidad de aparatos electrónicos tanto míos como los de mi patrocinante".
La acusación dice que el 22 de agosto de 2022, "casi un año después de ser imputado", para ejercer su derecho a la defensa logró copias sobre el por qué del allanamiento. Y de su lectura Adriozzi entiende que los fiscales "mintieron dolosamente" al emitir esa solicitud. "Dañaron la imagen pública de mi apellido, aclarando que me retire de la policía de la Provincia de Santa Fe el 1 de agosto de 2016, con la jerarquía de director de policía, con 30 años de servicio y un legajo impecable e intachable".
Expresa que por la prensa varias horas después del doble allanamiento, ya por la tarde, los Andriozzi supieron habría una vinculación de lo que había pasado con la causa "Vitali", lo que "me dejó perplejo dado que no tuve nada que ver con dicha causa ni directa ni indirectamente, ya me encontraba jubilado de la policía hacía más de 3 años. Que mi hija tampoco había sido defensora del imputado en aquella causa, ni tenía alguna intervención que pudiera hacernos entender el porqué de tal medida tan gravosa", dice el escrito del ex comisario.
Tras relatar la negativa del MPA a que se acceda al motivo del allanamiento dice que "en octubre 2021 se me imputa por el delito de 'peculado' en un momento en el que yo no era funcionario público, por los 'carteles' del senador (Armando) Traferri". (La acusación consistió en que se había dispuesto una custodia especial sobre la propaganda en la calle de ese legislador y candidato).
¿"Engañar" a un juez?
Dice que los fiscales "agregaron mi nombre para hacerle creer al juez que el allanamiento a mi domicilio estaba justificado, manipularon un documento y lo hicieron intencionalmente cuando no fui parte ni siquiera indirectamente de la conversación fundante del pedido y ello les consta, lo cual resultará acreditado", dice en la primera de las 41 carillas.
Luego detalla en transcripciones textuales la conversación original correspondientes a escuchas de una causa judicial (la del Juego Ilegal y el pago de coimas a dos ex fiscales de Rosario) en la que Andriozzi no figura y también la que, en el pedido de allanamiento sobre el ex comisario, se agrega sin más su nombre, apellido y apodo: "El Perro", según sostiene el denunciante.
Es importante advertir que la Dra. Andriozzi es querellante en otra causa, la vulgarmente denominada "de espionaje ilegal", porque fue una de las personas "perfiladas". El tema es de una gravedad institucional tal que se ha constituido una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, entre otras repercusiones. Al constituir las pruebas, se menciona que los fiscales confirmaron a sus pares santafesinos que al menos sobre 50 personas hubo "requerimientos" de información para el Ministerio de Seguridad para las famosas carpetas.
La acusación entiende que en los términos de la Ley 13.013 los fiscales del sur cometieron "faltas graves" respecto de la manipulación de la prueba al "falsificar" una transcripción, que hubo un incumplimiento injustificado y reiterado de los plazos procesales. Es por ese tipo de faltas que se deben llevar los expedientes a la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa.
Preguntas
"Lo que queda en claro es que se hace creer a la magistrada, utilizando el engaño, que fui parte de una conversación en el marco de una causa, de la cual NO PARTICIPÉ ni se me dio conocimiento conforme resulta acreditado; simplemente se me incluyó, arbitraria y dolosamente para acceder así a mi intimidad, mi teléfono celular y el de mi familia", dice textualmente la acusación.
Luego de la causa de espionaje ilegal y los perfilamientos ilegales -que son de público conocimiento- "las preguntas que se vienen a mi cabeza son si está vinculado todo esto o no al perfilamiento que hicieron de mi familia y si está o no fundado en motivos políticos extrapenales, si fue por decisión propia de ellos o siguiendo instrucciones del Ministerio de Seguridad. Que los daños causados por estas personas son IRREPARABLES en lo emocional, solo es mi deseo pedirle a usted que me cuide al igual que a mi familia dado que sin tener algo que ver en dichas causas nos encontramos padeciendo actos que violan nuestros derechos humanos y ello por parte de personas que gozan de un poder muy amplio y discrecional, personas que no ven en la ley un freno a sus potestades -que les fueron dadas para hacer justicia- sino que utilizan ardides o engaños como este para burlarse incluso de un juez para que disponga una medida tan excepcional como la mencionada", dice Andriozzi al MPA de Santa Fe.
"Mi reflexión final es la siguiente: ¿Por qué estaban interesados en secuestrar los dispositivos electrónicos de mi familia y acceder a mi propiedad? ¿Por qué había personas del Ministerio de Seguridad en un allanamiento? ¿Por qué presionó tanto Montagner para obtener el pin de mi celular? ¿Por qué tardaron tantos meses en darme copias de la solicitud de allanamiento? ¿Por qué no se respetaron mis derechos del imputado, garantías constitucionales y derechos humanos? ¿Qué ocultan? ¿Qué los motiva? ¿Quién pidió mi cabeza y por qué motivo? ¿Soy un perseguido político per se? ¿O simplemente un medio para lograr una persecución política a alguien más ?"
¿Dos funcionarios en un allanamiento?
La acusación contra los fiscales Edery y Schiappa Pietra sostiene que el 18 de marzo de 2021, a las 10 aproximadamente, se produjo el allanmiento ordenado por el MPA al domicilio de Andriozzi y que en su transcurso "se hicieron presentes dos civiles, los cuales al tiempo me enteré que serían Bernard Milagros y Rodríguez Diego, integrantes del Ministerio de Seguridad, a ver mi casa, sin especificar qué rol estaban desarrollando allí, ya que nada ameritaba su presencia desde el punto de vista legal en dicho procedimiento. Entiendo que a un allanamiento solo pueden ingresar personal policial, sus respectivos testigos, fiscal y juez. Cabe aclarar que ahora lo entiendo, estas personas, investigadas en la causa de presunto espionaje, hablaban de mí y de mi hija, nos perfilaron ilegalmente y hablaban con gran cotidianidad de Evelyn y de mí (nombrandome como 'El Perro') como si fuéramos conocidos de toda la vida".
Y describe que a Ernesto Andriozzi se le secuestró su celular ("que me fue devuelto con la cadena de custodia rota - que por ello aporto fotos del mismo en el momento de la devolución"), "dos pendrive, que no fueron devueltos" y una cámara de fotos "Nikon profesional, que se encuentra perdida y que los denunciados (Edery y Schiappa Pietra) no encuentran hace más de un año".
Más allá de los bienes que aún faltan, "también se secuestró del estudio jurídico de mi hija: Notebook hp, computadora de escritorio la cual utiliza su secretaria, teléfono celular de mi hija y disco extraible; todo ello de uso profesional de la mencionada". Por la tarde, le comunicaron "a mi hija que vaya a buscar todo porque se lo devolvieron sin peritar. Lo cual entiendo una gran desprolijidad, que da a pensar sobre su legalidad… Ahora, después de tanto daño causado, entiendo que la posterior imputativa que se me armó, fue realizada exclusivamente, para intentar subsanar y cubrir el delito cometido por los denunciados".
Jurisdicción
El ex comisario que presenta la denuncia trabajó en la ciudad de San Lorenzo. Ese es el departamento que representa el senador Armando Traferri, a quien intentaron imputar los fiscales Edery y Schiappa Pietra ante esa Cámara que por amplia mayoría les negó esa posibilidad. Ernesto Andriozzi y su hija y abogada Evelyn entienden que "a los fines de morigerar las posibilidades de entorpecimiento probatorio y filtración de información" presentaron su denuncia "tan grave a nivel institucional" fuera de Rosario, en la jurisdicción de la ciudad de Santa Fe, "alejada de la persecución política mediática y de las maniobras perpetradas en las causas que me armaron y que tanto daño hicieron a mi familia".
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