¿Para qué sirve un debate presidencial? ¿Permite conocer realmente los planes de gobierno de las y los candidatos? ¿O termina siendo apenas una representación, a puro coaching y asesoría de imagen? ¿Resultan un reaseguro a la hora de evaluar el cumplimiento de promesas de campaña? ¿Puede inclinar el voto del electorado hacia uno u otro candidato? Este año se aplicará por primera vez la ley 27.337, sancionada en noviembre de 2016, que volvió obligatoria la realización de un debate presidencial aunque, en los hechos, podrían ser tres: uno para quienes superen la instancia de las PASO (previstas para el 11 de agosto), una réplica en una ciudad capital del interior del país, y un tercero en caso de ballotage (anunciado para el 24 de noviembre).
Este año podría haber hasta tres debates presidenciales
La profesionalización de los discursos, el derecho a un voto informado, los efectos de la silla vacía y el antecedente “fresco” de 2015. Lo que dice la ley y lo que opinan expertos, en esta nota.
Archivo El Litoral / Agencia DyN Daniel Scioli no participó en el debate de precandidatos en 2015. Sí estuvieron Rodríguez Saá, Massa, Del Caño, Stolbizer y Macri. Ahora, la ausencia será penalizada.La norma establece sanciones para quien o quienes decidan no participar y deja abierta, además, la posibilidad de un debate entre candidatos a vicepresidente.
Consultados por este diario, Claudia Catalín, miembro del Foro Federal de Organismos Electorales, y Daniel Comba, docente investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, sumaron su opinión sobre la aplicación de esta modalidad que tuvo un anticipo formal en 2015, organizado y emitido por Argentina Debate.
Efectos y contextios
“Hay países que tienen una larga historia en materia de debates; el caso más notorio es Estados Unidos donde todo el mundo atiende a esa instancia y termina de definir -entiendo- a la gente para votar. Hay núcleos duros de seguimientos partidarios que no se mueven ni con un debate, pero hay una cantidad de gente independiente. Sabemos cuál es el rol de los indecisos en nuestro país que en muchos casos toman estos debates para conocer más en profundidad al candidato, evaluar la propuesta y terminar de definir su voto. Sabemos que en la mayoría de los casos la gente lo decide en los últimos días, así que todo lo que ayude al conocimiento de los candidatos para mi es positivo”, reflexiona Catalín.
Y en este punto analiza que hay estudios sobre los efectos de los debates, que siempre tienen en su análisis la percepción del periodismo “que está tratando de evaluar quién gana y quién pierde”, cuestión que -entiende- “no es tan lineal: siempre hay posiciones diferentes sobre todo en nuestro país que está atravesado por esta mirada bipolar de grieta que hace que uno esté de un lado o del otro, y que también hay que superar porque no es tan tajante”.
Otro aspecto es el de las ausencias: “está el mito de la silla vacía y si beneficia o perjudica al candidato. En la Argentina se toma que el que se va mejor en las encuestas se da el lujo de no ir a los debates. En algunos casos se ha evaluado que el que no asiste también se ha tomado como que le tiene miedo al debate, que no es capaz de enfrentarse a una situación de exposición. O sea que a ese mito de la silla vacía hay que analizarlo en cada contexto, en cada proceso de campaña que siempre es diferente”.
En un país donde el voto por tradición ya no existe porque los límites de los partidos tradicionales se desdibujaron y surgieron otras fuerzas, Catalín hace hincapié en que “la gente tiene que hacerse responsable de lo que vota. Cada voto es importante y por algo los candidatos piden tanto el voto a cada uno”. “En Perú y otros países es obligatorio que los candidatos suban a las páginas de los organismos electorales sus currículum, antecedentes académicos, propuestas electorales, declaraciones patrimoniales y es una de las cosas que aquí está faltando; obviamente no tenemos ley y por eso no se hace obligatorio en este país. Eso es parte de este voto informado que no es solo ver una hora o dos a su candidato debatiendo con otro sino también que esté disponible la información para los ciudadanos sobre qué hizo, qué propone”.
- ¿Cómo se arma la agenda de los debates?
- Los debates siempre enfocan los roles principales del Estado en los núcleos duros de una gestión nacional. En algunos lugares se abre para que la ciudadanía participe. En ese nivel, la ciudadanía quiere saber qué se va a hacer en temas de seguridad, salud, educación, economía e inserción en el mercado internacional. Si generamos un entrenamiento y una historia de estos temas podrán ir apareciendo otros; por ejemplo, el aborto que nunca se incluyó en un debate y este año es muy posible que ingrese entre las demandas de los movimientos de mujeres, y será importante que los candidatos digan su postura en este tema.
Resultado no garantizado
“Las democracias realmente existentes tienen en el acceso a la información pública, la libertad de opinión y el debate político, los componentes centrales que, junto al procedimiento electoral (elecciones limpias, libres y competitivas), son las garantías de un régimen político abierto (caracterizados mínimamente como los regímenes en que los partidos políticos que están en el poder, pueden perder elecciones). Sobre este punto hay un consenso casi unánime, más allá de las visiones más o menos pluralistas o agonistas a la que adscribamos sobre la política”, expone Comba.
El docente e investigador enmarca los debates presidenciales “en las estrategias electorales que median el acceso al poder, en donde el proceso de profesionalización de las campañas de las últimas décadas, ha llevado a que estas instancias se incorporen y consideren como puntos claves en todo proceso electoral”.
Sin embargo, una primera lectura que surge de los análisis comparados es que no hay correlación entre el nivel de éxito en un debate y resultados electorales: “Muchos candidatos con buenas performances en debates presidenciales no necesariamente ganan las elecciones, el caso del debate Obama-Romney en 2012 con motivos de las presidenciales en Estados Unidos es un ejemplo en este sentido (en esos debates -principalmente en el primero-, Obama no salió precisamente bien parado, no obstante, sería reelecto).
Ecuación y silla vacía
En el caso de la Argentina, si bien se establece la obligatoriedad de participar, “la ley fija dos sanciones (costos) para quienes no participen: el no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual, y el espacio físico asignado al candidato vacío al momento del debate”.
Sobre la segunda, los ejemplos en nuestro país y la región se dividen: “Scioli no participó de la primera instancia del debate presidencial convocado por Argentina Debate (y no ganó en segunda vuelta), y el recuerdo del debate promovido en el programa televisivo ‘Tiempo Nuevo’ entre Menem y Angeloz en 1989, del que el primero no formó parte y su atril permaneció vacío (y accedió a la presidencia), en tanto que también podemos recordar el caso de Brasil con las preguntas a un Lula ausente en el debate de campaña 2006”.
Este punto -explica Comba- “nos remite a la importancia del contexto político más allá de los debates, y también descarta una posible relación causal entre ‘posición en intención de votos’, ‘participar del debate’, y ‘resultado electoral’, a partir de la cual se podría inferir que aumentan las probabilidades de triunfo electoral si se dan las siguientes variaciones: ‘el candidato o candidata está primera en intención de votos’, ‘no participa del debate’, ‘gana las elecciones’, pero no hay relaciones de condiciones necesaria ni suficiente entre la primera y la última de estas variables.
Respecto a la sanción de no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual, “el costo de no percibir estos ‘espacios audiovisuales’ de campaña, será cada vez menor conforme las redes sociales y la mensajería instantánea tenga mayor peso en una estrategia electoral (tendencia que se acentúa en los últimos años)”.
Sobre la instancia del debate como práctica o hecho político, “ningún candidato o candidata que se presente lo hará sin previamente repasar, medir y ensayar cada una de sus intervenciones, gestos y posturas ante cada uno de los temas, como así también las posibles variaciones ante cada réplica de sus contrincantes, ya que quien titubea, duda o realiza un mal gesto, pierde”. Todo esto -señala Comba- “con un grupo de profesionales de la política, los medios y la oratoria/gestualidad, con quienes se realizarán los ensayos y simulaciones, sabiendo también que el éxito depende no solo del debate en sí, sino también de cómo este se replica (que momentos del debate serán amplificados y replicados por cada uno/a de los jugadores y jugadoras en el marco de sus estrategias electorales)”.
“El devenir político -concluye- llevará a que solamente se pueda contrastar el cumplimiento de las promesas de quien resulte triunfador o triunfadora en el proceso electoral (si es que participa del debate)”.
En Santa Fe
En la provicia de Santa Fe donde no tenemos ley ni es obligatorio, se han generado debates en varias categorías. Eso quiere decir que a veces, a pesar de no tener una ley que obligue, la sociedad generó esta necesidad de que los candidatos den la cara y se manifiesten
Ojalá en la provincia sigamos teniendo debates, ojalá tengamos una ley que establezca las pautas porque en el tema electoral es crucial el aspecto de las reglas de juego, que estén claras para todos para que se minimice esta “cancha inclinada” que a pesar de todo siempre existe a favor de los oficialismos y de las grandes estructuras. Pero si todos conocemos las reglas es más justo para todos.
Qué dice la ley: Bases y condiciones
La ley 27.337 sancionada a fines de 2016 modificó el Código Electoral Nacional y estableció la obligatoriedad de los debates preelectorales públicos entre candidatos a presidente de la Nación, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas de los partidos, frentes o agrupaciones políticas.
- ¿QUIÉNES? La obligatoriedad comprende a todos los candidatos cuyas agrupaciones políticas superen el piso de votos establecido para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias reguladas por la ley 26.571. Aquellos candidatos que no cumplan con la obligación serán sancionados con el no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual que se repartirán de manera equitativa entre el resto de los candidatos participantes. Asimismo, el espacio físico que le hubiera sido asignado permanecerá vacío junto al resto de los participantes, a fin de denotar su ausencia.
- ¿QUÉ? La Cámara Nacional Electoral, con asesoramiento de organizaciones del ámbito académico y de la sociedad civil, convocará a los candidatos o representantes de las organizaciones políticas participantes, a una audiencia destinada a acordar el reglamento de realización de los debates, los moderadores de los mismos y los temas a abordar en cada uno de ellos.
- ¿CUÁNTOS? Habrá dos instancias de debate, uno de los cuales deberá llevarse a cabo en el interior del país. Los debates tendrán lugar dentro de los 20 y hasta los 7 días anteriores a la fecha de la elección. Si hay ballotage, se realizará un debate adicional, dentro de los 10 días anteriores a la fecha de la elección.
- ¿DÓNDE? El debate presidencial obligatorio será transmitido en directo por todos los medios pertenecientes a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (R.T.A. S.E.). La transmisión deberá contar con mecanismos de accesibilidad tales como lenguaje de señas, subtitulado visible y oculto o los que pudieran implementarse en el futuro.
Vices
La Cámara Nacional Electoral pondrá a disposición mecanismos de coordinación y similares a los establecidos en los artículos anteriores en caso de que exista voluntad para un debate electoral entre candidatos a vicepresidentes.
Un nuevo elemento en las campañas electorales
Por Alejandro Tullio (*) | Télam
A pesar de que soy partidario de una intervención regulatoria mínima respecto de las campañas electorales -salvo en los aspectos financieros- creo que ante la debilidad estructural de las agrupaciones políticas, la proliferación de mensajes ambiguos o falsos en las redes sociales que afectan la contienda electoral y las disparidades de capacidad financiera de los candidatos, los debates son una instancia directa, no mediada, de comunicación y en consecuencia, la ley puede intervenir en beneficio del derecho al voto informado de los ciudadanos (...)
Las criticas a los debates suelen señalar que la oratoria, la capacidad de una respuesta imaginativa o la contundencia de un argumento no necesariamente reflejan la capacidad para gobernar. Es cierto, pero esas habilidades no pueden estar ausentes en un gobernante en un tiempo en que la comunicación es parte fundamental de sus funciones gubernativas. También se remarca negativamente que en muchos casos las consignas de campaña se imponen y no se reflejan en compromisos de gobierno pero, a mi juicio, las capacidades de fact checking desarrolladas en los países en los que hay debates y en nuestro país por entidades como Chequeado, representan un desafío para los candidatos respecto de la veracidad de sus afirmaciones. La Cámara Nacional Electoral debería incorporar esta actividad y su difusión a la organización de los debates.
Finalmente, la incorporación obligatoria de estos mecanismos cambiará la organización de la totalidad de las campañas. Entiendo que la existencia de dos o tres debates será un elemento ineludible en la planificación de campañas que hasta ahora no estaba presente en Argentina, y los mensajes y apariciones de campaña previas y posteriores se verán condicionadas por ellos.
Como toda actividad, no se puede pedir que ésta resuelva -por sí misma- la crisis de representatividad ni los límites de la confianza de los ciudadanos en nuestros funcionarios electos. Para evaluarlas se requieren tiempo y objetividad, recursos escasos en un país que vive la política como una pasión divisiva.
(*) Abogado especialista en derecho público, ex Director Nacional Electoral. Fragmento de nota para Télam
En democracias como la nuestra, donde la identificación partidaria no es lo único que define el voto, donde los sellos partidarios no proveen de tanta información, impulsar el debate y la discusión pública sobre propuestas de políticas concretas en temas clave para los argentinos puede ayudar no solo a definir el voto sino también establecer una línea de base sobre la cual evaluar gestiones y eventualmente premiar o castigar presidentes”. Carolina Tchintian. Directora del programa de Instituciones Políticas de CIPPEC.
