El kirchnerismo, y en particular la vicepresidenta Cristina Fernandez, resisten denodadamente (al punto de generar una crisis institucional) el desembarco de la Corte en el Consejo de la Magistratura por la pérdida de poder que esto le supondrá en la composición del organismo que se ocupa de designar a los candidatos a jueces federales y también a promover su destitución; una herramienta vital para el funcionamiento del Poder Judicial, pero también para incidir sobre él.
Pero más allá de esto, el agresivo atrincheramiento contra la Corte, y en particular contra Horacio Rosatti, se vincula también con el hecho de no haber conseguido hasta el momento el principal objetivo del sector que responde a Cristina: lograr la desestimación definitiva de todas las causas que persisten en su contra y que operan como una bomba de tiempo para su futuro más o menos inmediato.
Y es que, hoy por hoy, están en manos de la Corte varias decisiones sobre las causas de corrupción en las que está involucrada. Cristina presentó ante el Tribunal casi una docena y media de recursos de queja, dirigidos a que sean desestimados los expedientes en su contra. Esto abarca el caso de supuesta corrupción en la obra pública (Vialidad), donde también está siendo juzgado Lázaro Báez. Otros refieren al Pacto con Irán, Los Sauces, los Cuadernos de las Coimas y la llamada Ruta del Dinero K.
Al respecto, y si bien no corresponde hacer proyecciones que no tomen en cuenta las particularidades de cada caso, los antecedentes disponibles no son auspiciosos para la vicepresidenta. En este mismo mes, la Corte resolvió recursos promovidos con el mismo fin (lograr la desestimación de las causas) de Lázaro Báez, Julio de Vido, Juan Pablo Schiavi, Julio César Grassi, Marcelo Balcedo, Roggio, Wagner, Ben y Colombo. A todos los rechazó, y ordenó que los respectivos procesos sigan en marcha.
En ese sentido, no es caprichoso recordar que, en un acto que algunos identifican como la primera luz de alerta, y un punto de inflexión en el recrudecimiento de hostilidades, la Corte ya rechazó por unanimidad en su momento el recurso de queja presentado por Sergio Urribarri, en la causa que investigaba el presunto desvío de fondos del ex gobernador de Entre Ríos en la campaña presidencial en 2015. Lo hizo el 16 de diciembre de 2021, el mismo día en que dictó el fallo declarando inconstitucional la composición del Consejo de la Magistratura. Urribarri, en tanto, fue condenado el pasado 7 de abril.