El senador Armando Traferri (PJ-NES-San Lorenzo) presentó una denuncia penal contra el fiscal jefe interino Luis Schiappa Pietra y el fiscal adjunto Matías Edery "como posibles autores del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público", según la querella que consta de algo más de 15 páginas.
El meollo de la denuncia penal contra los integrantes del Ministerio Público de la Acusación dice que la investigación en su contra debió haber terminado cuando a Cámara de Senadores así lo dispuso, al rechazarse por una mayoría especial (que no se requería) el pedido de desafuero de los fiscales.
Como prueba –entre otras- figuran correos electrónicos oficiales de los fiscales donde queda en evidencia que la causa ha continuado más allá de los límites que les impone el Código Procesal Penal (CPP).
Como se sabe, los fiscales procuraron obtener la declaración de inconstitucionalidad de un artículo del CPP que ordena cesar con las causas contra los legisladores cuando sus respectivas Cámaras no les retiran sus inmunidades parlamentarias. En rigor, no es más que la norma procedimental de lo que ya está fijado por la Constitución Provincial.
La jueza Eleonora Verón rechazó, el 23 de marzo pasado, esa pretensión de los integrantes del MPA que ya anunciaron que apelarán la medida y que seguramente el caso terminará en la Corte Suprema de la Provincia.
Traferri acusa a los fiscales no por su deseo de obtener la declaración de inconstitucionalidad de esa prohibición contenida en el CPP, sino por haber seguido con la causa. Y ofrece pruebas que le han suministrado los propios fiscales.
Tras describir la "traición" que conlleva "ejercer arbitrariamente la autoridad oportunamente conferida" en el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes del funcionario público, el escrito dice sobre los fiscales: "respecto de mi persona, no han ejecutado la ley cuyo cumplimiento les incumbe. Y lo han hecho a sabiendas, con toda determinación, con reflexiva actuación y con decidida afirmación. Lo hacen asi cuando Schiappa Pietra en uno de sus correos electrónicos de hace horas, me indica que estoy siendo 'investigado' ". Y sigue: "tan petulante como crasamente errada afirmación, hace brillar con diáfana claridad el dolo directo".
De inmediato le pone fechas al incumplimiento de la ley por parte de los fiscales: "del 18 de diciembre pasado y hasta el presente". La fecha fue clave para el jefe del bloque Juan Domingo Perón, ese día solo 4 de los 19 miembros de la Cámara aceptaron el planteo a favor de su desafuero. (Hoy conforman el bloque Lealtad, más cercano a la Casa Gris).
El escrito cita doctrina, entre otros autores a Eugenio Zaffaroni, Andrés D'Alesio, Miguel Ángel Divito y Edgardo Donna.
"Los señores fiscales –dice la acusación de Traferri- saben que y bien saben que, ante el desafuero denegado, debieron declarar que no se puede proceder y disponer el archivo de las actuaciones; sin embargo, por motivaciones, intereses, influencias o subjetividades que lejos se ubican de la ley resistieron y omitieron proceder en el único sentido (legalmente) posible".
La denuncia fue entregada a la prensa, este miércoles 31 de marzo, acompañada por una suerte de ayuda memoria que señala las acusaciones de los fiscales contra Traferri (de cuando se pidió su desafuero) y las contradicciones o las pruebas que el legislador encuentra contra esos dichos.
El apéndice tiene algo más de 20 páginas y menciona en varias oportunidades al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain como una suerte de impulsor de las investigaciones. También habla de la decisión del gobernador Omar Perotti de concesionar por decreto el juego por internet (no presencial), sin que medie una reforma a la ley vigente. Cita el dictamen del Tribunal de Cuentas que rechazó esa medida del Poder Ejecutivo Provincial y vincula aquella concesión por vía de decreto con la imputación en su contra por parte de los fiscales.
La ayuda memoria contiene expresiones de los fiscales en sus escritos, en su presentación oral a los senadores y las debilidades de aquella exposición ante preguntas de distintos senadores.
Cada una de las imputaciones son puestas en crisis por contradictorias, según la opinión del legislador. Hay más de 120 contradicciones de acuerdo con Traferri.
La querella del senador provincial Armando Traferri contra quienes lo acusaron y pidieron infructuosamente su desafuero el año pasado tiene el patrocinio de su abogado, José Luis Vázquez.
Dice que al desobedecer a sabiendas el Código Procesal Penal, los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery actuaron en "una clara y estridente rebeldía frente a la contundencia de la ley".
Y agrega: "el defecto de adecuación, corrección y rectitud que evidencia la conducta de los funcionarios denunciados, se agrava ante sus públicas y publicitadas obstinaciones inquisidoras, ante sus ansias incriminantes, al amparo solo de sus dichos y deseos y con absoluta y deliberado desprecio de la ley que deben cumplir; es una clara actitud subversiva".
A continuación cita doctrina de Nuñez respecto del deber de celoso guardián que corresponde a los integrantes de los poderes públicos respecto de la ley.