De la redacción de El Litoral
politica@ellitoral.com
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El gobernador, Miguel Lifchitz, firmó el decreto que establece la realización de audiencias públicas para discutir futuros aumentos de la tarifa energética. Ayer, el propio mandatario anunció la decisión política que permitirá un grado de participación que hasta aquí no existía en la discusión de las tarifas de la Empresa Provincial de la Energía.
“A pesar de que la ley no lo exige en el caso de la EPE, firmé el decreto para instrumentar el mecanismo de audiencias públicas para estar en sintonía con lo que hoy está ocurriendo en otros lugares del país. Es una oportunidad también para darle voz a las organizaciones sociales, a las instituciones, para que puedan conocer previamente las políticas o decisiones de recomposición de tarifas cuando se den. La intención es que pueda haber opiniones y que desde el gobierno se pueda escuchar también esas posiciones antes de tomar una decisión”, fundamentó el gobernador.
No vinculantes
El mecanismo de audiencias públicas se instrumenta en la provincia para discutir, por ejemplo, los aumentos tarifarios que dispone Aguas Santafesinas S.A. Pero no se instrumentaba en el caso de la EPE, cuyos aumentos tarifarios eran dispuestos de manera unilateral por la empresa.
Esta mañana, en conferencia de prensa, la secretariade Energía de la provincia, Verónica Geese, aclaró que las audiencias no serán vinculantes, y que se instrumentarán por decreto hasta tanto esté definido el marco regulatorio de la empresa, que debe instituirse a través de una ley provincial.
Las audiencias eran reclamadas de manera insistente por sectores de la oposición y por organismos de defensa de los derechos del consumidor. El diputado provincial Héctor Cavallero (PPS), por ejemplo, había presentado un proyecto de ley en ese sentido, argumentando que el actual sistema que adopta la EPE para disponer sus tarifas “se contrapone al régimen nacional ya que la Ley 24.065 obliga al Enre (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) a convocar a audiencias públicas frente a la solicitud de modificar las tarifas. En igual sentido, la Ley Nacional 24.076 reguladora del servicio público de gas, establece la obligatoriedad de la celebración de las audiencias públicas previas a cualquier modificación de tarifas, cargos o precios”, decía el legislador.