El presidente del directorio de Aguas Santafesinas S.A. defendió y fundamentó el pedido de revisión y actualización tarifaria en un 60%, formalizado ante el Ministerio de Infraestructura. En diálogo con El Litoral, Hugo Morzán recordó que la última discusión en términos de tarifas autorizada en la provincia fue hace más de tres años. Sostuvo que se dispararon los costos por la inflación, los insumos dolarizados y las paritarias.
- ¿Cuál es la fundamentación del pedido de revisión y aumento tarifario?
- Lo primero que debemos decir es que la última discusión o pedido de aumento tarifario de ASSA data de 2018. Es decir que el último incremento aprobado y autorizado, fue en ese año. Eso derivó en un aumento del 28% en enero de 2019, y dejó pendiente el 32% que se aplicó recién en enero de 2020. Si tenemos en cuenta desde ese 2018 las situaciones que tienen que ver con tipo de cambio respecto de moneda extranjera e índices de inflación, se comprenderá que todo ello ha generado que la empresa quede muy atrás de la propuesta que originalmente tenía cuando arrancó la concesión en 2007. Allí, los fondos que aportaba el estado provincial cubrían un 30% de los gastos corrientes de la empresa y el otro 70%, era cubierto por la tarifa cobrada por los servicios prestados. Esta ecuación se fue revirtiendo hasta llegar en 2021 a un 47% de fondos aportados por el estado provincial, y el resto aportado por la tarifa. Y la proyección al 2022 si esto no se revierte a través de un incremento tarifario, nos plantea un 70% de los gastos corrientes de la empresa cubiertos por fondos de la provincia, y sólo el 30 restante, por la tarifa.
- ¿El escenario sería, entonces, el de una empresa prácticamente subsidiada por aportes del tesoro?
- Exactamente. Invertiríamos la ecuación inicial de 70% aportado por los usuarios, y 30 por la provincia. Quedaría exactamente al revés. Esto nos lleva a plantear después de toda esta etapa en la que producto de la pandemia se congelaron las tarifas, que se reabra la discusión tomando en consideración que nuestros insumos en su mayoría están dolarizados como el cloro y el sulfato de aluminio; tenemos incrementos en otros insumos esenciales como la energía eléctrica y las paritarias a fin de que los trabajadores no pierdan frente a la inflación, pero con un costo que también se traslada a la estructura de la empresa y genera un déficit importante. Estamos haciendo muchas inversiones para mejorar la eficiencia de la empresa, pero también esas inversiones son las que de alguna manera nos generan un mayor costo de producción. Todos queremos tener plantas de tratamiento de efluentes cloacales y operaciones de bombeo que nos permitan ampliar el servicio de cloacas, pero esas estaciones de bombeo generan consumo de energía, mantenimiento, seguridad y una serie de costos que se van incrementando. Todo esto hay que ponerlo en consideración, más allá de cuestiones que son elementales; hoy, es odioso comparar el servicio esencial del agua con otros servicios, pero debemos hacerlo. Hoy, con la tarifa actual, estaríamos rondando los 4,57 pesos más IVA el metro cúbico. A todas luces, si comparamos este esquema de abastecimiento de agua potable y segura con otra alternativa, obviamente que la tarifa debería ser modificada. Otro dato que no es menor es que tendríamos al 65% de nuestros usuarios abonando una tarifa menor a 1600 pesos con impuestos incluidos, es decir, 800 pesos mensuales por el servicio de agua y de cloacas. En tanto que el 95% de nuestros usuarios estaría abonando una tarifa por debajo de los tres mil pesos, es decir, unos 1500 por mes. Y destaco 'agua y cloacas' porque quien carece de este último servicio, sabe lo que cuesta pagar un atmosférico para vaciar los pozos ciegos.
- ¿Con este aumento que piden del 60% evitarían la ecuación de 70% de los gastos corrientes financiados por la provincia, y sólo 30% por los usuarios?
- Claro; con el aumento corregiríamos esta situación que es a la que no queremos llegar.
- ¿Cuándo se estaría instrumentando el primer escalón del incremento? ¿En el primer bimestre de 2022?
- No, no llegaríamos al primer bimestre porque recién la semana pasada el expediente ingresó al ENRESS, que ahora tiene diez días hábiles para fijar las fechas de las audiencias públicas. El Ente debe elaborar luego un informe sobre la base de esas audiencias, y elevarlo al Ministerio de Infraestructura, que es el que nos debe conceder la autorización y definir cómo se pueden instrumentar los aumentos. Nuestra aspiración es que se pueda comenzar en el segundo bimestre; a partir de que nuestra facturación es escalonada, lo ideal sería segundo y tercer bimestre del año que viene.