La ministra de Infraestructura Silvina Frana firmó este lunes la resolución Nro. 806 a través de la cual autorizó un aumento tarifario del 32% a Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) a partir del próximo 1° de enero. Según explicó a El Litoral el titular de la empresa, Hugo Morzán, se trata de un incremento que, en rigor, quedó pendiente de ser instrumentado en el año 2018. Por esa misma razón, sostuvo que no fueron necesarias en esta oportunidad otras instancias de revisión y participación como el dictamen del Ente Regulador de Servicios Sanitarios y la realización de una audiencia pública.
La resolución ministerial concede el planteo a ASSA, que invoca para justificar su pedido una disposición de hace dos años. En 2018, durante la gestión de Miguel Lifschitz, la empresa había solicitado una actualización tarifaria del 60% que sería aplicada a lo largo de 2019. El por entonces ministro de Infraestructura, José Garibay, lo permitió pero con la salvedad de que fuese escalonado. Se permitía, entonces, un primer aumento del 28% en el bimestre enero-febrero de 2019; y se dejaba la puerta abierta para que a lo largo del año se terminase de aplicar el resto hasta llegar al 60.
Pero 2019 fue un año particular; hubo campaña, elecciones y el oficialismo perdió esos comicios. El año terminó, entonces, sin incrementos, excepto, el del 28% del primer bimestre. Comenzó la nueva gestión, llegó 2020 y con él, la pandemia. Esa particular circunstancia derivó en un congelamiento de las tarifas, incluso, por una disposición del gobierno nacional. Por lo tanto, tampoco durante el corriente año las tarifas pudieron modificarse.
Sobre esa base es que ASSA entiende que el aumento que se aplicará a partir de enero y sin escalonamientos, responde en realidad a aquella autorización ya concedida en 2018. Suma a ello otros argumentos asociados a la delicada situación financiera de la empresa. Se plantea, por ejemplo, que "las variaciones significativas de precios" en insumos casi todos dolarizados "sin un incremento adicional" de tarifa para el año 2019, derivaron en un "déficit operativo creciente" que obligó transferir "959 millones de pesos" desde el Tesoro Provincial. Morzán adelantó, en tal sentido, que la empresa solicitará en 2021 una nueva readecuación tarifaria para dicho ejercicio.
El proceso previo a la autorización de este incremento incluyó la presentación – el 2 de diciembre - de sendas notas de parte de la Defensoría del Pueblo al Enress, por un lado; y al Ministerio de Infraestructura, por el otro. El titular del organismo, Raúl Lamberto, dijo a El Litoral que no puede haber incremento sin la correspondiente audiencia pública. Y no validó el argumento de que este aumento ya estaba permitido desde 2018. "No nos parece lógico invocar una audiencia realizada hace dos años, centralmente porque han cambiado los parámetros. Los parámetros post pandemia – advirtió - son diferentes a la situación previa. Hubo muy pocas actualizaciones salariales; no hubo modificaciones en el costo de la luz que inciden mucho en el costo del agua, y hubo congelamiento en tema alquileres. Quizá- planteó Lamberto – el único tema que pueda haber incidido de manera más significativa es el de los insumos, muchos de los cuales están dolarizados".
La nota plantea expresamente que "en el corriente año los salarios y jubilaciones se ajustaron por debajo de la inflación, hubo sectores que durante meses percibieron remuneraciones menores y otros que se vieron privados de todo ingreso y que tuvieron que acceder al Ingreso Familiar de Emergencia. Como corolario de lo expuesto entendemos que los criterios que se podrían haber considerados previos al inicio de la pandemia que afectó la realidad socioeconómica de los santafesinos y de todos los habitantes del país no resultarían aplicables para producir un incremento tarifario en la actualidad".
Por todo ello, Lamberto interpretó que debería hacerse una nueva estimación de costos y todo ello debería ser reevaluado en una audiencia pública, antes de autorizar el aumento.
El Ente Regulador de Servicios Sanitarios, en tanto, aguardaba recibir la notificación formal del Ministerio de Infraestructura para emitir luego una opinión sobre la decisión. El organismo no objetaría la cuestión porcentual pero sí reivindicaría la realización de audiencias públicas para nuevos incrementos.