El concejal Carlos Suárez presentó un proyecto de ordenanza mediante el cual se crea un Sistema de Control Económico Financiero para la prevención del lavado de activos de origen delictivo en el ámbito de la Municipalidad de Santa Fe.
La ordenanza crea un Sistema de Control Económico Financiero en el ámbito de la Municipalidad para la prevención y colaboración judicial y propone un protocolo de actuación. Tiene por objetivo recabar información sobre permisos de habilitación en rubros como venta y alquiler de vehículos y embarcaciones, armerías, casas de juegos y apuestas, hoteles, playas de estacionamiento y entidades financieras.
El concejal Carlos Suárez presentó un proyecto de ordenanza mediante el cual se crea un Sistema de Control Económico Financiero para la prevención del lavado de activos de origen delictivo en el ámbito de la Municipalidad de Santa Fe.
La iniciativa ingresará formalmente al Concejo en la próxima sesión y cuenta con el acompañamiento de Adriana “Chuchi” Molina, Leandro González y Julián Martínez como firmantes del proyecto.
Para ajustar detalles de la iniciativa, los ediles se reunieron este miércoles con el diputado provincial por la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Rosúa, quien ya impulsó un proyecto de estas características cuando era concejal de Rosario y, este año, otro a nivel provincial.
Respecto a su proyecto, el concejal Suárez destacó que la ordenanza contra el lavado consta de tres pilares fundamentales: “El sistema de control que proponemos estará conformado por un mecanismo de solicitud y tratamiento de información, un protocolo de actuación para la detección de operaciones sospechosas y una agencia contra el lavado de activos, para la prevención y colaboración judicial”.
La norma establece que se deberá recabar información acerca de permisos de habilitación, transferencias, cambio y anexo de rubros en venta y alquiler de vehículos y embarcaciones, comercios de armerías, casas de juegos y apuestas, bares y restaurantes, hoteles y hostels, playas de estacionamiento y cocheras, guarderías náuticas, entidades financieras, agencias de viajes, droguerías y farmacias, entre otros.
Al respecto, la presidenta del Concejo, Adriana “Chuchi” Molina aseguró que “hemos escuchado muchas veces que el Municipio no tiene competencia en materia de seguridad o es poco lo que puede hacer frente a la violencia urbana o la inseguridad. Con este tipo de normas buscamos darle más herramientas para que realmente pueda colaborar con la Justicia en la prevención y persecución del delito, que en definitiva, es procurar llevar tranquilidad y bienestar a nuestros vecinos y vecinas”.
“Entendemos que para combatir el delito es necesario atacar su matriz económica”, agregó Suárez. Y agregó que la ciudad debe avanzar en una norma que permita “frustrar los procesos de blanqueo de dinero, tal como lo hicieron los países más avanzados en la lucha contra el crimen organizado”.
En la misma línea, el concejal de Unidos para cambiar Santa Fe afirmó que “la batalla contra los delitos más graves como el narcotráfico, la corrupción y el terrorismo; demanda que el Estado en toda su estructura (Nación - Provincia – Municipio), asuma y lleve adelante políticas activas y eficaces”.
“El lavado de activos provenientes de esas acciones ilícitas hace a la rentabilidad y mantenimiento del negocio delictivo", remarcó.
Más adelante, el legislador valoró que “la provincia de Santa Fe avanzó mucho en esta materia e incluso cuenta con un sistema de recuperación de bienes provenientes del delito”. En ese marco, sostuvo que “la ciudad debe hacer su parte y, en interacción con otros estamentos y poderes del Estado, controlar de manera más eficiente la transparencia, origen y la trazabilidad de las inversiones que llevan a cabo en Santa Fe”.
Por su parte, Leandro González puso énfasis en que “el combate a las mafias y al delito organizado es fundamental para tener una sociedad en paz”. Y resaltó que este proyecto de ordenanza que “genera mecanismos para poder seguir el dinero de hechos delictivos, el cual muchas veces puede estar vinculado al narcotráfico, es una acción propositiva que podemos llevar adelante desde los Estados locales, articulando acciones con las áreas judiciales correspondientes y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia”.
La ordenanza contra el lavado propone ordenar y sistematizar toda la información recolectada, para ponerla a disposición de los distintos organismos competentes en la prevención y persecución del delito. “La norma que proponemos compromete a todas las áreas municipales que receptan información patrimonial y de actividad económica”, detalló Suárez.
Finalmente, el edil señaló que la iniciativa replica algunos de los principios rectores de la actividad de la Unidad de Información Financiera (UIF) -organismo del Ministerio de Justicia de la Nación-, en cuanto a las características de la información a recabar, aumentando el compromiso de la Municipalidad de Santa Fe en la colaboración con la justicia federal, provincial, y demás organismos de control.