Soberanía Nacional: por qué la falta de decisión política vulnera todo el sistema
El Estado nacional podría contar con mecanismos para advertir anticipadamente el arribo a suelo nacional de un avión con potenciales terroristas, pero la falta de determinación política deja desnuda la estructura de alerta temprana y reacción. Debates y proyectos de la actualidad de la inteligencia argentina.
El avión venezolano que trajo cinco iraníes al país. Crédito: Gentileza
Al hablar de inteligencia en nuestro país es importantísimo aclarar de antemano que los individuos que la componen – en todos sus niveles - tienen una preparación eficaz y una formación más que adecuada. Del mismo modo están sus voluntades de ser aprovechados para proteger los puntos sensibles de nuestra soberanía aplicando sus conocimientos y capacidades. El problema radica, y se explica a lo largo de las próximas líneas, en los funcionarios políticos que actúan y determinan con desidia o intencionalidad en el tema. Por eso, cuando ocurren hechos como el vinculado al avión del momento, militares responden oraciones que indican que “cuando nos enteramos de estas cosas, no podemos hacer nada”, tal cual revela una fuente militar consultada. Es la respuesta esperada ante la derogación que el actual gobierno implementó con su llegada al poder, donde se dejó atrás la intención macrista de empeñar a las Fuerzas Armadas ante amenazas externas que no necesariamente sean estatales (como potencialmente puede ocurrir en el caso de los viajeros en cuestión). La decisión de correr la intervención militar ante estos fenómenos (no sólo en términos reaccionarios, sino con su capacidad de prevención y alerta) presupone la eficacia de las entidades escogidas, pero esto fue descartado por la máxima autoridad de inteligencia en el país. Las vulnerabilidades y el desaprovechamiento que permiten un panorama preocupante para la protección de los objetivos estratégicos de nuestro país.
“Hay que ser bilardistas y empezar a exigir resultados” plantea el profesor y especialista en defensa nacional Leandro Ocón. El comentario surge a partir de la preocupación del estado de indefensión en materia de Defensa Nacional que afecta a la Argentina. Es que saber qué supuestos o potenciales paramilitares iraníes (aún no existen certezas de esa condición por la falta de adecuación en los sistemas de alerta) ingresan a nuestro territorio sin consciencia del aparato estatal, significa la imposibilidad (de no ser por la advertencia paraguaya) de seguir el trazo de sus intenciones o movimientos. Esto último abre el interrogante de si el uso del instrumento militar no brindaría una postura más robusta ante la amenaza. Para Ocón, "las organizaciones que se requieran para desarrollar tareas de inteligencia a nivel de la defensa nacional y su empeño como reacción ante hechos concretos depende del rumbo que la Nación quiera tener en ese sentido, lo que demanda el desarrollo de una política de Estado que los últimos gobiernos no lograron siquiera madurar entre tantos vaivenes, muchos cargados de ideología o revanchismo". En ese sentido, el entrevistado señala, "debatir modificaciones en las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior es caer en un pozo ciego". Del mismo modo destaca que, "el uso de personal del Ejército Argentino o de cualquier Fuerza Armada Argentina – tal cuál están planteadas las regulaciones en nuestro país - para operaciones relacionadas con agresiones o amenazas llevadas a cabo por sujetos que no tienen un estatus militar regular puede significar no solamente un calvario judicial para los uniformados argentinos, sino una reacción de organismos internacionales en perjuicio nuestro". En contracara, sugiere aumentar los presupuestos destinados a las tareas alusivas y al equipamiento acorde para poder desarrollarlas dentro de los estándares necesarios.
Los recursos de inteligencia parecen estar más abocados – por determinación política - a las escuchas telefónicas de periodistas, sindicalistas y opositores que a la protección de los intereses nacionales. A eso hay que sumarle la falta de direccionamiento de las intenciones buscadas actualmente, porque no solamente falta la visualización de resultados tangibles de una larga intervención, sino que el gobierno nacional aún no logra – luego de haber superado la primera mitad de gestión – oficializar un titular en la Agencia Federal de Inteligencia. En ese aspecto, no es menor poner sobre relieve que el nuevo interventor – el santafesino Agustín Rossi, de máxima confianza del presidente y la vice – reconoce, como máxima autoridad de la inteligencia nacional, no tener información sobre las motivaciones de los venezolanos e iraníes que aterrizaron en Córdoba y Ezeiza. El funcionario sólo pudo apelar a conjeturas personales que causaron rechazo y burlas en la opinión popular.
Especialista en defensa nacional Leandro Ocón. Crédito: El Litoral
A esto se suma, la aparente intención de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar de lo que sería un “plan de escucha”, utilizando la estructura de las unidades militares de Ejército. Para eso ya se realizaron reconocimientos en diversos cuarteles y todo se triangulará y manejará desde un comando que se ubicaría en las instalaciones castrenses de Villa Martelli.
Por su parte, el ministro de seguridad de la Nación – Aníbal Fernández – reconoció nexos entre al menos un tripulante y fuerzas paramilitares iraníes – calificadas internacionalmente como terroristas - con fuerte vínculo con el estado de ese país. Aquí otro dato grave: las tropas de Al Quds son una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria iraní especializado en inteligencia militar y, sin embargo, no aparecen en los registros de agrupaciones terroristas que reconoce el gobierno argentino; como sí lo hace el estadounidense, por ejemplo.
La llegada de integrantes de este tipo de agrupaciones militares al país y la desidia de nuestro Estado para reaccionar deja al descubierto un nuevo caso del fenómeno que se reconoce como “parálisis por análisis”.
Crédito: Noticias Argentinas
“De manual”
Tras conversaciones con el ex ministro de Defensa, Julio Martínez, por la política que el macrismo había tomado en su momento, se reafirma que ahora la estructura nacional pareciera estar esperando agresiones tradicionales del tipo ‘una línea de tanques avanzando hacia una frontera terrestre’ y no una infiltración de fuerzas que se presentan irregulares, en un avión civil de carga, pero que en realidad están sustentadas por un Estado Nacional y una Fuerza regular extranjera en lo que puede ser una operación militar de inteligencia o provisión de armamentos para eventuales células en la región. Ocón logra explicar esta situación de manera sencilla: “el Estado argentino opera ‘de manual’ y con un pensamiento cuadrado, ante agresiones que son cada vez más híbridas y distorsionadas”.
Situados ahora en la instrumentación de las leyes de Seguridad Interior y Defensa Nacional que efectuó esta gestión, limitando el uso de las Fuerzas Armadas a amenazas de Estados o fuerzas regulares extranjeras, es importante reconocer que hay tareas que sí buscan disuadir a través de las FF.AA, tales como, agresiones externas o narcos. Por ejemplo, las fuentes del Ejército Argentino consultadas indican que actualmente existen dos operaciones militares cercanas a la frontera. Por un lado, la operación llamada MARVAL (María Remedios del Valle) abocada a disuadir peligros y, por el otro, “Fronteras” destinada a la vigilancia en la frontera norte. En este último caso, sin embargo, señalan que el impacto en materia de seguridad nacional es obsoleto, ya que se filtraron las posiciones de los distintos radares dispuestos, las áreas que ‘peinan’ y cuáles no pueden ser filtradas nunca por diversas razones de sensibilidad bilateral.
En el caso del Ejército, es curioso que se trata de una fuerza con gran despliegue y presencia en todo el planeta a través de agregados de defensa o militares que representan a nuestro país. Pero su rol allí está reducido a actividades administrativas o diplomáticas. “Si alguno de nuestros agregados o cualquier personal desplegado en el exterior se entera de movimientos que puedan afectar a nuestro país - como la circulación de un avión como el que ahora está en todas las noticias – no lo informa, porque no sabe cómo ni a quién hacerlo” explican desde la órbita del Ministerio de Defensa. También detallan que “en la época de Milani, si bien ya regía este planteo gubernamental, todavía había formas informales de "prender las alarmas” pero que con el correr del tiempo y con el miedo a represalias o vinculaciones, se fueron perdiendo y la reacción militar ante el conocimiento de estos fenómenos es nula. Vale recordar aquí que cada Fuerza Armada tiene su propio sistema de inteligencia y personal profesionalizado para desarrollar tareas de investigación que anticipen peligros como los expuestos, además de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa. También explican a este medio que la “inteligencia táctica” que debería ser aplicada en estas situaciones, ya ni siquiera se instruye entre el personal militar. Esto genera manifestaciones de que toda esa estructura de inteligencia militar está desaprovechada a los efectos expuestos en el contexto multilateral actual y, peor aún, la falta presupuestaria (menos de un punto del PBI es destinado a la Defensa Nacional) está llevado a una descapitalización y pérdida de la cadena del conocimiento gravísima en la materia. En esto hay una fuerte tensión ideológica, sólo basta repasar lo dicho por la portavoz presidencial, "aumentar el presupuesto de las Fuerzas Armadas y su uso sólo responde al invento de dicotomías".
El rol de la Fuerza Aérea Argentina debería ser otro en este caso y por eso se pone también en foco el descuido dado a las FF.AA. Ésta tiene entre sus responsabilidades ver y determinar los vuelos y analizar los planes de vuelo que deben ser informados. Dicha tarea se lleva a cabo desde un comando conjunto ubicado en la base aérea de Moreno, donde se analizan – por ejemplo – los datos que se informan desde la operación “Fronteras” con presencia de enlaces de las tres FF.AA y de Fuerzas de Seguridad Federales como Gendarmería Nacional Argentina.
La conclusión es breve pero contundente: el país tiene problemas para reconocer grupos armados con incidencia en la región y sus intereses (es para analizar en otro artículo los lazos narco-terroristas en la triple frontera y la falta de presencia militar y de inteligencia allí); ante amenazas irregulares (incluso no detectadas) todos los actores dudan de la jurisprudencia correspondiente al caso y la cuestión empieza a ser pateada de un sector a otro. Por esto, desembocamos en una situación donde organizaciones sociales denuncian que otro atentado – como el perpetrado en la AMIA o la embajada israelí – pueda volver a ser cometido sin que nadie sepa o pueda advertirlo, pese a que ahora debería ser más fácil identificar a los potenciales agresores.
Crédito:Noticias Argentinas
El rol de migraciones
Otro punto conflictivo ante la llegada del avión venezolano con iraníes tiene que ver con el rol de la dirección de Migraciones ante una aeronave sancionada y personas de dudosas intenciones y relaciones peligrosas. Si bien no hubo declaraciones de su titular, El Litoral pudo recibir comentarios desde el Ministerio del Interior que compone. La respuesta que dan es tendiente a aclarar que su rol es controlar únicamente el ingreso y egreso de personas al país, por lo que no tiene potestad sobre qué vuelos aterrizan o no. Respecto a la tripulación venezolana-iraní aclaran que, el primer aterrizaje en nuestro país, no hubo restricciones o impedimento alguno para habilitar su permanencia cuando chequearon sus datos (aquí es importante traer a colación lo expuesto sobre los registros terroristas y el funcionamiento de los sistemas de inteligencia argentinos).
En el segundo aterrizaje la reacción fue distinta por dos motivos: porque Uruguay rechazó y puso en alerta la situación de ese avión y su tripulación (factor externo) y porque dicho personal ya estaba “vencido en horas de vuelo”. Según explican, esto hizo que la Policía de Seguridad Aeroportuaria advierta lo que se califica como una “sospecha” entre los fines de vuelo “declarados” y los “reales”, por lo que – pese a haber vuelto a aprobar todos los chequeos – en cumplimiento de la Ley 25.871 se retuvo los pasaportes de la tripulación y recién ahí se giraron notas a la AFI y a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad. Esta información validaría la teoría de que las autoridades argentinas no tenían noción de la presencia del avión y esa tripulación, hasta que la región se manifestó reaccionaria a su llegada.
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