Lunes 10.5.2021
/Última actualización 11:12
“Es un tema terminado”, dijo el presidente a periodistas que lo acompañan en su viaje a Europa, sobre el enfrentamiento interno entre Martín Guzmán y el subsecretario de Energía, el cristinista Federico Basualdo. Si es así, no está demostrado que Alberto Fernández haya “fortalecido” a su ministro de Economía.
En los hechos, el funcionario del Instituto Patria se impuso, y en el Amba se autorizaron incrementos de tarifas eléctricas del 9%. Guzmán advirtió antes de embarcarse a Portugal que se subsidia a los “ricos”.
Ese gasto social regresivo se verifica desde que Néstor Kirchner invalidó a su ministro de Economía en 2005, la propuesta de un fondo anticíclico en tiempos de superávit gemelos. El fallecido jefe de Estado eligió entonces expandir el gasto; eso y la corrupción de la obra pública precipitaron el alejamiento de Roberto Lavagna.
El reparto no sólo fue regresivo en lo social sino que postergó a todos los argentinos que viven lejos del entorno inmediato de la Casa Rosada. Así por ejemplo, la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe tendrá subas del 30% en sus facturas, y eso sólo como incremento de los costos de su trabajo de distribución. La energía que la empresa santafesina paga al proveedor mayorista, no está contemplada en ese aumento.
No sólo se privilegia a los que más tienen, como apuntó Guzmán; se beneficia más a los que viven en una geografía decisiva para los intereses electorales del oficialismo.
Según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), de 2005 a 2014, los subsidios (energía, transporte) pasaron de 0,8% a 5,1% del PBI. A partir del 2016 comenzaron a bajar hasta situarse en el 2019 en 1,6% del PBI. Pero en el 2020 volvieron a subir a 2,9% del PBI.
Por mucho que el Papa interceda piadosamente, será difícil para Guzmán explicarle a la directora general del FMI, Kristalina Georgieva -se verán en Roma- que tiene un plan económico sustentable, mientras al mismo tiempo en el primer trimestre, los subsidios aumentaron un 170% respecto a igual período del año anterior.
La Argentina cerró su ejercicio 2020 con un déficit primario (es decir sin contabilizar pagos de deuda) equivalente el 6,5% de su PBI; el presupuesto proyecta 4,2% este año. ¿Cómo se logra ese objetivo de achicar el gasto, aumentándolo?
Fernández están en Europa tratando de que le extiendan el plazo de un vencimiento por unos U$ S 2400 millones a fines de este mes, con el Club de París. Y al mismo tiempo le propone al FMI que le postergue pagos por la deuda de U$ S 44.500 que dejó Mauricio Macri, que le acredite U$ S 4354 millones de derechos especiales de giro y le autorice “expandir el gasto”.
El cristinismo marcó la cancha la semana pasada en el Senado. Votó que los DEG que la Argentina recibiría, sean volcados al gasto en pandemia; Guzmán sostiene que deben engrosar las reservas netas del BCRA, que se vienen recuperando levemente (netas U$ S 4800 millones) pero que están lejos de un nivel que puedan despejar cimbronazos en un país al borde del default.
Se puede aumentar el gasto bajando su incidencia en el PBI, si se incrementan los ingresos genuinos. Con la soja a U$ S 580 la t, el cristinismo vuelve a tener la bendición del yuyo maldito (además aumentó impuestos). Busca ganar tiempo hasta las elecciones, pero lo que conviene electoralmente a una facción en el poder, es distinto a lo que necesita la economía para crecer.
Con 42% de suba interanual de la inflación en abril, y salarios evolucionando al 30%, se entiende buena parte del ajuste que el gobierno maquilla con la crisis por pandemia. Pero incluso eso no alcanza para estabilizar, mientras el kirchnerismo insiste en distribuir sin generar.