En forma virtual, el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz, encabezó durante noventa minutos la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria que había convocado el sábado cuando la jueza rosarina Eleonora Verón resolvió enviar a "Legislatura" y a la Corte Suprema de Justicia copia de la declaración del destituido fiscal Gustavo Ponce Asahad y que involucra a funcionarios de los dos poderes. En la Corte se informó que la copia de la declaración llegó este miércoles en la reanudación de actividades tras el fin de semana largo.
Lifschitz puso a disposición de cada uno de los bloques una copia de la extensa declaración de Ponce Asahad. Se hizo un análisis sobre el cuadro de situación generado a partir de esa declaración y se aclaró que -en principio- la Cámara de Diputados no tiene ningún miembro implicado en esa presentación ante fiscales. Hubo alguna queja -especialmente desde el justicialismo- por la difusión de partes del video de Ponce Asahad durante el fin de semana largo. "La jueza debió haberse ocupado de preservar la grabación" señaló uno de los presentes según supo El Litoral. También hubo pedidos para que se siga remitiendo a la Cámara la información que produce la fiscalía.
Además, la Cámara de Diputados tiene conformada desde agosto la Comisión de Seguimiento e Información de la causa que investiga la participación de los ex fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad en la presunta extorsión y cobro de coimas a personas vinculadas al juego clandestino. Este cuerpo especial que preside el socialista Joaquín Blanco se reunirá nuevamente el viernes, desde las 11, para analizar los últimos sucesos derivados de la declaración de Ponce Asahad. "Acompañaremos los pasos de las investigaciones y aportaremos todos los elementos disponibles para dotar de la mayor transparencia e información sobre el proceso a la ciudadanía", expresó en Twitter el legislador al confirmar la reunión del viernes. Blanco es secundado en el grupo de trabajo por Mónica Peralta (Gen) y Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) como vicepresidentes. El radical Juan Cruz Cándido es secretario. También forman de la comisión Lionella Cattalini (PS), Maximiliano Pullaro (UCR), Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia), Matilde Bruera (PJ), Gabriel Real (PDP), Julián Galdeano (Juntos por el Cambio-UCR), Amalia Granata (Somos Vida) y Oscar Martínez (Frente Renovador-100% Santafesino). La comisión ya se reunió con los fiscales del caso e incluso con el ex jefe de Policía de la provincia, Víctor Sarnaglia.
También en Twitter, Blanco dijo que ayer durante la reunión con Lifschtiz "expresamos nuestro apoyo institucional a los fiscales que investigan esta causa para que se pueda conocer toda la verdad. Debe ser un proceso ejemplar basado en pruebas, y no ser objeto de presiones u operaciones políticas".
En Casa Gris existe fuerte hermetismo ante el vencimiento que se producirá este viernes del plazo para vetar total o parcialmente la ley sancionada en noviembre que establece el control del Tribunal de Cuentas sobre los fondos reservados del Ministerio de Seguridad. El expediente está en manos de áreas jurídicas del Poder Ejecutivo y la decisión final la adoptará el gobernador Omar Perotti.
El tema se inició en un proyecto del Senado aprobado esa misma tarde por la Cámara de Diputados y que motivó un fuerte cruce con el Poder Ejecutivo. En tanto, el lunes vencerá el plazo para observar o promulgar la otra sancionada esa jornada y que refiere a los cambios en el sistema de incompatibilidades para funcionarios del MPA.
El jefe de los diputados justicialistas, Leandro Busatto, dijo en el recinto al rechazar ambos proyectos que esas leyes tenían como objetivo quitarle poder al ministro de Seguridad, Marcelo Sain.
Postergación en una semana de nervios
La Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa decidió que sea la semana próxima la sesión especial conjunta de ambas Cámaras para definir la situación del fiscal Adrián Spelta, y otros integrantes del Ministerio Público de la Acusación.
Así lo definieron los diputados y senadores provinciales que componen esa comisión, luego de un panorama confuso, en el que durante este 9 de diciembre -por una parte- se indicaba incluso de forma oficial que para este jueves 10 estaba convocada esa reunión conjunta, mientras que -por otra- no había sido firmado por la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, en los plazos correspondientes, el necesario decreto de convocatoria.
La curiosa (y desprolija) circunstancia parece vinculada con la tensión política desatada en los últimos días, a raíz de las declaraciones en sede judicial del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, preso por cobrar coimas del juego ilegal, y quien ha acusado a altas figuras de los tres Poderes del Estado de hacer lo mismo y formar parte de una red de protección para esa actividad ilícita.
El ex fiscal rosarino, militante del justicialismo ha dicho que "históricamente" el PJ santafesino se ha "financiado" con el juego ilegal, entre otros conceptos que generaron un clima tenso en el oficialismo.
Precisamente, Ponce Asahad fue removido por la última sesión conjunta (celebrada en octubre) por unanimidad.
Volviendo al tema Spelta, El Litoral pudo saber que el recurso judicial presentado por el fiscal para que su conducta no sea juzgada por la Legislatura se encuentra en la Corte Suprema de Justicia a fallo definitivo.
Por tercera vez, dos funcionarios del Poder Ejecutivo pidieron postergar su participación ante la Comisión de Obras y Servicios Públicos de Diputados para considerar los mensajes sobre proyectos de conectividad. Se trata del secretario de Tecnología, Sergio Bleynat y el presidente de ENERFE, Juan D Angelosante.
La comisión que preside la socialista Clara García intentó ya tres veces conocer la postura del Poder Ejecutivo en los dos proyectos que fueron incluidos para el tratamiento en Extraordinarias. "Es la tercera vez que son invitados por la @CamaraDipSF funcionarios provinciales a que expliquen el proyecto de conectividad del @GobSantaFe y no asisten. Lamentable. Poca predisposición al diálogo" señaló el radical Alejandro Boscarol, integrante de la comisión.