El jefe de gabinete de Alberto Fernández, Santiago Cafiero, firmó una Resolución que fue publicada en el Boletín Oficial de este martes a través de la cual le delega la potestad de denegar información pública a cualquier funcionario que sea subsecretario o superior a ese cargo dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Esta medida configura una nueva traba para periodistas, organizaciones y ciudadanos en general que desean hacer uso de su "ejercicio del derecho de acceso a la información pública", tal como indica la Ley, en la que además se busca "promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública".
Si bien "el sujeto requerido, solo podrá negarse a brindar la información solicitada por acto fundado", y "dicha denegatoria debe ser dispuesta por la máxima autoridad del organismo o entidad requerida", Cafiero se amparó en un artículo del Decreto Reglamentario N° 206 del 27 de marzo de 2017.
En el mismo, "se faculta a la máxima autoridad a delegar la emisión del acto de denegatorio de información en un funcionario cuyo cargo no sea inferior al de Director Nacional o equivalente según el sujeto obligado de que se trate".
Con esta movida, el jefe de Gabinete ya no será la autoridad obligada a refrendar y argumentar las razones legales por la cual su área niega la información requerida.
En su lugar podrá ser cualquier funcionario del rango establecido con esta medida. Es decir, habrá más manos para poder rechazarlos, en los plazos requeridos por la ley.
Según las ongs especializadas en datos públicos y libertad de expresión, la gestión de Cafiero refleja una caída en los estándares de acceso a la información.