Familiares de personas con discapacidad pidieron la declaración de la emergencia

La situación de las personas con discapacidad por efecto de las demoras en el pago de aranceles de prestaciones básicas y específicas estuvo en primer plano hace casi un mes con una gran movilización que se desarrolló en distintos lugares del país y también en la provincia. Fue a comienzos de septiembre y la diputada provincial Rosana Bellatti acompañó aquel reclamo.

Casi un mes después, la legisladora socialista impulsó la jornada de Diputados por un Día en la Cámara baja con la participación de familiares de personas con discapacidad que presentaron un proyecto de declaración de emergencia debido, entre otras situaciones, a los retrasos de los pagos nacionales y provinciales a prestadores.

Pablo Dulac, María José García, Graciela Dias y Romina López, padres y madres de personas con discapacidad, explicaron la compleja situación por la que atraviesan, que se traduce en un efecto directo sobre sus propios hijos e hija.

"Vinimos a exponer la problemática del atraso del pago a prestadores por el recorte que hubo por parte del gobierno nacional, por el DNU que se lleva 110 millones de pesos", sostuvo García. El efecto de la medida es que "recortó los pagos a prestadores que ya cobran con 4 y 5 meses de atraso: la terapista de mi hija recién cobró el mes de junio en los últimos días", ejemplificó. A esto se suma que "los aranceles no van de acuerdo a la inflación".

"Esto llegó a un límite inaceptable, a un límite de abandono de persona de parte del gobierno nacional y tampoco vemos apoyo por parte del gobierno provincial", reclamó. El panorama es complejo para prestadores, transpotistas, etc, pero también impacta sobre las y los pacientes: "Ellos necesitan mucha estructura y si un día se levantan y no van a la terapia que les corresponde ni pueden estar con su gente, entran en crisis".

"Lo que queremos es que se respeten y no se vulneren los derechos de los chicos. Hay que ponerse en su lugar pero, a la vez, nos solidarizamos con los profesionales y los prestadores", sumó Dulac, mientras advirtió que "hay un tira y afloje porque se echa la culpa a la Superintendencia (de Servicios de Salud), ahí dicen que le pagan a la obra social, pero en el medio están los chicos".

A su turno, García detalló "el ida y vuelta" que significa completar los trámites cada año en diciembre, "por ejemplo para una patología no evolutiva como es la parálisis cerebral nos hacen llevar papeles y después hay que esperar. Cuando pedí una silla postural para mi hija tuve que esperar 9 meses, y cuando llegó ya le quedaba chica".

Por su parte, Días advirtió que "continuamente vulneran los derechos de los chicos". Y ejemplificó: "Vivo en Venado Tuerto, para extender la autorización anual me dicen que tengo que ir a Rosario: son mínimo 8 horas, el gasto corre por mi cuenta, hay prestaciones que no se autorizan y me devuelven toda la documentación". Comprensiva de la situación que atraviesan los prestadores que reciben sus pagos con varios meses de demora, evaluó que "si hay paro los chicos no van al colegio, no asisten a la terapia pero ellos necesitan de esa estructura para su tratamiento".

El proyecto presentado este martes en la Cámara baja, en el marco de Diputados por un Día, establece la emergencia en materia de discapacidad, explicó Bellatti.

La legisladora señaló que en reuniones con autoridades de la obra social provincial se abordó el tema de la disponibilidad de fondos y su desfinanciación, cuestión que afecta en forma directa a las personas con discapacidad. "La propuesta es destinar fondos del Ministerio de Salud a un plan específico para atender a las personas con discapacidad", concluyó.