Discapacidad, endeudamiento y Ley de Tierras en la agenda de la mega sesión de Diputados

La Cámara de Diputados celebrará una sesión especial este miércoles desde el mediodía con un amplio temario que incluye los proyectos de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, de Discapacidad, morosidad familiar, combate al vandalismo rural y trazabilidad de medicamentos de alto riesgo.

Con respecto al primero de los temas, llega con media sanción a la Cámara baja después del desguace aplicado por la oposición en el Senado, que volteó el capítulo vinculado a la Ley de Manejo del Fuego pero también el que buscaba derogar la Ley de Tierras Rurales. Aquella sesión se desarrolló en el marco de una masiva marcha en todo el país.

Ahora el Gobierno busca restituir la Ley de Tierras en el tratamiento en Diputados, luego de que la oposición amenazara seriamente con rechazar todo el DNU 70. De esta manera, se reafirmarán los límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, además del tope de 1000 hectáreas en zonas núcleo del país, espejos de agua y zonas de frontera.

La versión menguada de la Ley de Propiedad Privada que quedó en pie después de la extirpación en el Senado, son capítulos que modifican la Ley de Expropiaciones, restringiendo las capacidades del Estado para declarar la utilidad pública de bienes inmuebles, y también una reforma de la ley de Desalojos para permitir acortar drásticamente los tiempos judiciales para la restitución de propiedades usurpadas o con tenencias irregulares.

En cuanto a las expropiaciones, el dictamen de mayoría estableció que habrá tope del 30% de indemnización por lucro cesante si está debidamente acreditado: el proyecto original no ponía ningún porcentaje.

Sobre los desalojos por usurpación, se dispone que el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble y podrá intimar dentro de las 72 horas su devolución si así lo pide el propietario, que deberá mostrar con prueba documental que es el dueño de este terreno, vivienda o campo.

En el caso de desalojos por mora (es decir, cuando no hay una usurpación directa), luego de la intimación al pago los inquilinos tendrán un plazo de al menos 10 días para regularizar deudas antes de que el locador les pueda iniciar la acción de desalojo, contando desde el momento que recibieron la notificación.

Existe, de todos modos, un protocolo de vulnerabilidad que asegura un plazo máximo de 10 días para asegurar una alternativa habitacional transitoria con intervención del Ministerio Público Tutelar cuando en la ocupación hayan menores, discapacitados o adultos mayores desamparados.

Por otra parte, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada modifica la ley "Pierri" de regularización dominial para que puedan acceder a la escritura de esa vivienda única las familias que tengan una posesión pacífica demostrable a lo largo de los 10 años anteriores.

En tanto, se reconoce la "ocupación temporánea anormal", admitiéndose por 90 días prorrogable por única vez en circunstancias graves verificables de necesidad pública como emergencias sanitarias, conflictos armados, desastres naturales.

Ley de Discapacidad

En el caso del proyecto sobre Discapacidad, el oficialismo tiene cerrado el dictamen a partir de concesiones a pedido de Argentina Federal y el MID.

El proyecto de "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad" toma en cuenta casi todo el esquema de beneficios plasmados en la ley 27.793 sobre Discapacidad pero le quita el carácter de emergencia y transitoriedad, convirtiéndola en una norma de orden público, con efectos permanentes, que exceden los gobiernos de turno.

En este sentido, para La Libertad Avanza, este proyecto cristaliza una versión "superadora" de la ley de emergencia que la oposición de Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y Elijo Catamarca busca prorrogar por un año más hasta el 31 de diciembre del 2027.

Lo que se mantiene de la ley de emergencia es, por ejemplo, la compatibilidad entre el goce de una pensión contributiva por discapacidad (70% del haber jubilatorio mínimo) para titulares del CUD y tener un empleo formal o monotributo, siempre y cuando los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles.

Además se mantiene el principio de nomenclador único, se ratifica la indexación automática periódica de los aranceles de las prestaciones por el índice de movilidad jubilatoria, y se garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para quienes tengan la pensión por discapacidad.

En cuanto al financiamiento, se establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior en términos reales al ejercicio fiscal del año anterior.

Por otro lado, se crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo.

Y se incorporó a pedido de aliados una cláusula transitoria que exige un cronograma para el pago de las compensaciones atrasadas a prestadores, con un plazo máximo de 30 días para la reglamentación del PEN.

La oposición se aferra a la prórroga de la emergencia (por un año más, hasta el 31 de diciembre de 2027) porque por su propia naturaleza genera mayores condiciones de exigibilidad a jueces para que resuelvan de manera perentoria las 324.303 solicitudes de pensión pendientes y las compensaciones no pagadas a los prestadores.

Además sostiene que el proyecto del oficialismo mantiene separadas la pensión por invalidez laboral y la pensión por discapacidad, y endurece los requisitos.

También argumentan que la ley propuesta por La Libertad Avanza y sus aliados delega en la reglamentación la evaluación para acceder a la pensión y la compatibilidad con el trabajo, y permite suspender pensiones sin debido proceso, por simple cruce de datos.

Según advierten, tampoco garantiza el financiamiento, ni asegura el pago de la deuda con los prestadores ni el atraso arancelario del 30,67%.

Endeudamiento familiar

El dictamen de mayoría es el del oficialismo y sus aliados del PRO y la UCR, y hace hincapié en brindar información detallada sobre créditos al usuario para prevenir situaciones irregulares, pero no interviene ni con tasas máximas ni con planes de refinanciación para deudores críticos.

El proyecto se denomina "Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores".

Uno de los pilares es la transparencia y el acceso a la información de créditos al consumo, con especial detalle en los créditos de corto plazo, que son los que suelen tener tasas más altas.

Otros ejes de la iniciativa son la precancelación de deudas, la trazabilidad completa de sus obligaciones y el acceso gratuito al perfil de riesgo dentro de las entidades bancarias y las plataformas.

El proyecto de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, denominado "ley de regularización y alivio financiero", declara la emergencia por 180 días y propone un régimen de refinanciación de al menos 12 cuotas, al cual pueden adherir personas que tengan una mora de más de 60 días y por montos de hasta dos canastas básicas totales hogar tipo 2 (actualmente 3.265.010 pesos).

En tanto, se fija como cuota máxima un monto que no supere el 30% de los ingresos de las personas.

Cada persona que voluntariamente desee adherir al régimen de regularización lo deberá tramitar ante su propio acreedor, y si este no admite la gestión, interviene el Banco Central.

Por otra parte, el proyecto de UP y PU le pone un límite a la tasa de interés vinculado al Costo Financiero Total, pero le garantiza a los acreedores una ganancia moderada, que consiste en un plus sobre la tasa de refondeo mayorista (TAMAR).

Un aspecto no menor del proyecto es que se condona el 100% de los intereses punitorios, respetándose el capital, y se ponen límites a los intereses compensatorios.

La iniciativa además incluye un capítulo de portabilidad financiera, otro sobre cobranzas abusivas y otro de educación financiera.

El recuerdo de la crisis del fentanilo

Se tratará un dictamen único firmado por unanimidad para la creación de un Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud, con foco en medicamentos de alto riesgo.

La iniciativa, que tiene como autora principal a Silvana Giudici (La Libertad Avanza), constituye una respuesta a la tragedia sanitaria que comenzó en abril del 2025, cuando el fentanilo contaminado de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo causó al menos 90 muertes y afectó a otras 44 personas.

Producto de esta crisis sanitaria, la Cámara de Diputados creó por unanimidad una Comisión Especial Investigadora presidida por la rosarina Mónica Fein (hasta diciembre integrante de la Cámara), cuyo informe final recomendó la trazabilidad de medicamentos críticos.

El debate comenzó el 8 de septiembre del año pasado y el dictamen incluyó también aspectos de los proyectos presentados por los diputados Pablo Juliano (Provincias Unidas) y Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria).

La iniciativa establece la trazabilidad obligatoria y en tiempo real de los fármacos inyectables parenterales (intravenosos, intramusculares, intratecales, entre otros) y de sus materias primas.

El proyecto busca “establecer el deber de notificación inmediata por parte de las instituciones de salud públicas y privadas respecto del uso de medicamentos de alto riesgo, la ocurrencia de brotes infecciosos intrahospitalarios y la aparición de eventos adversos graves que puedan comprometer la salud pública”.

Entre otros puntos, se exige un registro digital en cada etapa (importación, producción y distribución) llegando hasta la administración efectiva del medicamento, vinculada al identificador clínico del paciente dentro del establecimiento hospitalario.

La norma crea también un Protocolo de Eventos Críticos de Salud, el cual se activa ante sospechas de contaminación o eventos adversos y obliga a notificar en simultáneo a Nación, Provincias y ANMAT dentro de las 24 horas.

Además se crea un Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud (SNATECS), de carácter obligatorio y digital, bajo la órbita de la ANMAT.

Este mecanismo permite dar aviso inmediato a nivel nacional y proceder al bloqueo preventivo de los lotes sospechosos en un máximo de 6 horas.

El proyecto incorpora un régimen sancionatorio especial para las faltas graves, como la falsedad u omisión de datos de trazabilidad o el incumplimiento de inmovilizaciones.

Las penas incluyen multas elevadas, suspensiones, clausuras definitivas y decomiso.

Su aplicación será federal, articulada mediante el Consejo Federal de Salud (COFESA), y con alcance a todas las jurisdicciones.

Contra el vandalismo rural

Este proyecto impulsado por el PRO y avalado por LLA, UCR, Provincias Unidas y bloques provinciales busca incorporar la figura del vandalismo rural al Código Penal, con el objetivo de imponer duras sanciones de hasta 8 años de cárcel por la intrusión en los campos y los ataques al sistema de producción agropecuaria.

La iniciativa que tiene como autor al diputado Martín Ardohain (PRO) establece que será reprimido con penas de prisión de un mes a un año quien ingrese a un establecimiento rural, un terreno o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo.

En tanto, "será reprimido con dos a ocho años y multas de hasta 12 veces el valor del daño quien destruya o dañe el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura del establecimiento agropecuario, o cereales u oleaginosas todavía no cosechadas, o que luego de recolectadas se conserven o guarden en parvas, gavillas, bolsas, silobolsas, tolvas u otros sitios o unidades de almacenamiento".