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Se trata de la causa por la que enfrentará juicio oral el empresario Lázaro Báez y sus hijos, entre otros, por haber lavado 60 millones de dólares.
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La Cámara Federal ordenó que la ex presidente Cristina Kirchner declare en indagatoria en la causa por la ruta del dinero K. Se trata del expediente por el que enfrentará un juicio oral el empresario Lázaro Báez y sus hijos, entre otros, por haber lavado 60 millones de dólares. En ese expediente, la ex jefa de Estado está imputada pero nunca fue llamada a declarar.
En una decisión dividida, los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens le dijeron al juez Casanello que indague a Cristina Kirchner a pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa. En disidencia votó el juez Leopoldo Bruglia por entender que la apelación del organismo no era admisible.
Casanello, hasta el momento, consideraba que faltaban pruebas, más allá de los pedidos del fiscal Guillermo Marijuan y los querellantes.
Esta es la cuarta vez que la Cámara Federal insta a Casanello a avanzar sobre Cristina Kirchner. La hipótesis de los acusadores es que el dinero que lavó Lázaro Báez, gracias a la obra pública que recibió para sus empresas, pertenecía de manera oculta al matrimonio Kirchner, a la luz de otras causas que se analizan en Comodoro Py.
La postura de Irurzun
En su voto, el juez Irurzun fue durísimo. Al hacer un repaso de la causa de asociación ilícita de la obra pública por la que Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López y Lázaro Báez, y repasar las pruebas de Los Sauces y Hotesur, advirtió: “De manera clara y sencilla, en todos los casos -marcados por grupos organizados para delinquir a través de defraudaciones al Estado, cohecho y lavado de activos- hay dos nombres que se repiten: Lázaro Báez y Cristina Fernández”.
De acuerdo a las pruebas recogidas en la opinión de Irurzun, “a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades una porción de ese dinero atravesó el camino inverso desde las cuentas de Austral Construcciones S.A. en favor de Néstor Kirchner y Cristina Fernández”. Y añadió que “esa modalidad de traspaso no permitió incluir una cantidad mayor sin llamar la atención porque la condición de funcionaria de Cristina Fernández obligaba a hacer declaraciones juradas públicas sobre sus bienes”.
Pero a eso hay que sumarle, dijo Irurzun, que la Cámara Federal ya dijo que “el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, violó los deberes que requería su actividad en pos de encubrir maniobras de la empresa de Báez e impedir o dificultar las investigaciones en su contra” y “era lógico asumir que aquello habría respondido a designios de su superior jerárquico máximo”.
“De todo este panorama se concluye que si según las investigaciones judiciales Lázaro Báez fue el encargado de brindar el entramado societario para captar los fondos públicos (causa ‘Vialidad Nacional’), de vehiculizarlos parcialmente a las manos privadas de quienes entonces eran funcionarios públicos (causas ‘Los Sauces’ y ‘Hotesur’) y también de sacar fondos del país para posteriormente reintroducirlos de manera de ocultar su origen (en esta causa, conocida como ‘la ruta del dinero’), se encuentra configurada la sospecha que señalan los acusadores acerca de la participación de Cristina Fernández en estos últimos hechos”.
También Llorens
Por su parte, Llorens adhirió a la opinión de Irurzun, diciendo que están dadas las condiciones de sospecha suficientes para indagar a Cristina Kirchner. Llamándola a declarar como imputada ‘no solo se verán beneficiados los acusadores, sino también la defensa, en tanto se le habilitarán todos los recursos que, como parte, le corresponden para ejercer su derecho en igualad de armas‘, dijo el magistrado en su voto.
“No se me escapa el contexto en el que se enmarcan los hechos aquí pesquisados, que involucran una gravísima imputación que encerraría la captación de fondos públicos a través de licitaciones amañadas, armadas para que el imputado Lázaro Báez obtuviera fondos del Estado Nacional destinados a obras públicas de imperioso caudal económico en la Provincia de Santa Cruz y que esos fondos, que aparecerían ficticiamente como de su propiedad, regresaran a quienes serían sus verdaderos propietarios (Néstor Kirchner y Cristina Fernández) a través de circuitos con apariencia lícita como ser la locación de complejos hoteleros o la expatriación de divisas que luego reingresaban al país mediante instrumentos financieros, sin que puedan descartarse algunas otras modalidades de simulación y ocultamiento de esas enormes sumas de dinero”, advirtió.