Eduardo Casal, procurador general de la Nación, firmó un dictamen favorable al amparo presentado por la procuradora adjunta de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, quien cuestionó la figura del fiscal “ad hoc” designado para acusarla en el proceso de enjuiciamiento que se le sigue
Goyeneche es la coordinadora de un equipo que recientemente consiguió la condena a ocho años de cárcel del ex gobernador Sergio Urribarri. Pero a la vez, es la acusada de en un juicio político que está en pleno desarrollo, por el cual está suspendida en sus funciones y podría ser removida.
El fiscal ad hoc Gastón Justet solicitó la remoción de la suspendida procuradora adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, sometida a un Jury por presunto Mal desempeño, incumplimiento de los deberes de funcionario público y graves desórdenes a la conducta.
Según el acusador, se pudo probar “la comunidad de intereses de la acusada” con el imputado en una causa en la que se cuestiona contratos legislativos, y que existía un vínculo comercial entre la pareja de la fiscal y el imputado en ese caso.
Goyeneche denuncia, en cambio, que la persiguen no tanto por la investigación contra Urribarri, sino por otro escandaloso caso que, según ella, constituye “la mayor causa de corrupción de la historia de la provincia”. Y llegó a la Corte Suprema a través de un recurso de queja contra la determinación del Jurado de Enjuiciamiento de apartar al Ministerio Público Fiscal de su rol de acusador en el proceso y disponer su reemplazo por un fiscal ad-hoc.
En primera instancia, la jueza Elena Albornoz decretó, precisamente, la “ilegitimidad” de la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de separar al Ministerio Público Fiscal de su rol de acusador y dispuso que se devolviera esa función al Procurador General, como lo establece la ley que regula el procedimiento.
Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revocó esa decisión, declaró inadmisible la vía del amparo, rechazó la presentación efectuada por Goyeneche y luego también le denegó el recurso extraordinario federal, por lo que la procuradora adjunta recurrió en queja ante la Corte Suprema.
Antes de expedirse, el máximo tribunal corrió vista al procurador para que se pronuncie. Y este lunes, Eduardo Casal recomendó a la Corte admitir el recurso de la fiscal y, sobre la cuestión de fondo, sostuvo que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) invalidó la sentencia de la jueza Elena Albornoz sin “fundamento normativo”.
Según el procurador de la Corte, “el tribunal apelado fundó su decisión en afirmaciones dogmáticas y con notoria ausencia de fundamentación normativa y fáctica, con grave afectación del derecho de defensa en juicio de la recurrente, lo que conduce a su descalificación como acto jurisdiccional válido en el marco de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias”. Por lo cual aconsejó a la Corte que ordene devolver el expediente al Superior Tribunal entrerriano, para que dicte una nueva sentencia “conforme a derecho”.