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La causa por la fuga de dólares en el ‘corralito‘ de 2001, en la que el banquero Carlos Alberto Rohm estaba procesado por ‘administración fraudulenta‘, fue declarada ‘prescripta‘ por el paso del tiempo.
El Banco Central apeló la decisión impulsada por la Cámara Federal de Casación Penal, que virtualmente cerró la posibilidad de llevar a juicio a Rohm por los episodios de aquellos agitados días de fines de 2001 y principios de 2002.
Rohm, quien estuvo preso hasta setiembre de 2004, estaba acusado por ‘defraudación por administración fraudulenta, en carácter de coautor‘. Al frente del ex Banco General de Negocios, Rohm estaba acusado de haber incurrido en la ‘captación clandestina, desvío al exterior y apropiación de fondos; desvío de depósitos de ahorristas; asistencia irregular a empresas vinculadas; apropiación de títulos valores y acciones del ex Banco Comercial del Uruguay‘.
El Tribunal Oral Federal número tres había rechazado la prescripción, pero la Casación, con las firmas de los jueces Mariano Borinsky, Ana María Figueroa y Gustavo Hornos consideraron que esos hechos estaban prescriptos. Rohm fue citado a indagatoria el 25 de enero de 2002, cuando la Argentina estaba en una situación crítica por la confiscación de dólares en el sistema bancario, pero la causa fue convocada a juicio el 7 de agosto de 2014, es decir 12 años después de los hechos.
Entre el momento en que el expediente pasó a la etapa de juicio oral, el 13 de noviembre de 2006, y el llamado efectivo de las partes a juicio, pasaron ocho años, es decir dos más del máximo de la pena para la ‘administración fraudulenta‘, que es de seis años de cárcel. Así, uno de los episodios más graves de la historia económica argentina de las últimas décadas quedó impune, aunque aún persiste en el marco de la investigación una acusación por ‘asociación ilícita‘ contra Rohm y otros imputados.
En el expediente principal ‘ha quedado acreditado que dentro del Banco General de Negocios -y contra los propios intereses de esa persona jurídica- se desplegó una operatoria financiera paralela que tenía como objetivo captar fondos de ahorristas para ser depositados en una plaza financiera extranjera, siendo receptoras sociedades vinculadas a los accionistas de la entidad bancaria‘. Así, se acreditaban los depósitos efectuados en Buenos Aires, en la sede del BGN, ‘a favor de la Compañía General de Negocios SAIFE o SA, con asiento registral en del Uruguay y en las Islas Vírgenes Británicas, respectivamente‘.
El recupero del dinero ‘se tornó, al menos y aún hoy, incierto, derivándose de ello la infidelidad con que se administraron los fondos confiados‘, sostuvo el procesamiento que pesó hasta ahora sobre Rohm.
En la causa también estuvo imputado un hermano de Carlos Rohm, José ‘Puchi‘ Rohm, quien murió en abril de 2014, a los 69 años. La causa fue impulsada en su momento por las diputadas Elisa Carrió y Graciela Ocaña, quienes denunciaron que el BGN fue el banco que más dinero de la corrupción lavó en la Argentina durante los años ’90.