Sain reclamó que lo dejen afuera de la causa por espionaje ilegal

El ex ministro de Seguridad Marcelo Sain realizó una presentación en los tribunales santafesinos donde pide que se declare la "excepción de falta de acción por inexistencia de delito", en la investigación penal sobre presunto espionaje ilegal a dirigentes políticos, periodistas y empresarios.

"Hoy planteamos la falta de acción penal por atipicidad en la causa "espionaje", basada en un conjunto de mentiras que plasmaron en los titulares de la prensa santafesina" para tapar otros delitos, argumentó el ex funcionario.

Según Sain, "no hay un solo registro que me vincule a mí o a mi equipo con las búsquedas de información. No tenía clave asignada personalmente en ningún buscados (tampoco la tenían mis colaboradores imputados) (…)

La causa

La imputación contra Sain y otros siete involucrados fue por tomar parte en una asociación ilícita, de carácter permanente, estable y organizada, conformada por funcionarios públicos pertenecientes al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe y el Organismo de Investigaciones, con el objeto de cometer diversos delitos contra la administración pública y personas humanas y jurídicas. Lo que incluye recabar información para su uso indebido de distintos dirigentes políticos, gremiales, judiciales y periodistas, incluyendo al CEO de El Litoral.

Según la imputación, la asociación estuvo integrada, al menos, por: Marcelo Sain (Ministro de Seguridad y Director del Organismo de Investigaciones), Esteban Germán Montenegro (Secretario de Seguridad Pública), Nadia Schujman (Asistente Técnica Nivel I del Ministerio de Seguridad con funciones en la Secretaría de Control Institucional), Diego Alfredo Rodríguez (Subsecretario de Control Institucional), Pablo Álvarez (Subsecretario de Investigación Criminal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública), Débora Cotichini (Jefa de Departamento de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigaciones), Milagros Bernard (Contratada por la Subsecretaría de Control Institucional del Ministerio de Seguridad) y María Agustina Moulins (Contratada por el Ministerio de Seguridad dentro de la órbita de la Secretaría de Seguridad Pública, Subsecretaría de Investigación Criminal).

El documento establece que dicha organización delictiva funcionó al menos desde el 30 de diciembre de 2019 hasta el 26 de noviembre de 2021. Y que poseía estructura piramidal y era encabezada por Marcelo Sain -en carácter de Jefe-, seguido por Nadia Schujman -en carácter de organizadora en el Ministerio de Seguridad- y Débora Cotichini -como organizadora en el OI-. En el marco de dicha asociación ilícita, el jefe y las organizadoras "diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo, un sistema destinado a cometer y permitir la comisión de delitos, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados".

La imputación consigna que las actividades delictivas desarrolladas al interior de la organización por parte de los imputados incluyeron la coordinación, articulación, circulación y alianza entre funcionarios pertenecientes al Poder Ejecutivo provincial (Ministerio de Seguridad) y al Poder Judicial (Organismo de Investigaciones). Esta coordinación, articulación, circulación y alianza fue posibilitada y gestionada por funcionarios de rangos superiores y medios de ambas esferas estatales los cuales, no sólo en virtud de sus posiciones jerárquicas sino también en base a sus trayectorias laborales y relaciones de confianza y amistad, lograron consolidar y aceitar las relaciones, vínculos e intercambios entre grupos e individuos de menor jerarquía pertenecientes a las áreas estatales antes mencionadas.

Incluso a través de sus abogados, Sain intentó sustraer el expediente de la jurisdicción provincial y llevarlo al fuero federal, a través de un recurso que fue rechazado.

Lo que pretende Sain

"No se utilizó la información recabada para otro fin que no sea la prevención del delito, y la cooperación con el MPA para su persecución. La información de los "espiados" que se "filtró" a la prensa, salió de la propia Fiscalía que nos investiga. No de nosotros", añadió el también ex titular de la Agencia de Investigaciones.

Sain había sido denunciado por Víctor Moloeznik, director del O.I. del M.P.A. en la gestión de Miguel Lifschitz, al revelar "hechos y circunstancias que podrían configurar irregularidades administrativas e ilícitos penales". Eso refería a las supuestas escuchas ilegales y seguimiento ilegal de inteligencia a varias personas, incluidas dirigentes del peronismo santafesino.

Inexistencia

En el escrito de 58 páginas presentado ante la Justicia, el abogado de Sain, Hernán Martínez, argumenta que la investigación arrancó mal y que no cabe el término "espionaje ilegal" porque eso solo refiere a situaciones que incumben a organismos de inteligencia criminal de Nación. "Es indudable que hay razones políticas que exceden este planteo, pero es ostensible que es tan irracional la imputación como la campaña mediática y política que ha rodeado esta causa", despreció Martínez.

"No se recabó una sola carpeta de las mencionadas por los denunciantes. ¿Cuando van a mostrar los "carpetazos" de Sain? No se acreditó la destrucción de ningún documento oficial", chicaneó el ex ministro a través de sus redes sociales. Y concluyó en que "lo que hizo la fiscalia fue recabar testimonios de empleados y funcionarios enemistados políticamente conmigo y con mi equipo para "inventar" una causa y continuar con una impunidad que cada día le duele más a la Provincia "invencible" de Santa Fe".

En esa misma línea argumentativa, el escrito presentado por Martínez establece que "si la acción penal nace de hechos que deben configurar un delito según el artículo 18 de la Constitución de la Nación, se carece de acción para promover un proceso en ese sentido".

De la misma manera, cuestiona el allanamiento sin orden judicial que los fiscales llevaron a cabo el 26 de noviembre de 2021 sobre las oficinas del Ministerio en Rosario, en la sede local de Gobernación.

"La situación fue lisa y llanamente un allanamiento sin orden judicial. Los funcionarios intervinientes no se limitaron a 'solicitar informes' ni a secuestrar efectos del Estado, sino que procedieron a coaccionar a todos los presentes a fin de que entreguen sus teléfonos celulares particulares, abran sus bolsos, mochilas, y demás elementos privados; y hagan entrega de cuanto elemento les fuera requerido, bajo una amenazante actitud", recordó el letrado.

La causa tiene bajo imputación vigente a Sain como jefe de esa supuesta asociación ilícita, y a miembros de su equipo como la abogada de derechos humanos y ex directora de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman, Débora Cotichini (del O.I.), el ex secretario de Seguridad Pública Germán Montenegro, Diego Rodríguez, Milagros Bernanrd y Pablo Álvarez, todos colaboradores del ex ministro en aquel entonces.