Finalmente, los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez concedieron a las partes que intervienen en la denominada "causa Sain", la posibilidad de acceder a las actuaciones. Así se lo notificaron este miércoles tanto a los abogados defensores de los presuntos imputados, como al querellante. En este último rol se encuentra el propio estado santafesino, después de que el gobernador Omar Perotti le ordenara al Fiscal de Estado, Rubén Weder, solicitar ser incorporado como tal.
Ya el 10 de febrero, el juez Jorge Patrizi había hecho lugar a un planteo de Hernán Martínez (h), defensor de Sain, por el que solicitaba acceder al expediente. Pero la decisión del magistrado fue apelada por los fiscales. A exactamente un mes de la resolución de Patrizi y aun cuando la apelación no fue resuelta, los fiscales decidieron levantar la reserva. Ante la consulta de El Litoral, las defensas interpretaron que ello fue así porque todos los plazos procesales ya se encontraban vencidos. Ante la misma consulta, desde la fiscalía se explicó que ya se encuentran "en condiciones de imputar", por lo que la defensa necesita conocer las evidencias
La nota de los fiscales habilita el "acceso a las constancias de la Investigación Penal Preparatoria (IPP)", y estipula el mecanismo de acceso a la documentación. Ello, "atento a la sensibilidad de la información recabada, y tendiendo a preservar otras investigaciones penales y procurando evitar cualquier posible afectación a la protección de datos personales de miles de personas". La cifra "miles" aludiría a los hombres y mujeres presuntamente "espiados" o a los eventuales "perfilamientos" realizados durante la gestión de Sain. A partir de esta decisión, las partes podrán acceder a las constancias de la IPP, y estarán autorizadas a "extraer copias de las constancias de la actividad desplegada por la Fiscalía", incluyendo las declaraciones testimoniales, oficios, presentaciones judiciales; y "la documental secuestrada que no contenga datos personales de terceras personas". También podrán solicitar "una copia de la información contenida en sus respectivos dispositivos de comunicación y almacenamiento".
En otro orden, y según pudo saber El Litoral, Jiménez y Hernández solicitarían una transcripción textual de la exposición que realizara semanas atrás el Fiscal de Estado, Rubén Weder, en la Cámara de Diputados. La convocatoria había surgido a instancias del justicialista Luis Rubeo, quien solicitó invitar al funcionario para que revelara los resultados o avances de la investigación administrativa que Omar Perotti le ordenara realizar sobre el Ministerio de Seguridad. Ese encuentro se realizó a puertas cerradas y sin prensa. Por los testimonios periodísticos posteriores, Weder sostuvo que – al menos hasta aquí- no se habían hallado evidencias de situaciones delictivas o irregulares. Si se interpreta que la figura del querellante conlleva una pretensión punitiva, y si el propio Fiscal aduce que no halló delito en su investigación sumaria, los fiscales podrían plantear que la provincia debería desistir, entonces, de seguir participando en el proceso como querellante. Mientras tanto, se sigue aguardando una definición respecto de cuándo se realizarían las correspondientes audiencias imputativas. Las fechas podrían fijarse en lo que queda de esta semana.